Después de una larga espera, el órgano supremo de interpretación y control de la constitución en Perú declaró improcedente la demanda interpuesta por el expresidente Martín Vizcarra. De haber sido procedente, la demanda hubiera permitido al Tribunal interpretar el artículo de la Constitución que utilizó el Congreso para destituir al exmandatario y determinar los parámetros sobre los que existe o no incapacidad moral permanente. Sin embargo, la ponencia fue rechazada por cuatro de los siete magistrados con argumentos como que “no era prudente que el tribunal echara más leña al fuego”, refiriéndose a la crisis política que vive el país. Marianella Ledesma, presidenta del Tribunal y una de las magistradas que votó por la procedencia de la demanda, lamentó que se hubiera perdido una oportunidad histórica para interpretar la Constitución.
Al respecto coincide la abogada Gabriela Oporto, especializada en Derecho Constitucional, quien reconoce que si bien el Congreso obtuvo la mayoría de votos para lograr la vacancia presidencial y, por lo tanto, se respetaron las formas, se utilizó un concepto jurídico muy indeterminado. Es por eso que algunos críticos veían necesario que esta disposición fuera interpretada por el Tribunal para darle profundidad y no darle tanto poder al Congreso en función de si tiene los votos o no. “La democracia va más allá de la suma de votos”, agrega.
En un recuento de los hechos, en septiembre el Congreso peruano promovió una primera moción de vacancia contra el expresidente Vizcarra con el argumento de incapacidad moral permanente, pero no alcanzó la mayoría en el parlamento. Acto seguido, Vizcarra presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial. El Congreso no desistió y a principios de noviembre vacó a Vizcarra bajo el mismo argumento: “permanente incapacidad moral”, por actos de corrupción supuestamente cometidos cuando era gobernador. La ciudadanía mostró su descontento con la decisión del Congreso mediante manifestaciones en las que fallecieron dos personas. El mismo Vizcarra aseguró que la medida generaba una situación de inestabilidad y zozobra, además de que atentaba contra la democracia.
En paralelo, el Poder Judicial continúa con las investigaciones sobre los sobornos que presuntamente recibió Vizcarra en su tiempo como gobernador de Moquegua, por lo que se le impedirá salir del país por los próximos 18 meses.
Ahora bien, sin una sentencia por parte del Tribunal Constitucional que esclarezca cuándo puede ser utilizado el supuesto constitucional de vacancia por incapacidad moral permanente, ¿qué medios de defensa quedan para los próximos presidentes del Perú que se enfrenten al proceso de vacancia por parte del Congreso? Oporto señala que en los caminos a seguir podría haber un desarrollo legislativo de esta cláusula, aprobarse leyes de desarrollo constitucional o el Congreso podría establecer pautas en su reglamento que tiene rango de ley orgánica.
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