“Una sociedad no solo se define por lo que construye, sino por lo que se niega a destruir”, John Sawhill.
Este año, durante junio, en el marco de la celebración del Orgullo de la Diversidad Sexual, ocurrieron acontecimientos relevantes sobre los que quiero reflexionar. Sin duda, es un hito que naciones y sociedades hayan reconocido que la diversidad sexual no representa una amenaza, sino que fortalece nuestras comunidades, pero -a pesar de este motivo de celebración- el propósito de esta columna es abordar el tema desde una perspectiva más cautelosa.
En estos tiempos de grandes cambios emerge una faceta del derecho que enfrenta una crisis de la que se habla muy poco. Nos referimos a la progresividad de los derechos de los grupos vulnerables.
Cuando estudiamos Derecho, la corriente occidental adopta la perspectiva de que una vez que un derecho ha sido reconocido para un grupo, se trata de una conquista social que quedará marcada de manera indeleble y permanente.
Esta concepción es análoga a una serie de hitos en la historia de la humanidad que nos llevan hacia un futuro de libertad, igualdad y fraternidad, donde las injusticias finalmente cesarán. Este enfoque refleja el mito humanista liberal en el que hemos sido formados desde la época de la Ilustración.
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En este contexto, observamos con regocijo cómo, gracias a la labor de destacados juristas, se logró la abolición de la esclavitud, el reconocimiento del derecho al voto femenino, la prohibición de la discriminación negativa y nos encontramos en frontera de promover temas como el matrimonio igualitario y los derechos de las personas trans.
Imaginamos un futuro en el que continuaremos avanzando en esta dirección hasta que todos seamos tratados con igualdad de dignidad y que las injusticias desaparezcan. El progreso es inevitable.
Es posible que algunas sociedades se muestren reacias durante un tiempo, pero -eventualmente- aceptarán el progreso en pos de la humanización. Incluso si al principio solo se refleja en la ley, con el tiempo será integrado por la sociedad.
El problema con lo anterior, a pesar de ser una meta noble, radica en que el éxito no es pleno. Es decir, aunque se ha logrado en términos legales no ha conseguido permear la realidad.
Sabemos que la esclavitud moderna sigue presente y que las mujeres viven desigualdad y la discriminación racial. En este contexto, particularmente en el ámbito de la diversidad sexual, las sociedades de América y Europa se han dividido, mostrando una hostilidad similar al debate alrededor de la esclavitud en el siglo XIX.
Da la impresión de que no hemos logrado realmente éxito en la noble labor de convencer a nuestras sociedades de que las diferencias de pensamiento y estilo de vida no representan una amenaza ni una vulnerabilidad. Todo lo contrario, estas diferencias generan diversidad de pensamiento, un requisito crucial para la innovación y la creación de riqueza económica, social y cultural. Por ello se debe proteger y evitar que una mayoría imponga a las comunidades diversas la obligación de dejar de ser diferentes.
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Aquellos críticos que sostienen que esto sería antidemocrático han pasado por alto el hecho de que la verdadera democracia no consiste en la imposición de la voluntad de las mayorías, sino en el gobierno de todos y para todos, reconociendo nuestra valiosa diversidad.
Por otro lado, los defensores de la diversidad olvidan que las sociedades son organismos vivos, que se adaptan y evolucionan en función de las circunstancias particulares que enfrentan. Por lo general, una sociedad que disfruta de abundancia acepta compartir sus recursos con todos, mientras que aquella que enfrenta escasez real o inminente tiende a ser menos amigable con los grupos diversos.
Aquí se origina el verdadero problema: si las sociedades cambian, todo lo que hemos logrado no está inscrito en piedra.
Las leyes que protegen esos derechos son susceptibles de cambios, al igual que las propias sociedades que los respaldaron en su momento. Esto no es una novedad: los regímenes totalitarios de los años 30 y 40 tuvieron un claro retroceso en este aspecto, deshaciendo los avances alcanzados en los años 20.
Existen ejemplos interesantes: inicialmente, el capitalismo se oponía a la liberación femenina, considerándola una idea asociada al comunismo, y no mostraba interés por la diversidad (pues es más fácil vender a través de la uniformidad). Sin embargo, con el tiempo, asimiló ideas opuestas y, paradójicamente, en la actualidad encontramos partidos de izquierda que no respaldan la diversidad social, mientras que las grandes corporaciones invierten sumas considerables en campañas de pinkwashing.
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Recientemente, hemos sido testigos de un retroceso gradual pero generalizado a nivel mundial en el que los movimientos populistas rechazan las ideas liberales de diversidad y prefieren utilizar a las mayorías como bastión de poder. En Estados Unidos, la Corte Suprema retrocedió una generación de derechos que se sentían permanentes.
En ese mismo mes de junio, dicha Corte decidió un caso que, paradójicamente, permitió la discriminación y la negación de servicios a una persona homosexual por razones religiosas.
Partidos de diversas orientaciones políticas, tanto en Europa como en Latinoamérica, cuestionan todas estas "conquistas sociales" y buscan revertir el progreso alcanzado. Las sociedades están adoptando una actitud cada vez más intolerante.
Existen muchas teorías que intentan explicar las causas de este retroceso gradual y una de ellas toma relevancia: estamos en una transición de era, vinculada a los vertiginosos cambios tecnológicos en la comunicación, tal y como sucedió con la invención de la imprenta, la radio y la televisión, todas ellas generadoras de gigantescas oleadas de disrupción y turbulencia social.
Sin embargo, no todo es negativo. Desde la perspectiva de los juristas, representa un reto intelectual y profesional para mejorar, reinventar y crear herramientas e instituciones jurídicas que continúen protegiendo los valores fundamentales de la sociedad.
*Xavier Careaga es abogado especialista en tecnología, redes sociales y mercados digitales, tecnología de la información, medios y telecomunicaciones, regulación de contenido digital, libertad de expresión y activista por los derechos de diversidad, igualdad e inclusión.
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