El gobierno de Bolivia deberá pagar a la empresa chilena Química e Industrial de Bórax  -Quiborax- 48,6 millones de dólares, más costes, luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones –Ciadi-, dependiente del Banco Mundial, fallara a favor de esta compañía, en su disputa contra Bolivia por la revocación de sus concesiones mineras en suelo boliviano. El pleito inició hace más de diez años cuando la gestión del expresidente boliviano Carlos Mesa retiró las concesiones de Quiborax y Non Metallic Minerals –NMM- en el Salar de Uyuni. Aparte de sus concesiones en este salar, la compañía chilena también las tenía en Arica. Entre los antecedentes de la disputa se sabe que en 2001, Quiborax se asoció con Minera Río Grande Sur, de Bolivia, creando NMM, logrando el control de las operaciones en Uyuní, el mayor salar del mundo. En 2004, la gestión de Mesa revocó las concesiones de la sociedad, donde los chilenos eran socios mayoritarios, con el argumento de que Quiborax no era inversionista en 2001 (antes de que su socio boliviano fuera expropiado) y que los papeles de la sociedad eran forjados. Durante dos años la minera chilena medió para alcanzar un acuerdo con Bolivia pero ante los resultados negativos resolvió en 2006 presentar una demanda de arbitraje contra el estado boliviano, por 66 millones de dólares, para compensar los perjuicios sufridos y las inversiones ejecutadas. Este año, el fallo de Ciadi concluye que Bolivia violó el artículo III del Tratado Binacional de Inversiones, “al obstaculizar la libre administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, transferencia, venta y liquidación de las inversiones de los demandantes a través de medidas injustificadas o discriminatorias”. A pesar de que el juicio al término de septiembre de este año continúa abierto, el Tribunal exigió al gobierno de Evo Morales culminar la investigación judicial. Asesores de Química e Industrial de Bórax: Bofill Mir & Alvarez Jana Abogados, en Santiago de Chile. Socios Andrés Jana y Rodrigo Gil. Guevara & Gutiérrez SC - Servicios Legales Bolivia, en La Paz. Socios Jorge Luis Inchauste y Ramiro Guevara. Asesores del Estado Plurinacional de Bolivia: Procuraduría General del Estado. Fe de errata: la nota publicada el 19 de septiembre de 2015 indicaba erroneamente que Guevara & Gutiérrez SC - Servicios Legales Bolivia, había asesorado al Estado Plurinacional de Bolivia, cuando en realidad había representado a Química e Industrial de Bórax, junto con Bofill Mir & Alvarez Jana Abogados, en Chile.

Marval, O’Farrell & Mairal asesoró a Arla Foods Ingredients S.A. en la obtención de un préstamo del International Finance Corporation (IFC), por un monto de USD 56 millones, para ampliar la planta de producción de la empresa en Córdoba, Argentina.

Por su parte, Estudio Beccar Varela asistió al IFC, institución financiera dependiente del Banco Mundial, en el otorgamiento del crédito, junto con Clifford Chance LLP en los Estados Unidos. 

Arla Foods Ingredients S.A. es un joint venture formado por SanCor CUL y Arla Foods Ingredients Group para la manufactura de productos lácteos.

Asesores del IFC:

Asesor interno: Becher Atassi.

Estados Unidos: Clifford Chance US LLP.

Estudio Beccar Varela

El equipo estuvo encabezado por el socio Pablo J. Torretta, la asociada senior Carolina Serra y la asociada Milagros Quintana.

Asesores de Arla Foods Ingredients S.A: 

Asesor interno: José Manuel Díaz.

Marval, O’Farrell & Mairal

El equipo estuvo conformado por los socios Pablo García Morillo y Juan Diehl Moreno junto al asociado Sergio Talamo.

Trench, Rossi y Watanabe Abogados, en cooperación con Baker & McKenzie, asesoró a la compañía agroindustrial Bunge, de Brasil, en la adquisición de la empresa procesadora de trigo Moinho Pacífico, también brasilera, por un monto no revelado. Ambas empresas firmaron el acuerdo el pasado 27 de agosto.

Con esta adquisición, Bunge Alimentos alcanzará una posición dominante en el mercado de cereales de Brasil. La transacción se hará efectiva a finales de 2015 cuando se complete el proceso de aprobación regulatoria.

Asesores de Bunge Alimentos:

Trench, Rossi y Watanabe Abogados: participó el socio Alberto Mori y la asociada Lidia Rossi.

Nicholson y Cano prestó asesoría a Sadesa S.A., empresa involucrada en la producción de cuero, en su ingreso al régimen de oferta pública, así como en la emisión de una Serie de Obligaciones Negociables y en la constitución de un Programa de Obligaciones Negociables. El equipo estuvo liderado por  el socio Marcelo Villegas y los asociados Felipe Hughes y Dolores Rapetti Crossa.

La primera serie de obligaciones negociables incluyó la emisión de bonos Clase 1, en dólares, y por un monto de USD 8.392.333, y la Clase 2, en pesos, por un monto de 53.000.000. El Programa de Obligaciones Negociables fue hasta por 50 millones de dólares y la Serie de Obligaciones Negociables tuvo un valor nominal de 10 millones de dólares, ampliable a 25 millones.

La Clase 1 fue emitida con vencimiento a los 24 meses y una tasa fija nominal anual de 3.73% y la Clase 2 fue emitida con vencimiento a 18 meses y una tasa de interés mixta, con una tasa fija de 28.25 % nominal anual los primeros nueve meses y, durante los siguientes nueve meses y hasta su vencimiento, con una tasa BADLAR variable. Esta será amortizada a su vencimiento.

Los organizadores y colocadores fueron HSBC Bank Argentina S.A. y Banco Santander Río S.A., y fueron asesorados por Marval, O’Farrell & Mairal, con un equipo liderado por el socio Juan Diehl y los asociados Sergio Tálamo y Nicolás Biggio.

La oficina de Ferrere en Quito estuvo a cargo de la asesoría brindada a la subsidiaria de Orion Energy en Ecuador en la obtención de los derechos de operación de dos bloques petroleros al noreste del país andino. Dichos bloques eran operados por Integral de Servicios Técnicos de Colombia.

Esta operación completa el proceso iniciado en julio del pasado año, cuando la compañía de Singapur adquirió una participación en los bloques 52 y 54 del Amazonas ecuatoriano. Con esta adquisición de derechos, Orion Energy podrá operar en dichos bloques.

Ferrere acompañó a la empresa asiática en el proceso de modificación de los Contratos y los Servicios de Exploración, lo que le da plenos derechos de explotación en el sitio. En este proceso también participó la Secretaría de Hidrocarburos de Ecuador.