El Estado peruano extendió el contrato de la firma White & Case LLP para que lo represente en la disputa que sostiene con la empresa estadounidense Renco Group, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

White & Case LLP ha representado a Perú desde el inicio de la disputa, en 2011. El gobierno peruano también contrató ese año al Estudio Echecopar, en Lima.

En 2011, Renco Group presentó una demanda de arbitraje contra Perú ante el CIADI, por el cierre del complejo metalúrgico La Oroya debido a problemas ambientales. La empresa reclama una indemnización por USD 2.000 millones.

Según la compañía, el Gobierno peruano vulneró el artículo 10.5 del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, que establece el trato justo y equitativo a los inversores, así como garantías de seguridad jurídica.

La empresa acusó al Gobierno de incumplir el compromiso de sanear los suelos de La Oroya, mientras que el Estado señaló que Doe Run Perú, filial de Renco Group, no destinó USD 150 millones para un plan de recuperación ambiental.

La operación se encuentra paralizada desde 2009 por la insolvencia financiera de Doe Run Perú. La incapacidad de la empresa de honrar sus deudas con proveedores desembocó en un concurso de acreedores.

Asesores:

En la oficina de White & Case en LLP en Washington, D.C., los socios Jonathan Hamilton, Andrea Menaker y Petr Polasek, y las asociadas Kristen Young y Estefanía San Juan.

En Estudio Echecopar, los socios Eduardo Ferrero Costa y Maricarmen Tovar Gil.

Renco Group contrató a King & Spalding LLP, con un equipo integrado  por los socios Edward Kehoe, Guillermo Aguilar Álvarez,  Henry Burnett y Caline Mouawad.

El grupo empresarial Fomento Económico Mexicano (Femsa) finiquitó un acuerdo para adquirir 60% del capital accionario de la empresa chilena Grupo Socofar, propietaria de las farmacias Cruz Verde y tiendas Maicao.

Femsa Comercio, filial de Femsa, empresa especializada en la producción de  bebidas y comercio al detal, estimó el valor total de Socofar en USD 998 millones. La empresa mexicana señaló en un comunicado que financiará la adquisición con efectivo disponible.

Guerrero Olivos, en Santiago, y Posse Herrera Ruiz, en Bogotá, asistieron a Femsa Comercio.

El acuerdo estipula que los actuales propietarios de Socofar, la familia Harding, mantengan el 40% de la propiedad de la empresa. De hecho, Guillermo Harding continuará siendo presidente del directorio.

Cruz Verde tiene 643 locales en Chile y es la empresa con mayor cuota de mercado en su categoría, con un 40,6% de participación. Las otras marcas de Socofar incluyen Maicao, una comercializadora de cosméticos con 154 sucursales en Chile, y Farmasanitas, una red de 150 farmacias en Colombia.

La adquisición aún debe ser aprobada por la Fiscalía Nacional Económica, que desde abril indaga si la operación conlleva posibles riesgos de competencia.

Jaime Herrera, socio de Posse Herrera Ruiz, había asesorado a Coca Cola Femsa S.A en la adquisición en la adquisición del negocio de aguas embotelladas Brisa por Bavaria S.A. Miller.

El fondo de inversiones de la Ciudad de Providence, Rhode Island, presentó una demanda contra la principal compañía eléctrica de Brasil, Eletrobras, por desviar fondos de contratos de construcción y prestación de servicios para pagos ilegales a ejecutivos y partidos políticos.

Kaplan Fox & Klisheimer LLP, con un equipo compuesto por los socios Frederic Fox, Donald Hall, Laurence King y Hae Sung Nam y la asociada Pamela Mayer, representan al fondo público de inversiones.

El objetivo de la corporación municipal es que el tribunal conceda al recurso interpuesto el estatus de demanda colectiva. Esto permitiría al fondo representar los intereses de los tenedores de acciones de Eletrobras que cotizan en la bolsa de Estados Unidos.

En la demanda, el fondo de inversiones argumentó que Eletrobras estuvo involucrada en un enorme esquema de sobornos y corrupción que alcanzó los niveles más altos de la compañía y del Gobierno de Brasil, el principal accionista de la firma.

La demanda indica que la compañía y los tres ejecutivos demandados incurrieron presuntamente en sobornos y corrupción, específicamente en los contratos para la construcción de los proyectos del reactor nuclear Angra 3 y las presas hidroeléctricas Bello Monte y Jirau.

Reportes de la prensa local señalan que ejecutivos de Electrobras están siendo investigados por haber recibido pagos ilegales de las compañías participantes en la licitación de un contrato para obras en Angra 3.

La demanda fue consignada el 14 de agosto ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. El litigio cita como demandados al presidente de Eletrobras, Jose Costa Carvalho Neto; al director financiero y de relaciones con los inversores, Armando Casado de Araujo;  y al director de transmisión, Jose Antonio Muniz Lopes.

La junta directiva de Eletrobras informó a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), sobre la instalación de un panel independiente para realizar una investigación interna.

