Los países sudamericanos esperan, a partir de septiembre de 2023, los efectos del fenómeno de El Niño Oscilación del Sur, también conocido como El Niño Global —que afecta las costas de Sudamérica hasta el Pacífico Central—, con un impacto diferenciado.
Perú, desde marzo, ha estado lidiando con El Niño Costero —el fenómeno que también afecta a Ecuador—. Hasta el momento, la pesquería, el sector más impactado, ha tenido pérdidas de alrededor de 1.000 millones de dólares por la falta de apertura de la primera temporada de pesca de anchoveta.
Para Ecuador, este año se calcula un impacto semejante al de 1997, cuando las pérdidas se calcularon en 3.000 millones de dólares, aunque la situación está agravada por factores políticos, como la dificultad en la aprobación de normas, tras la ‘muerte cruzada’ invocada por el presidente Guillermo Lasso.
Daños por El Niño Global (1997)
Gráfica: Monto de los daños de El Niño de 1997 en los países andinos. Fuente: ONU/EIRD.
En Colombia, la sequía puede afectar la producción de energía hidráulica, lo que llevaría a recurrir a otro tipo de combustibles, con un posible aumento en la tarifa para los usuarios finales. Se espera que las empresas comercializadoras de servicios de energía eléctrica recurran a estrategias contractuales para soportar el estrés financiero que se avecina.
Este contexto impulsará el aumento de las tasas de interés del financiamiento para los sectores afectados. Por recomendación de los especialistas entrevistados, los Estados deberían reforzar normas y programas de financiamiento para empresas bajo estrés de caja.
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Perú: entre la falta de ejecución y el posible aumento de tasas de interés
El gobierno peruano ha dispuesto una serie de medidas para prevenir los impactos del fenómeno de El Niño a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (los D.U. 030-2023 y D.U. 031-2023).
El ministro de Economía, Álex Contreras, ha comunicado que la inversión del Gobierno para prevenir la catástrofe supera los 1.000 millones de dólares. Sin embargo, esa inversión contempla medidas destinadas a la prevención y la respuesta, ninguna de ellas atiende el aspecto financiero o tributario del suceso.
De acuerdo con José Cúneo, socio de la firma Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados y especialista en derecho financiero, ante el mayor riesgo asociado en los sectores afectados no se espera una reducción de las tasas de interés, sino que lo más probable es que se incrementen.
En este contexto, explica el abogado, muchos de los contratos de financiamiento de mediano plazo celebrados con empresas agrícolas, agroindustriales y pesqueras cuentan con las denominadas ‘cláusulas de El Niño’, que permiten diferir pagos y flexibilizar los ratios financieros acordados inicialmente.
Pero para las empresas medianas y pequeñas, José Cúneo señala la importancia de que el Ministerio de Economía y Finanzas, en colaboración con los otros ministerios, estructure un programa de alivio financiero, “ya sea canalizando fondos a través del sistema financiero (similar a Reactiva Perú) o brindando la garantía del Estado para permitir el financiamiento o la reprogramación de las obligaciones”, indica.
Si bien hay Decretos de Urgencia (D.U. 023-2023, D.U. 029-2023, D.U. Nº 011-2022), publicados recientemente, destinados a impulsar el otorgamiento de créditos y a reprogramar obligaciones de las empresas, estos no responden a las particularidades del fenómeno de El Niño, refiere Cúneo.
“Es necesario que el Estado, junto con el sector financiero, estructure mecanismos de asistencia para las pequeñas y medianas empresas que no suelen tener acceso a las cláusulas de El Niño”, comenta.
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En las regiones del norte del Perú, las más afectadas por El Niño Costero en 2017, se dejó de gastar el 25 % de los fondos recibidos, de acuerdo con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
La falta de ejecución de presupuesto en el Perú es uno de los mayores desafíos al buscar planes de contingencia frente a este fenómeno climatológico, en opinión del economista e investigador de REDES Gustavo Meza.
