Dos conclusiones básicas resaltan de la edición 2024 de la Encuesta sobre Corrupción en América Latina que conduce la firma estadounidense Miller & Chevalier: que la corrupción sigue siendo generalizada en toda la región y que el compliance se ha convertido en la gran herramienta de contención, incluso por encima de la aplicación de leyes y normativas.
En su quinta edición, la encuesta revela una cierta mejoría en cuanto a la percepción que se tiene sobre la corrupción como obstáculo para realizar negocios, indicador que cayó a 46 % (desde el 54 % registrado en 2020), dato que corrobora una tendencia que se materializa en los casi 20 puntos porcentuales que ha disminuido este índice desde que el sondeo se realizó por primera vez, en 2008.
Sin embargo, para los analistas de la firma, las prácticas ilegales siguen estando “sólidamente arraigadas” en el tejido empresarial latinoamericano, pese a los esfuerzos gubernamentales y corporativos que se vienen haciendo para minimizar sus efectos.
Desafortunadamente, como lo demuestra la encuesta, la corrupción pública sigue siendo un desafío endémico en gran parte de las Américas, donde los partidos políticos, las autoridades locales o municipales y los funcionarios del Poder Ejecutivo son percibidos como las tres instituciones públicas más corruptas (72 %, 66 % y 65 %, respectivamente), dice el informe de Miller & Chevalier.
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Avances corporativos
Aunque varios países de la región han afinado sus instrumentos legales de lucha contra la corrupción, son las estrategias de cumplimiento corporativo el principal impulso de las mejoras contra prácticas ilegales.
“Más empresas han desarrollado elementos sofisticados de programas de cumplimiento y la experiencia nos dice que una vez que lo hacen es probable que estos programas se mantengan a largo plazo”, afirma Matteson Ellis, líder de la práctica anticorrupción en América Latina de Miller & Chevalier.
Destaca —además— que las empresas que recurren a estas prácticas no lo hacen con un espíritu altruista, sino que ven el valor que a largo plazo aporta el buen gobierno corporativo y el cumplimiento en general. Esto se evidencia cuando se tiene que el 65 % de los encuestados afirma que ha aumentado la importancia que las empresas dan a estos parámetros como estrategia de lucha contra la corrupción.
En este mismo orden, dos tercios (66 %) de los encuestados indicaron que sus organizaciones llevan a cabo programas de due diligence de anticorrupción relacionados con procesos de fusiones y adquisiciones, cifra que es 23 puntos porcentuales superior a la obtenida en 2020 (43 %), lo que sugiere que en los últimos años las empresas han visto como importante el aporte de esta práctica para mejorar los estándares del compliance.
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¿De qué manera ha ayudado esto?
Al revisar los resultados históricos, estos sugieren que la mayor adopción de programas de cumplimiento corporativo ha mejorado el entorno empresarial en toda la región, incluso en países donde los gobiernos no hacen cumplir las leyes anticorrupción, siendo las multinacionales (91 %) más propensas a tomar medidas al respecto que las empresas locales o regionales (72 %).
Esto se traduce en que un porcentaje menor de empresas trasnacionales (34 %) aseguran que han perdido negocios debido a competidores corruptos que empresas locales o regionales (45 %), resultados que son más favorables respecto a los obtenidos en estudios anteriores (46 % para multinacionales y 59 % para empresas locales/regionales en 2016).
“Estas mejoras son paralelas al aumento en la adopción de programas de compliance para multinacionales y empresas locales o regionales durante el período”, afirman desde Miller & Chavalier.
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A destacar
Tras ratificar que entre los hallazgos más significativos de la encuesta está la creciente importancia de los programas de cumplimiento para las empresas y el grado de sofisticación que están teniendo estos, Alejandra Montenegro Almonte, líder del departamento internacional en Miller & Chevalier, afirma que es probable que estos programas se conviertan en parte del tejido de sus organizaciones.
No obstante los positivos resultados, expresan su preocupación por desequilibrios que siguen observado en varios de los países de gran influencia en la región. En Brasil destaca el alto grado de pesimismo relacionado con la actual aplicación de la ley anticorrupción, mientras que en México inquieta la falta de confianza en la fiscalía. En Colombia se percibe un creciente riesgo de corrupción, en tanto que en el Perú es de resaltar el deterioro del clima de aplicación de la ley.
Con respecto a la proyección de la encuesta a futuro, esta señala que se prevé mantener la continuidad con preguntas “sustancialmente similares”, lo que permitirá tener una medición a largo plazo de los parámetros que han evaluado en estos 16 años.
“La naturaleza longitudinal de nuestro enfoque es única y nos permite adoptar una perspectiva a largo plazo. Además, seguiremos abordando cuestiones de interés oportuno, como las preguntas de esta edición sobre arbitraje”.
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Mejor panorama legal
Desde la pasada edición de la encuesta, al menos ocho países han mostrado avances en cuanto a sus leyes anticorrupción, algunas de ellas directamente relacionadas con el asunto empresarial con el fin de dar una mayor transparencia a todas las transacciones que involucre al sector privado, al tiempo de incentivar la aplicación de mecanismos de compliance que apoyen la lucha contra la ilegalidad.
