Jonathan Kellner

Shearman & Sterling incorporó a sus filas a Jonathan Kellner, quien vuelve al bufete como consejero en la oficina de la oficina de Sao Paulo, luego de ejercer el mismo rol en Linklaters durante tres años. Kellner es especialista en mercados de capitales, fusiones y adquisiciones, fondos de capital privado y financiación bancaria.

Tiene experiencia con clientes de los Estados Unidos e instituciones financieras brasileñas y trabajó en Shearman & Sterling durante el periodo 2003-2010. Kellner se incorporará a la oficina de São Paulo, para reforzar las operaciones de la firma en América Latina.

Sobre su regreso al bufete, Kellner aseguró que su amplia experiencia corporativa –que incluye la autoría de artículos sobre fusiones y adquisiciones- ayudará a ampliar el radio de acción de la firma en Brasil.

Demarest Advogados anunció que se fusionará con JBO Advocacia, firma especializada en el área de seguros con base en Sao Paulo. El movimiento, que se hace efectivo a partir del 1 de septiembre, se produce luego de la partida de cuatro socios especializados en el área, quienes formaron su propia boutique hace menos de cuatro meses.

El departamento será liderado por Marcia Cicarelli Barbosa de Oliveira, quien cuenta con más de 18 años de experiencia en el área. Por otro lado, como resultado de la fusión, la firma estrechará lazos con DAC Beachcroft (JBO Advocacia mantenía un acuerdo con esta firma), líder del mercado internacional de seguros y reaseguros.

Ferrere asesoró a Luncheon Tickets S.A. (Edenred) en la obtención de la autorización para operar como Institución Emisora de Dinero Electrónico para alimentación. Otra empresa del ramo, Sodexo, también fue autorizado.

La preparación para esta solicitud se inició en noviembre del pasado año, luego de que el gobierno uruguayo promulgara la Ley de Inclusión Financiera y Pagos Electrónicos en mayo 2014, para incluir nuevos participantes en el sistema de pago y en el que se exigió que el beneficio de alimentación se hiciera con instrumentos electrónicos y no físicos.

El proceso de obtención de la autorización implicó por parte de Luncheon Tickets S.A. adaptar sus procesos, tecnología y contratos además de modificar sus estatutos y crear nuevos manuales y procedimientos de operación.

Endenred y Sodexo SVC Uruguay S.A. fueron autorizados por el Banco Central de Uruguay –BCU- para operar como emisoras de dinero electrónico, lo que implica que ambas deben abandonar el formato de papel y adoptar una tarjeta de débito. Edenred tiene los productos Ticket Alimentación y Ticket Restaurant y Sodexo Canasta Pass y Almuerzo Pass. Con este cambio las dos empresas obtendrán una reducción de tres puntos en el IVA.

La aplicación de esta medida será gradual, entre el próximo primero de octubre y 31 de junio de 2016. Durante este tiempo, el empleador y el empleado deben acordar un banco o un emisor de dinero electrónico para hacer el pago correspondiente por estos conceptos. Se informó que las cuentas bancarias que servirán para el pago del salario y dinero electrónico no tendrán costos de apertura o mantenimiento ni saldos mínimos.

Edenred y Sodexo estuvieron involucrados en las discusiones del reglamento y aplicación de la Ley de Inclusión Financiera y Pagos Electrónicos.

Petrobras negó que estuviera negociando un acuerdo con las autoridades estadounidenses para cerrar una serie de investigaciones civiles y criminales por potenciales violaciones de leyes anti-corrupción en los Estados Unidos.

En noviembre de 2014, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) envió una citación a Petrobras, en la cual solicitó información sobre las investigaciones por corrupción que han involucrado a altos cargos ejecutivos de la empresa, importantes contratistas privados y políticos influyentes de Brasil.

Por otro lado y de acuerdo con información citada por Reuters, el Departamento de Justicia de los EE. UU., también está investigando a la compañía.

Las firmas Gibson, Dunn & Crutcher LLP y Trench, Rossi e Watanabe están asesorando a Petrobras en la investigación de la SEC. Estos despachos ya habían sido contratados por la estatal petrolera para dirigir una investigación interna sobre los señalamientos.