Tanto Meza como Karen Ángeles, consejera de Payet y especialista en derecho regulatorio, coinciden en que una solución frente a esa falta de ejecución puede ser echar a andar el mecanismo de obras públicas ‘por impuestos’ (obras por impuestos), una modalidad de construcción en la que las empresas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar proyectos de inversión pública priorizados por las entidades públicas.
“El procedimiento de obras por impuestos, desde el proceso de selección y su ejecución, es corto, a diferencia de una obra pública tradicional. Frente al fenómeno de El Niño es una respuesta rápida y eficiente porque genera sinergias entre el sector privado y público, en la que ambos cumplen un rol de socios estratégicos para responder a las necesidades sociales del país”, comenta Ángeles.
Mientras que el Banco Central de Reserva (BCR) ha señalado que el impacto por El Niño Global será de alrededor del 0,6 % del PBI, la falta de medidas, según Ipsos, ha motivado a un 42 % de directores de empresas a desarrollar sus propias medidas para contrarrestar las afectaciones del fenómeno.
Este martes el primer ministro, Alberto Otárola, se presentó ante la Comisión de Constitución del Congreso para solicitar facultades para legislar en materia de gestión de riesgo de desastres por El Niño Global, además de otros temas como seguridad ciudadana y gestión de proyectos. Quizá el panorama esté por cambiar.
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Ecuador: La convulsión política y El Niño
Ecuador obtuvo un préstamo de 500 millones de dólares por parte del BID para la prevención del fenómeno de El Niño, así como para proyectos de inversión social. Sin embargo, la particular situación tras la ‘muerte cruzada’ —con la que el presidente Lasso convocó a elecciones y disolvió el Congreso— ha dejado un estrecho margen para las nuevas normas relacionadas al evento climático, que impactará principalmente a los sectores pecuario, agrícola y de infraestructura pública.
Hace poco, por ejemplo, la Corte Constitucional de Ecuador emitió un Dictamen desfavorable respecto del Proyecto de Decreto - Ley de Reestructuración Empresarial, enmarcado en el fenómeno de El Niño, por considerar que no cumplía con el requisito de contar con un carácter económico urgente, por no vincularse de manera directa con las razones de su necesidad y por considerar que sería violatoria de derechos laborales.
Pablo Crespo, asociado de la firma local Robalino, explica que debido a que no hay un órgano legislativo el Gobierno echará a andar el recurso de Decretos-Leyes, pero estos deberán contar con la aprobación de la Corte Constitucional.
"Cualquier norma de esta clase expedida por la Presidencia del Ecuador estará subordinada a una validación preliminar por parte de la Corte”.
El pasado 20 de agosto se llevaron a cabo las elecciones generales, marcadas por la violencia. Su punto más crítico fue 10 días antes de la votación, con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio.
El 15 de octubre se realizará la segunda vuelta, en esta participarán la correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa. De acuerdo con el cronograma electoral, se espera que los nuevos asambleístas sean acreditados en octubre y el nuevo presidente asuma en noviembre.
“Es probable que el Gobierno deba centrarse en la habilitación de políticas públicas como herramienta que reemplace o mitigue las dificultades de emitir mecanismos normativos”, señala Crespo.
Si bien hasta la fecha no ha habido anuncios sobre medidas en el sector financiero privado en favor de clientes de bancos y tarjetahabientes, se ha anunciado la posibilidad de que 200 millones de dólares del presupuesto del Estado sean financiados por la banca privada, a través de la compra de bonos, para afrontar el impacto de El Niño.
“El país también está solicitando una ampliación del cupo vigente aprobado en su favor por los multilaterales. Con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ecuador podría acceder a una Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública (CCF)”, indica el abogado de Robalino.
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Colombia: estrategias frente al aumento del costo de la energía
En Colombia se prevén sequías. Estas, a su vez, tendrán efectos adversos para las hidroeléctricas. Según el Ministerio de Minas y Energía, el 70 % de la energía en el país es hidráulica y un 30 % restante térmica.
La sequía implica un aumento en el precio de la electricidad que ofertan los generadores hidráulicos en la bolsa energética. Esto, como detalla Johanna Cajigas, directora de la a práctica de Oil & Gas de la firma DLA Piper Martínez Beltrán, llevará a la generación de electricidad de fuentes más costosas, como la térmica a gas, a carbón o a base de combustibles líquidos. El resultado será un aumento en las tarifas de energía de los usuarios finales.
