Un tribunal constituido bajo las normas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) admitió parcialmente el reclamo de Ecuador en contra de Perenco Ecuador Limited.

La decisión provisional del 11 de agosto responsabiliza a Perenco Ecuador Limited por los daños ambientales producidos desde octubre de 2008 hasta julio de 2009 en los campos petroleros 7 y 21, localizados en la Amazonia ecuatoriana. A partir de esa fecha, Petroamazonas ha asumido la gestión de estos campos.

El tribunal designará un perito independiente en los próximos dos meses para calcular los costos de remediar los posibles daños ambientales. Ecuador exige una indemnización por más de USD 2.500 millones para limpiar el suelo y las aguas subterráneas y hacer estudios adicionales.

Esta decisión responde a la contrademanda presentada por Ecuador en 2011 por daños ambientales, en el marco de un proceso arbitral originado en 2008. Ese año, Perenco Ecuador Limited reclamó a Ecuador USD 400 millones por incumplimientos contractuales.

Firmas y abogados que participan en el caso: 

La parte demandante, Perenco Ecuador Limited, fue representada por Debevoise & Plimpton LLP. El equipo fue liderado por el socio Mark Friedman y los asociados Ina Popova, Floriane Lavaud, Thomas Norgaard, Terra Gearhart-Serna y Corina Gugler. También participó Tracie Renfroe, socia de King & Spalding LLP.

Dechert LLP representó a  Ecuador e intervinieron los socios Eduardo Silva Romero, Philip Dunham, José García Represa y Timothy Lindsay; of-counsels Pierre Mayer (retirado de la firma) y Álvaro Galindo; y los asociados María Claudia Procopiak, Pacôme Ziegler, Antonio Marzal, Jeremy Eichler y Gabriela González Giraldez.

La sucursal del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) en Dubái aprobó un financiamiento de USD 80 millones a la petrolera argentina YPF S.A.

La estatal empleará los fondos para el pre-financiamiento de exportaciones, un tipo de operación que otorga a las empresas activos excedentes para operar con normalidad en el corto plazo.

El ICBC-Dubái recibió asesoría de Linklaters LLP y Tanoira Cassagne Abogados.

El equipo de Linklaters LLP en Nueva York fue liderado por el socio Conrado Tenaglia, e integrado por los asociados Matthew Haist, Peter Qiu y Mina Whangbo.

Linklaters LLP ya había asesorado al ICBC en transacciones anteriores, incluyendo  una emisión de bonos por USD 500 millones, y en la organización de un préstamo por USD 201 millones para la construcción de un hotel en la isla artificial de Palm Jumeirah, en Dubái.

El equipo de Tanoira Cassagne Abogados, en Buenos Aires, fue conformado por la socia Alexia Rosenthal y los asociados Rocío Carrica e Ignacio Nantes.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró en 2013 a un conjunto de entidades bancarias y bursátiles que organizaron la emisión de bonos de YPF S.A., por USD 300 millones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

YPF S.A. contó con la asistencia de sus abogados internos, Fernando Gómez Zanou y Francisco Lucas Gaspari.

En julio de este año, YPF S.A se asoció con Pan American Energy, en la cual la estatal China National Offshore Oil Corporation posee 20% del capital accionario, para invertir USD 1.384 millones en la explotación del yacimiento Vaca Muerta.

El gobierno de Venezuela solicitó por segunda vez al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) la revisión de su decisión de admitir la demanda de ConocoPhillips, que exige reparaciones económicas por la nacionalización de tres refinerías.

El pedido de reconsideración fue introducido por los representantes legales del Estado venezolano ante el tribunal de arbitraje, con sede en Washington, D.C., el pasado 10 de agosto.

La defensa venezolana está integrada por el Viceprocurador General de la República, Reinaldo Muñoz y los equipos de Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, en Nueva York y Ciudad de México. El grupo está liderado por los socios George Kahale III, Miriam Harwood, Mark  O’Donoghue y Bernard Preziosi (en Nueva York) y por Gabriela Álvarez Ávila (en México).

Los demandantes están representados por un equipo de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP en Nueva York, compuesto por los socios D. Brian King y Elliot Friedman; el asociado senior J.J. Gass y los asociados Lauren Friedman, Sam Prevatt y Lee Rovinescu.

En defensa de ConocoPhillips también actúan los socios Jan Paulsson, Gaëtan Verhoosel y Luke Sobota de Three Crowns LLP, en Londres.

La decisión cuestionada por Venezuela fue tomada por el tribunal en septiembre de 2013  y dictaminó que el país había violado el derecho internacional al no negociar de buena fe con ConocoPhillips. La petrolera demandó una indemnización de más de USD 30.000 millones, por la nacionalización de sus activos.

En 2013 Venezuela interpuso la primera solicitud de reconsideración, que fue negada por el tribunal en marzo de 2014, con el voto salvado del árbitro designado por Venezuela, el egipcio Georges Abi-Saab. Posteriormente,  Abi-Saab renunció al tribunal por motivos de salud.

El tribunal fue reconstituido con la designación del árbitro suizo Andreas Bucher, nombrado por el director del Consejo Administrativo del CIADI, Kenneth Keith.

Francisco Mendez

El despacho anunció la apertura de una oficina en el país que será dirigida por Francisco Mendez, quien dividirá su tiempo entre las sedes de Houston y México D.F. Mendez cuenta con 20 años de experiencia en el sector energético, habiendo ocupado el cargo de asesor legal de ExxonMobil para América Latina.

El equipo estará integrado por los socios Alexandre Chequer, Dallas Parker, Jose Valera y Pablo Ferrante, y el asociado Gabriel Salinas.

El movimiento se realiza ante las extraordinarias oportunidades que el sector energético del país brinda en las áreas de exploración, producción y transporte de hidrocarburos. Por otro lado, existe un severo déficit en la producción de electricidad usada para la extracción del crudo, apuntan analistas.

Olleros Abogados y McDermott Will & Emery LLP formalizaron la creación de un “Cuban Desk” para ofrecer asesoría a clientes internacionales con intereses en Cuba. El movimiento se produce luego del acercamiento entre ambos países.

Voceros de las firmas indicaron que “existe una creciente demanda de servicios legales en las áreas de comercio internacional, competencia, derecho corporativo, regulatorio y fiscal”. Dicho interés se centra, sobre todo, en los sectores hotelero y turístico, hospitalario, agrícola, de infraestructura y de producción de alimentos y bebidas.

Jaime Olleros, socio fundador del bufete español, aseguró que su firma tiene planes de abrir una oficina en La Habana, “una vez que las leyes cubanas permitan el establecimiento de despachos legales internacionales.”

Olleros Abogados cuenta desde hace varios años con un equipo de abogados especializados en Cuba, liderados por Jaime Olleros, Ignacio Aparicio y Javier Mata.