Jorge Miranda Benavides

La firma peruana anunció la incorporación de dos nuevos socios. Se trata de Jorge Miranda Benavides, experto en derecho corporativo, mercado de valores y banca y finanzas; y Carlos Enrique Arata Delgado, especialista en fondos de inversión, financiamiento de proyectos, mercados de capital y fusiones y adquisiciones.

El bufete estuvo involucrado recientemente en la primera emisión de American Depositary Receipts (ADRs) de un emisor nacional. La incorporación de Miranda Benavides y Arata Delgado constituye entonces un refuerzo en vista del crecimiento de las prácticas financiera y de derecho corporativo de la firma.

Carlos Enrique Arata Delgado

Miranda Benavides se desempeñará como socio jefe del departamento financiero y tendrá a su cargo financiamientos corporativos, fusiones y adquisiciones, operaciones bancarias y del mercado de valores y temas de regulación bancaria, entre otros. Anteriormente, Miranda trabajó en Interbank donde por más de tres años asesoró en la estructuración y ejecución de proyectos de inversión.

Entretanto, Arata Delgado se desempeñará como socio del área corporativa y asistirá en financiamientos corporativos y de proyectos y temas relacionados con el mercado de capitales. Anteriormente, trabajó como asociado en las oficinas de Clifford Chance LLP y de DLA Piper en Nueva York.

El Tribunal Federal de Nueva York ha ratificado la decisión de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), según la cual ConocoPhillips tiene derecho a adquirir una participación del 50% en la unidad de coquización retardada de la refinería Sweeney, propiedad de la estatal venezolana PDVSA, debido a que la empresa violó los acuerdos de suministro e inversión.

La unidad, con capacidad para producir 70.000 barriles diarios, pertenecía originalmente a Merey Sweeney LP, una sociedad conjunta entre PDVSA y Phillips. Cuando Venezuela dejó de suministrar la cantidad de crudo acordada, ConocoPhillips anunció que ejercería su derecho de comprar la parte que le correspondía a su socio en el negocio. Venezuela tiene hasta finales de septiembre de este año para apelar la decisión ante el Tribunal Federal.

En abril de 2014, luego de cuatro años de arbitraje, la Corte Internacional de Arbitraje del CCI decidió que Phillips tenía derecho a adquuirir la participación de PDVSA en la refinería, ya que la empresa venezolana había violado los acuerdos de suministro e inversión.

Tras perder el caso ante el CCI, el Estado venezolano llevó el asunto al Tribunal Federal de Nueva York para tratar de impedir la aplicación del laudo arbitral, aduciendo que la decisión era desmedida y que iba en contra de las "políticas públicas" de Venezuela.

Por otro lado, en 2007, ConocoPhillips presentó una demanda de arbitraje contra Venezuela ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI), por la expropiación de los activos de la compañía en Venezuela, incluidos dos proyectos en la Faja del Orinoco.

Sobre ese caso, el CIADI falló a favor de ConocoPhillips y declaró a Venezuela responsable de expropiar los bienes sin hacer la compensación económica correspondiente. Por su parte, Venezuela presentó una demanda de arbitraje por daños y perjuicios por inversiones no realizadas por la empresa americana, a lo que ConocoPhillips respondió que había invertido más de USD 4.5 mil millones. Entretanto, ConocoPhillips presentó una reclamación contractual por las pérdidas de las expropiaciones ante la Corte Penal Internacional.

Durante lo que resta de septiembre y parte de octubre los guatemaltecos verán una campaña política intensa, llevada a cabo por los candidatos presidenciales de la nación centroamericana: el exactor Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza. Ambos son contrincantes para ganar la primera magistratura del país, vacante desde que el expresidente Otto Pérez Molina renunciara a su cargo y fuera puesto en prisión por incurrir en actos de corrupción.

A lo largo de las próximas seis semanas se espera que ambos candidatos expongan sus planes en diversos medios de comunicación, foros y debates y hagan un gasto en actos proselitistas de cerca de USD 2,5 millones.

Este tiempo debe ser aprovechado para explicar más a fondo su proyecto político, dado a conocer ligeramente por la premura de la primera vuelta electoral.

Tanto Morales como Torres centran su campaña en la lucha contra la corrupción y temas sociales como seguridad democrática, salud, trabajo y desnutrición; sin embargo, los comandos de campaña de ambos candidatos han indicado que no usarán como estrategias el juego sucio ni los ataques personales.

Guatemala enfrenta esta nueva elección electoral luego de que el último presidente electo de la nación, Otto Pérez Molina, renunciara en agosto por presión de los ciudadanos, quienes se volcaron a las calles a exigir su dimisión por su participación en una trama de corrupción.