Dicha comisión estaría integrada por Manuel Jeremias Leite Caldas, quien es representante de los accionistas minoritarios y por Ellen Gracie Northfleet y Durval Jose Soledade Santos. El comunicado añade que ellos serán los encargados de supervisar las pesquisas que viene realizando el escritorio jurídico Hogan Lovells.

La abogada Gracie Northfleet es socia fundadora del despacho Ellen Gracie Advogados  y Associados. También es vicepresidente de la Cámara de Arbitraje de la Federación de Industrias de Sao Paulo.

Soledade Santos es presidente-director de Logz, una empresa de gestión de activos portuarios y de servicios logísticos de Brasil.

K&L Gates LLP representó al grupo inversor brasileño Jive en la obtención de USD 145 millones, que serán usados para crear el fondo de activos en riesgo más grande de Brasil. La entidad se especializará en la adquisición de créditos morosos e inmuebles con hipotecas vencidas que, por el decrecimiento de la economía brasileña, han aumentado en los últimos años.

Jive obtuvo los fondos a través de una oferta restringida a compradores calificados, un tipo de transacción que no necesita ser registrada ante la agencia reguladora de títulos bursátiles de Brasil (Comissao de Valores Mobiliários). Específicamente, Jive ofreció las acciones a 50 clientes de banca privada de Credit Suisse, quienes contrataron a Madrona Advogados, una firma fundada a principios de este año por ex-socios de MHM Advogados.

Jive estableció hace un año el primer fondo exclusivamente dedicado a invertir en bienes raíces embargados en Brasil. La contracción económica en Brasil ha aumentado las transacciones con activos con deudas de difícil recuperación, que son utilizados por compañías con problemas financieros como garantías para préstamos o para recaudar fondos.

El incumplimiento de los créditos hipotecarios ha subido y los analistas atribuyen esta situación al crecimiento de la inflación, que subió 10% en julio, el nivel más alto desde 2003.

El fondo de activos tóxicos está compuesto por tres fondos de inversión y un fondo de cuentas por cobrar de difícil recuperación (FIDC-NP, por sus siglas en portugués). Este último es una estructura financiera que permite comprar deudas por cobrar en Brasil. Uno de los fondos de inversión fue establecido por Credit Suisse para administrar los recursos de los inversionistas. En paralelo, Jive creó un segundo fondo de inversión para agrupar tres FIDC-NP, valoradas en USD 34 millones. Un tercer fondo se destinó a consolidar el capital accionario de los inversionistas de Jive y Credit Suisse. Las transacciones terminaron el 31 de julio.

Previamente, Jive había recibido asesoría de Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown para establecer un “fondo de inversión de derechos de crédito no-estandarizado” con un grupo de inversores en 2012.

Los asesores de Jive:

El abogado interno, Eduardo Monoli.

Por K&L Gates LLP participaron los socios Marc Veilleux en Sao Paulo; Cary Meer en Washington, D.C; y Mark Heine en Seattle, y la asociada Ruth Delaney en Los Ángeles.

Los asesores de Credit Suisse

Los abogados internos Grasiela Cerbino y Marco Godoy.

Por Madrona Advogados participaron los socios Marcelo Cosac y Danilo Mininel y los asociados Roberto Suárez, Gustavo Guindani y Fabio Barbosa en Sao Paulo.

Las oficinas de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Nueva York, y la de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes SC en México, D.F., asesoraron a la empresa mexicana Grupo Cementos de Chihuahua (CGC) en la obtención de un crédito sindicado por USD 194 millones.

En la operación participaron 10 bancos. BBVA Securities, Citigroup y Bank of Nova Scotia fueron los coordinadores líderes  del crédito, mientras que Comerica Bank, Sabadell Capital, Banco del Bajío, Banco Monex, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior y JP Morgan Chase actuaron como prestamistas. Las 10 entidades bancarias contrataron a Shearman & Sterling LLP en Nueva York y a Ritch Mueller Heather y Nicolau SC en México, D.F para la transacción, que se concretó el 24 de julio de 2015.

El préstamo se efectuó en dólares estadounidenses y pesos mexicanos y vence en cinco años. En 2013, Cleary Gottlieb y Mijares Angoitia asesoraron a CGC en la ejecución  de un plan de refinanciamiento, que consistió en la emisión de USD 260 millones en títulos y en la obtención de un crédito por USD 250 millones de un conjunto de 11 bancos. Shearman & Sterling LLP asistió a los prestamistas, mientras que Ritch Mueller y Allen & Overy LLP asesoraron a BBVA, Citigroup y Scotia Capital como aseguradores de la oferta.

Los asesores de CGC:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

Participaron los socios Amy Shapiro y los asociados Grace Armstrong y Julian Hill, en Nueva York.

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes SC

Socios Francisco Fuentes y Edgardo Mendoza y los asociados Lorena García, Juan Rodríguez, en México, D.F.

Los asesores de los prestamistas

Shearman & Sterling LLP

Socia Jeanne Olivier y los asociados Augusto Ruiloba y Federico Piano, en Nueva York.

Ritch Mueller Heather y Nicolau, SC

Socio Jean Paul Farah y los asociados Eva Farías, Alonso Rodríguez e Isabel Ortiz-Monasterio, en México D.F.