En medio de la tormenta política y económica que ha desatado la recesión, la necesidad apremiante de fortalecer la empleabilidad se convierte en la brújula que guiará al Perú hacia la salida. ¿Cómo proteger al trabajador en un escenario de desempleo creciente? O lo que es aún más desafiante: ¿cómo protegerlo en un mercado laboral mayoritariamente informal y precarizado? La respuesta no está solo en reconocer la crisis, sino en actuar con determinación.
Las estadísticas del Banco Mundial revelan una realidad cruda: en América Latina, las recesiones dejan cicatrices profundas en el empleo formal, con millones de puestos de trabajo en la cuerda floja y una creciente informalidad laboral.
Te puede interesar: Acuerdos Anticompetitivos, ¿cuáles son sus alcances en el mercado laboral de Perú?
Se ha demostrado que existe una relación estrecha entre trabajar en la informalidad y vivir en la pobreza; por ello llama la atención que, en el Perú, los esfuerzos se hayan desviado hacia regulaciones y sobrecostos administrativos en el ámbito formal. Es hora de cambiar el enfoque.
La carga administrativa actual que enfrentan las empresas al contratar se ha convertido en una barrera para la creación de empleo. Como consecuencia, alarmantes cifras evidencian la situación de informalidad en diversos sectores. Por ejemplo, en el sector de las microempresas la informalidad laboral llega al 94 %, de acuerdo a la estimación de Macroconsult.
Este dato se torna especialmente significativo si tenemos en cuenta que las microempresas, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, representan el 95,4 % del total de empresas en el Perú. Por otro lado, recientemente, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) confirmó una verdad poco aceptada: dentro del mismo sector formal, más del 65 % de empresas tienen trabajadores fuera de planilla, sin poder recibir todos los beneficios de ley correspondientes y sin laborar en condiciones adecuadas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Quizá quieras leer: Ley N° 31944, ¿qué información no se puede exigir a un postulante de un empleo en el Perú?
Aquí, las recomendaciones de la OCDE se presentan como una clave fundamental para combatir la informalidad dentro y fuera del sector formal: reducción de costos laborales no salariales, una flexibilidad renovada en contratos indefinidos, mayor capacitación, servicios públicos de empleo más eficaces, mayor fiscalización y la promoción de criterios técnicos y objetivos que sirvan de referencia para aumentar el salario mínimo vital.
En este complejo tablero, la Sunafil tiene un papel protagónico, no solo como ente regulador y fiscalizador, sino como impulsor de un cambio radical en la inspección del sector informal, que abarca la mayor parte de nuestra fuerza laboral.
Este enfoque puede catalizar la migración de empleados hacia condiciones laborales dignas y formales, dejando atrás la precariedad. En tal sentido, dicha entidad anunció que, en respuesta a la situación económica en recesión, implementará a partir del 2024 un giro en su enfoque de acción, aumentando las capacitaciones laborales en lugar de buscar corregir con sanciones que derivan en frenar la inversión privada. Un cambio que se hacía esperar desde hace mucho y que esperemos se concrete.
Por su parte, el Poder Ejecutivo y Legislativo también deberían atender a las recomendaciones de la OCDE al momento de formular nuevas propuestas en materia laboral, que lejos de endurecer las condiciones contractuales, la burocracia y los costos de contratación, atiendan a la dura coyuntura económica que vive el empresariado, flexibilizando sus condiciones para crear nuevos puestos de trabajo en condiciones formales y seguras. Es un paso imprescindible para manejar la crisis laboral, considerando que, a agosto de 2023, existían en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, 13 proyectos de ley que podrían encarecer el empleo, según un análisis realizado por el Diario Gestión.
Te recomendamos: Permiso parental, ¿cuántos días de licencia dan los países de América Latina por paternidad?
Nuestra actual situación económica pide hoy más que nunca el cambio hacia un marco legal que permita ensanchar ese sector formal con una política de bajos costos laborales y menor rigidez, que se traduzca en la generación de verdadero trabajo digno, el único escenario en donde proteger los derechos laborales deja de ser un discurso para convertirse en una realidad. La urgencia es palpable, pero también lo es la oportunidad de transformar la adversidad en progreso. Fortalecer la empleabilidad no sólo es una necesidad, sino un desafío que puede rediseñar el panorama laboral del país en este duro contexto de recesión que nos ha tocado vivir.
*Daniel Robles Ibazeta es abogado laboralista y socio de Robles Ibazeta Consultores.
}
Add new comment