Dicha investigación está liderada por Ellen Gracie Northfleet, ex-presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, y Andreas Pohlmann, ex-jefe de cumplimiento normativo de Siemens entre 2007 y 2010.

Las autoridades estadounidenses tienen potestad para investigar a Petrobras porque la empresa transa con acciones en el mercado de valores de Estados Unidos. Las investigaciones de las autoridades estadounidenses estarían en una etapa preliminar, de acuerdo con Reuters.

Fuentes citadas por la publicación y con conocimiento de la posición de Petrobras en el caso, indicaron que es bastante probable que las autoridades estadounidenses imputen a altos cargos de la estatal brasileña por violación de la Ley estadounidense de Prácticas Corruptas por Entidades Extranjeras (FCPA, por sus siglas en inglés) y de las normas del mercado de valores.

De comprobarse estas irregularidades, Petrobras podría  pagar una sanción que puede ser igual o mayor a USD 1.600 millones, de acuerdo con una fuente anónima citada por Reuters.

Petrobras negó que estuviera negociando un acuerdo con las autoridades estadounidenses para cerrar una serie de investigaciones civiles y criminales por potenciales violaciones de leyes anti-corrupción en los Estados Unidos.

En noviembre de 2014, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) envió una citación a Petrobras, en la cual solicitó información sobre las investigaciones por corrupción que han involucrado a altos cargos ejecutivos de la empresa, importantes contratistas privados y políticos influyentes de Brasil.

Por otro lado y de acuerdo con información citada por Reuters, el Departamento de Justicia de los EE. UU., también está investigando a la compañía.

Las firmas Gibson, Dunn & Crutcher LLP y Trench, Rossi e Watanabe están asesorando a Petrobras en la investigación de la SEC. Estos despachos ya habían sido contratados por la estatal petrolera para dirigir una investigación interna sobre los señalamientos.

Dicha investigación está liderada por Ellen Gracie Northfleet, ex-presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, y Andreas Pohlmann, ex-jefe de cumplimiento normativo de Siemens entre 2007 y 2010.

Las autoridades estadounidenses tienen potestad para investigar a Petrobras porque la empresa transa con acciones en el mercado de valores de Estados Unidos. Las investigaciones de las autoridades estadounidenses estarían en una etapa preliminar, de acuerdo con Reuters.

Fuentes citadas por la publicación y con conocimiento de la posición de Petrobras en el caso, indicaron que es bastante probable que las autoridades estadounidenses imputen a altos cargos de la estatal brasileña por violación de la Ley estadounidense de Prácticas Corruptas por Entidades Extranjeras (FCPA, por sus siglas en inglés) y de las normas del mercado de valores.

De comprobarse estas irregularidades, Petrobras podría  pagar una sanción que puede ser igual o mayor a USD 1.600 millones, de acuerdo con una fuente anónima citada por Reuters.

La empresa de telecomunicaciones francesa fue asesorada por Batalla Abogados y fue condenada a pagar 10 millones de dólares en indemnización al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por un caso de corrupción que data del año 2004.

El caso ICE- Alcatel surgió a raíz del pago de sobornos a políticos y funcionarios públicos, por parte de Alcatel-Lucent, para obtener un contrato de 400.000 líneas telefónicas.  En el caso estuvieron involucrados directivos de alto nivel de la empresa de telecomunicaciones, además del ex- presidente de Costa Rica durante el periodo 1998 - 2002, Miguel Ángel Rodríguez.

Rodríguez fue condenado a cinco años de prisión por este caso en 2011, pero su defensa introdujo una apelación en 2012 y la decisión fue anulada a finales de 2014. El caso continúa abierto, ya que la Corte Suprema de Costa Rica ordenó revisar la condena de Rodríguez y emitir un nuevo dictamen.

Germán Calderón, del departamento jurídico del ICE, indicó que "el convenio entre la trasnacional de las telecomunicaciones y el ICE es un hito histórico. Ninguna causa judicial en que el Estado costarricense haya denunciado un supuesto perjuicio a su patrimonio había alcanzado un resarcimiento de esta magnitud".