Desde su renuncia, Pérez Molina está en la prisión de Matamoros, en Ciudad de Guatemala, luego de ser arrestado por el Departamento de Justicia junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad de las Naciones Unidas.

La acusación contra el expresidente se centra en las investigaciones en torno a su participación en un esquema conocido como La Línea, en el cual agentes de aduana guatemaltecos ofrecían reducciones significativas en los aranceles a los importadores a cambio de una comisión, repartida entre varios integrantes del gobierno.

Por su cuenta, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala -Cang-, Marco Antonio Sagastume, recordó a los guatemaltecos la importancia del voto y los convocó a acudir a las urnas a pesar de la existencia de ciertas condiciones adversas.

Aunque reconoció que no está dado el mejor escenario aseveró que “con la ley y su cumplimiento podemos hacer cambios dentro de la misma”, especialmente porque, según su criterio, existen posibilidades de reformar el sistema político de la nación.

Las firmas involucradas en la transacción son Hernández & Cía Abogados; Ferrero Abogados; Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados Financieros y Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.

Hernández & Cía Abogados representó al fondo de inversiones The Carlyle Group en la adquisición de una participación del 85% en Hermes Transportes Blindados SA, compañía especializada en el transporte de carga blindada en Perú.

Ferrero Abogados, por su parte, asesoró al accionista mayoritario, Inversiones Centenario; mientras que Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados Financieros hizo lo propio con las familias De Osma y Wiese, accionistas minoritarios del consorcio, y quienes vendieron 28% de una participación total del 43%.

Por otro lado, Scotiabank Perú, vendió su participación en el negocio (4%) y fue asesorada por sus abogados internos. Se espera que la operación concluya el próximo 20 de septiembre. El monto de la transacción no fue divulgado.

The Carlyle Group obtuvo un préstamo por USD $492 millones, que fue otorgado por un sindicato de bancos compuesto por el Banco de Crédito del Perú, Scotiabank Perú y Credicorp Capital. El sindicato contó con la asesoría de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.

Por su parte, Hernández & Cía Abogados destacó que "esta es una de las pocas estructuras leverage buy out (LBO) que se han incorporado en las adquisiciones private equity en el mercado peruano". Recientemente, la firma asesoró al fondo de inversiones Faro Capital en la adquisición de marcas de ropa.

Asesores de The Carlyle Group:
Hernández & Cía Abogados
Los socios Juan Luis Hernández and Diego Carrión y los asociados Sandro Cogorno, Patricia Tamashiro, José Goyburu, Mónica Posada, Gloria Zubizarreta y Alejandro Almendáriz.

Asesores de Inversiones Centenario:
Asesor interno: Christian Ravines.
Ferrero Abogados
Los socios Guillermo Ferrero e Ignacio López de Romaña y los asociados Lorena Sarmiento y Omaira Zambrano.

Asesores de los grupos De Osma y Wiese:
Abogado interno: Arabella Gonzáles
Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados Financieros
Los socios Alberto Rebaza y Luis Miguel Elías y los asociados Fiorella Atoche y María Fernanda Gadea.

Asesores de Scotiabank Perú:
Asesor interno: Francisco Rivadeneira.

Asesores del sindicato de bancos compuesto por Banco de Crédito del Perú, Scotiabank Perú y Credicorp Capital:
Asesores internos: Giovanna García (Banco de Crédito del Perú); Luis Schrader (Credicorp); Jorge Paniague y Juan Carlos Hernández.
Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados
El socio Juan Antonio Egüez y el asociado Joe Navarrete.

Holland & Knight y Noboa, Peña, Larrea y Torres en Ecuador asesoraron al Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, SA (Bladex), como líder del sindicato de bancos que otorgó un préstamo por USD 102 millones a Favorita Fruit Company Group, productor y exportador agrícola ecuatoriano.

Por su parte, la oficina de Nueva York de Fox, Horan & Camerini LLP asesoró a la empresa ecuatoriana en la obtención del crédito, que será utilizado para pagar deudas contraídas por la empresa.

Bladex actuó como agente administrativo y colateral de la transacción, en la que participaron 10 bancos. El préstamo fue asegurado con los bienes inmuebles de Favorita en el país andino, así como por los flujos de pago de contratos de exportación.

El giro monetario se hizo a dos prestatarios dentro del Grupo Favorita: Favorita Trading Co. Ltd. y Fertisa Fertilizantes, Terminales I Servicios, SA, garantizado por Reybanpac, Rey Banano del Pacífico CA y Favorita Fruit Co. Ltd.