¿Cómo mitigarlo? De acuerdo con Lucas Arboleda, socio de energía y recursos naturales, también de DLA Piper Martínez Beltrán, esto podría ser posible bajo la figura de PPA:
“El riesgo asociado al aumento del precio de la energía eléctrica en bolsa se podría mitigar a través de la contratación de electricidad a largo plazo, bajo contratos bilaterales (PPA) entre vendedores de electricidad y agentes comercializadores”, refiere Arboleda.
La energía suministrada bajo esta modalidad normalmente se pacta bajo un precio estable que no depende de la variabilidad de la bolsa de energía, explica Arboleda, por lo que los aumentos del precio de la electricidad no impactarían en la energía adquirida por los comercializadores a través de estos instrumentos.
Sin embargo, Cajigas señala que el nivel de contratación de los comercializadores a través de acuerdos bilaterales varía entre el 70 % y el 90 %, mientras que el resto de la energía es comprada a través de la bolsa de electricidad. Como consecuencia, “se tendrá un aumento en el riesgo de cartera de agentes comercializadores, así como un incremento en los saldos por cobrar que estas empresas acumulan por el no traslado a los usuarios finales de la totalidad de la tarifa de electricidad”.
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Este entorno puede generar estrés financiero a las prestadoras de servicios de energía eléctrica, sometidas al precio spot de electricidad.
“Puede ser insostenible, lo que a su vez puede llevar a estos agentes a un riesgo de insolvencia, con lo que esto puede implicar para la cadena de la prestación del servicio de energía y para el sistema eléctrico colombiano”, agrega la abogada de DLA Piper Martínez Beltrán.
Otro punto importante, menciona Camila del Villar, socia de la práctica ambiental, es el ámbito social y ambiental, precisamente, en el que las empresas adoptan medidas dirigidas a mitigar y prevenir eventos climáticos. Estas iniciativas se han convertido en herramientas esenciales tanto para proteger sus operaciones de riesgos asociados a estos fenómenos, como el entorno en el que operan y sus stakeholders.
Recomendaciones para los negocios
Vanessa Chávarry, socia de Payet y especialista en medio ambiente, considera que los planes de contingencia de las empresas deben incluir acciones frente a emergencias climáticas. Cree que es una buena práctica la construcción de edificaciones e infraestructura más segura y sostenible y desarrollar protocolos de actuación para situaciones de emergencia climática y proyectos destinados a la reforestación de bosques o restauración de ecosistemas dañados.
Como medida ante el posible impacto del fenómeno climático, Pablo Crespo, de Robalino, recomienda que las compañías tengan en cuenta la posibilidad de contratar pólizas para asegurar sus bienes, contratos y créditos.
“Frente a obligaciones monetarias que se prevea que no puedan ser cumplidas o sean cumplidas parcialmente, en el mediano y corto plazo se recomienda adelantar negociaciones con la contraparte para suscribir acuerdos de pago, con miras a las variables que puedan surgir, a fin de evitar litigios. También será recomendable la creación de fondos especiales destinados a cubrir estos montos”, añade.
Para Olga Lucía Ramírez, socia de infraestructura en DLA Piper Martínez Beltrán, considerando la jurisdicción colombiana, es fundamental que las empresas implementen estrategias contractuales, legales y comerciales para mejorar la gestión del cobro de la cartera asociada a la prestación del servicio público domiciliario.
“El aumento de la demanda de electricidad o de los precios por el suministro puede aumentar el impago de facturas, generando una posible situación de estrés en la liquidez de estos agentes”.
Otras medidas recomendadas por los entrevistados son, para los Estados, el despliegue de facilidades tributarias, considerando las zonas y sectores más afectados, y para las organizaciones, transparencia en sus procesos:
"La transparencia frente a retos financieros o logísticos que puedan surgir creará un clima de confianza entre los colaboradores, proveedores, clientes y demás partes que interactúen con la compañía", menciona Crespo.
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