Después de un largo proceso de observaciones y precisiones al Proyecto de Ley 676/2021-PE, el 13 de mayo de 2023 se publicó la Ley No. 31740, que amplía y modifica el alcance de la Ley No. 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.
Una de las principales modificaciones y que, sin duda alguna, ha generado desconcierto en el sector empresarial, es que la persona jurídica ya no podrá eximirse de responsabilidad penal, pese a contar con un modelo de prevención, si el delito es cometido por los socios, directores o administradores de hecho o derecho, representantes legales o apoderados, con capacidad de control de la persona jurídica.
En estos casos, el juez, de encontrar responsable a la empresa, solo podrá imponer la pena de multa, que podrá reducirse hasta en un 90 %, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la propia norma (ej. cantidad y jerarquía de los colaboradores involucrados, omisión de vigilancia, daño causado, entre otros).
Justamente esta modificación responde a una recomendación formulada por la OCDE en el marco de la segunda fase de evaluación realizada al Perú, que señala que nuestro país debería eliminar el eximente de responsabilidad cuando un alto directivo de la empresa cometa, autorice o dirija la comisión de un delito.
En la misma línea, se pronunció en su momento el MESICIC - OEA en su Informe de Evaluación al Perú.
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Si bien este cambio normativo podría tomarse, inicialmente, como un desincentivo para las organizaciones frente a la implementación de modelos de prevención o programas de cumplimiento, en el entendido de que ya no gozarán del beneficio total de exención de responsabilidad penal, desde otra mirada puede verse como una oportunidad.
Las organizaciones deberán enfocarse en reforzar el compromiso y liderazgo de la alta dirección con el modelo de prevención. No perdamos de vista que los máximos órganos de gobierno y de administración —o la alta dirección de la persona jurídica— son los responsables de liderar la implementación y funcionamiento adecuado del modelo de prevención, a través de su compromiso y apoyo firme, activo y visible, así como de la supervisión de su cumplimiento.
En buena cuenta, las organizaciones deberán enfocarse en fortalecer su gobierno corporativo. Esto para generar un escudo protector lo suficientemente robusto, que permita prevenir de forma oportuna, adecuada y eficiente los riesgos legales a los que puede verse expuesta la alta dirección y, con ello, la persona jurídica, a propósito de esta reciente modificación.
El gobierno corporativo es el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. El gobierno corporativo no solo establece las relaciones entre la alta dirección o directorio, los accionistas y las partes interesadas, sino que además estipula las reglas por las que se rige el proceso de toma de decisiones sobre la compañía para la generación de valor, así como los mecanismos de control y supervisión de la persona jurídica.
En este marco, el compliance debe verse como el establecimiento de las políticas y procedimientos adecuados para garantizar que tanto la empresa como sus directivos, colaboradores y stakeholders cumplan con el marco normativo aplicable.
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Es sumamente importante que la alta dirección sea consciente de que en el marco de la toma de decisiones se pueden enfrentar riesgos legales que gatillen impactos graves en la persona jurídica. Esto no solo desde el ámbito legal (multas, medidas administrativas, perjuicio económico), sino también consecuencias reputacionales.
Ello cobra mayor relevancia si tomamos en cuenta que la empresa ya no podrá eximirse de la responsabilidad penal cuando el delito sea cometido por la alta dirección o aquellos órganos con capacidad de decisión. Justamente el gobierno corporativo es el llamado a establecer las normas y los procedimientos de toma de decisiones que deben seguirse al interior de la alta dirección para garantizar y articular el cumplimiento de sus funciones, así como el compromiso y liderazgo con su modelo de prevención.
Un gobierno corporativo fortalecido y robusto provee los incentivos para proteger los intereses de la compañía y los accionistas, monitorear la creación de valor y el uso eficiente de los recursos brindando transparencia de información.
*Liliana Calderón es counsel del área de compliance en Benites, Vargas & Ugaz
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