En 2021, Ecuador reformó lo concerniente a delitos del sector privado en su Código Penal y, ese mismo año, Colombia legisló para estimular la implementación de programas de compliance. En tanto, en 2022, Brasil decretó la regulación de la Ley de Empresas Limpias, mientras que Chile estrenó, en 2023, la Ley de Delitos Económicos, Perú modificó su ley de responsabilidad penal corporativa y Costa Rica reformó varias leyes relacionadas con el soborno.
De alguna manera, los avances en la legislación anticorrupción han mejorado la percepción sobre su efectividad: mientras en 2020 un 37 % de los encuestados señalaba que las leyes no eran eficaces, este año el porcentaje cayó a 26 %. También ha mejorado la percepción sobre el enjuiciamiento a los culpables: 75 % lo cree así versus 64 % cuatro años atrás.
Sin embargo, la baja denuncia de los delitos sigue siendo una deuda: solo 16 % de los encuestados afirmó haber dado parte sobre casos de corrupción, mientras que 84 % no lo hizo. Las principales razones para no informar se deben a la falta de confianza en el poder judicial (54 %), en los servicios de la fiscalía (52 %) y, en menor grado, la falta de confianza en la policía (31 %).
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La corrupción campea
Aunque con matices distintos, los datos que aporta la quinta encuesta sobre corrupción en la región de Miller & Chevalier guardan relación con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 de Transparencia Internacional. En ambos estudios, Venezuela figura como el país más corrupto para los negocios en la región, un nada honroso apartado en el que es acompañado por Nicaragua y Bolivia, según la encuesta de M&A; mientras que para Transparencia es secundado por Haití, Nicaragua, Honduras y Guatemala.
Un dato que llama la atención es que, por primera vez en 16 años, según el documento de las conclusiones de la encuesta, "las muestras de Nicaragua y El Salvador fueron estadísticamente insignificantes, lo que sugiere que la corrupción y represalias contra los críticos del gobierno inhiben la participación empresarial".
Los analistas de Miller & Chevalier recuerdan que desde 2018 Nicaragua ha sufrido inestabilidad política y mayores esfuerzos por parte del gobierno para sofocar la disidencia, pero no para hacer cumplir la ley contra la corrupción.
En cuanto a El Salvador, señalan que las tensiones entre el gobierno y las bandas criminales han hecho que las autoridades prioricen este conflicto y, aunque ha habido pronunciamientos contra la corrupción, es probable que esto sea más producto de una motivación política que un compromiso sincero por combatirla.
“Observamos que los ciudadanos de ambas jurisdicciones temen participar en actividades que puedan percibirse en contra del gobierno”, acota el estudio.
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Brasil: ejemplo y decepción
Como la economía más grande de la región, Brasil es foco necesario de atención al hablar de corrupción, máxime cuando el país que, desde 2014, se convirtió en referencia de lucha contra este flagelo, haya retrocedido en la percepción que tienen sus ciudadanos sobre el régimen anticorrupción. Esto se demuestra cuando se tiene que del 86 % que en 2020 creía probable que un delincuente sería procesado, para 2024 el porcentaje bajó a 71 %.
Al hablar sobre el tema, Eloy Rizzo Neto, socio de Demarest en la práctica de investigaciones corporativas, con foco en compliance y ESG, dice que el país está viviendo un periodo de “resaca” tras la operación Lava Jato, cuyos resultados fueron empañados por los hechos al margen de la ley, que demuestran que no se respetó el debido proceso legal durante las investigaciones.
“El Poder Judicial está para aplicar la ley y, si en el transcurso del proceso se comprobó que hubo nulidades procesales, le corresponde anular el proceso, así de simple”, señala, en referencia a la anulación de las condenas contra el exgobernador de Río de Janeiro, Sérgio Cabral, uno de los más influyentes acusados por este caso.
Pese a ello, es innegable que Brasil es el país de América Latina más avanzado en la lucha anticorrupción. Varios factores han confluido para ello: por un lado, en 2008 comenzó a ser aplicada la US Foreign Corrupt Practices Act (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos), que obliga a las empresas de ese país a establecer políticas de cumplimiento más estrictas. A ello se añade que en 2013 Brasil promulgó su nueva Ley Anticorrupción.
De allí que, desde 2014, las empresas brasileñas sujetas a la FCPA y aquellas investigadas en relación con Lava Jato se han visto obligadas a invertir en programas de integridad, lo que, a juicio de Rizzo Neto, produjo un efecto cascada en todo el tejido empresarial brasileño.
Esto sustenta la reiteración del especialista respecto a que Lava Jato vino a revolucionar el andamiaje del compliance brasileño que —a su entender— ha madurado en 10 años lo que al mercado norteamericano le costó cuatro décadas de aprendizaje, llevando a los profesionales del área a desarrollar programas de integridad “extremadamente sólidos”.
“Por estas razones puedo decir que hoy los brasileños que trabajan en el cumplimiento anticorrupción están en la cima de la lista de los profesionales más sofisticados y calificados para actuar en el área, ahora y me atrevo a decir que en los próximos años”.
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