Kodak fue la empresa líder en fotografía durante la mayor parte del siglo pasado, pero cayó en bancarrota por no adaptar su modelo de negocio a la era digital que ya se asomaba. Nokia, organización filandesa, dominó cómodamente el mercado de telefonía móvil desde finales de los 90, hasta que en 2007 un tal Steve Jobs presentó el primer teléfono íntegramente táctil. Google es actualmente el buscador web monopolístico por excelencia y Silicon Valley el centro de innovación soñado para los más codiciados tecnólogos, pero la Inteligencia Artificial (IA) de OpenAI y Chat GPT ya amenazan este último reinado.
La transformación digital no se ha considerado una prioridad para el sector legal por su carácter eminentemente “artesanal”. Tradicionalmente, el abogado ha venido gestionando y supervisando de manera enteramente personal cada una de sus tareas, con la ayuda, en el mejor de los casos, de uno o varios compañeros para descargar parte de sus labores.
Sin embargo, la incorporación de las herramientas de IA a las rutinas de trabajo de los despachos —capaces de leer y comprender ingentes volúmenes de expedientes y documentos jurídicos en apenas unos segundos, extrayendo la información relevante y discriminando aquella que se aparta de los patrones previamente definidos—, tendrá un efecto “democratizador” en el ejercicio de la profesión, permitiendo que los despachos más pequeños puedan competir con los grandes en asuntos antes impensables, al tiempo que disminuirá la demanda de abogados para las tareas analíticas de gran volumen y de menor valor añadido. Nos adentraremos en la era de la “comoditización” de los servicios jurídicos básicos.
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Pero la IA no se quedará ahí. Transformará también la abogacía hacia un modelo “predictivo”. El abogado conocerá la probabilidad estadística de ganar un caso y también sabrá cómo aumentar matemáticamente dichas probabilidades. Herramientas como Blue J. Legal, Lex Machina, Premonition o Legaloptics ya extraen patrones de información relevante sobre cada una de las variables estratégicas de los litigios (asunto, jueces, abogados y partes). Lo que sigue es la irrupción de un nuevo perfil profesional híbrido, que cabalgará entre el Derecho y la tecnología.
Ya contamos con antecedentes que nos advierten de este cambio de mentalidad. El caso más reciente y más sonado es el que ocurrió durante febrero pasado: DoNotPay, una plataforma americana de legal question answering basada en IA, solicitó a un Juzgado de Estados Unidos que uno de sus prototipos de IA defendiera en juicio a un particular al que habían impuesto una multa de estacionamiento. Este chatbot era capaz de ofrecer respuestas jurídicamente argumentadas en lenguaje natural a cuestiones legales en materia de reclamaciones de tráfico (“online robot lawyer”). Finalmente, no pudo llevarse a cabo por la falta de previsión legal en aquel país.
Si bien DoNotPay ha alcanzado la automatización absoluta en los procesos legales más sencillos, lo cierto es que en la actualidad no existe ningún software de IA capaz de resolver controversias jurídicas de cierta complejidad, en las que quepa extraer más de una interpretación posible en Derecho. El “motor de inferencia” de la IA, al día de hoy, carece de un nivel de rendimiento que le permita interpretar los hechos que han sido introducidos por su usuario, razonarlos y sacar todas las posibles conclusiones que sean lógicas y plausibles desde un punto de vista estrictamente jurídico.
Cuando llegue ese momento se plantearán nuevas interrogantes que obligarán a definir la eventual responsabilidad, caso por caso, en la que puedan incurrir los entes de IA por los errores cometidos. ¿Qué pasará si estos entes de IA contienen en su programación algún tipo de sesgo o prejuicio —por razón de sexo, religión o ideología— que los lleve a alcanzar conclusiones parciales o injustas con respecto a una de las partes? Y, en ese caso, ¿quién será responsable de los daños producidos por una decisión errónea de la que se derive algún tipo de perjuicio? ¿Cabrá entonces hablar de la responsabilidad jurídica de los entes de IA por las decisiones autónomas que estas tomen en un contexto distinto de aquel para el que fueron programadas?
Por estos y otros motivos urge establecer una serie de pautas que respondan a principios éticos fuertemente arraigados en nuestra sociedad, para que esta tecnología se emplee y siga desarrollándose de una manera segura y responsable.
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Pero, ¿y quién está legitimado para construir la ética de un algoritmo de IA?
Por su enorme potencial, este sigue siendo uno de los desafíos pendientes más importantes de la IA, que deberá procurar el más amplio consenso de la comunidad internacional. La incorporación masiva de sistemas de IA al mercado traerá consigo la aparición de nuevos conflictos y disputas legales en todos los órdenes que hasta el momento no han sido abordados, pero a los que ineludiblemente habrá que dar respuesta para garantizar la seguridad jurídica a nivel global de todos los fabricantes y consumidores de estos sistemas de inteligencia artificial que, más temprano que tarde, inundarán nuestra vida cotidiana y, en lógica consecuencia, también nuestra profesión.
* Javier Cuairán García es abogado de ONTIER, integrante del Departamento de Penal Económico de ONTIER España desde 2016, tras haber desarrollado su carrera profesional en el Departamento de Derecho Penal del Bufete Barrilero y Asociados (2007-2008) y, posteriormente, en el despacho penalista Urraza&Mendieta Abogados (2009-2016).
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