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Mujeres trabajando, foto referencial/Amy Hirschi
Mujeres trabajando, foto referencial/Amy Hirschi

Guatemala y la profunda desigualdad de género

El bagaje social y cultural ha vuelto indispensable una tutela adicional hacia las mujeres como grupo en riesgo de violencia física, emocional y económica
por Ana Karen de la Torre
publicado el06/03/2020
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Ximena Tercero es socia de Arias Guatemala desde el 2016 donde dirige la práctica de impuestos. La abogada es especialista en derecho aduanero, comercio internacional, precios de transferencia y también cuenta con experiencia en las prácticas de derecho corporativo y mercantil.

Para el especial Mujeres ante el Legislativo de LexLatin, Ximena Tercero habla sobre las políticas públicas en Guatemala pensadas para atender las problemáticas que involucran a las mujeres. La abogada hace ahínco sobre leyes, planes nacionales e iniciativas que todavía hacen falta. 

Ximena Tercero
Ximena Tercero

¿Qué leyes hay en el país que le parezcan un gran acierto para empoderar a las mujeres? 

En los últimos años, Guatemala ha hecho un esfuerzo significativo para proteger a las mujeres y para promover su desarrollo económico por medio de la creación de leyes y la ratificación de convenios internacionales.

Guatemala es miembro de la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” desde 1982 y ratificó su Protocolo Facultativo en 2001. También ha ratificado la “Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer”, la “Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer” y los Convenios 45, 89 y 103 de la OIT. 

En cuanto a leyes emanadas del Congreso de la República, pueden mencionarse las reformas al Código Civil y la Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer. Además, existe una iniciativa para emitir una “Ley del Desarrollo Económico de las Mujeres” en el Congreso de la República. 

A pesar de contar con una Constitución que tiene como pilar la igualdad y la libertad, nuestro bagaje social y cultural ha vuelto necesaria, sino indispensable, una tutela adicional hacia las mujeres como grupo en riesgo de violencia física, emocional y económica. Para el año 2017, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) registraba a Guatemala con un índice de desigualdad de género del 0.49, ubicado en el percentil 72. En otras palabras, Guatemala estaba, para ese entonces, por debajo del 72 % con respecto al resto de los países del mundo y solo Haití superaba a Guatemala en desigualdad de género en la región.

Por si esta cifra no fuera suficiente señal de alarma, el PNUD también indica en su informe que por cada dólar que gana un hombre guatemalteco, una mujer gana 56 centavos y que los puestos altos siguen estando predominantemente entre hombres.

Contamos con leyes que protegen y promueven el desarrollo de la mujer y su participación más activa en la economía. Sin embargo, más que emisión de normas de carácter ordinario y específico, Guatemala necesita la debida aplicación y el cumplimiento de los preceptos básicos de libertad e igualdad.

¿Qué leyes hacen falta en esta materia?

La iniciativa para la “Ley del Desarrollo Económico de las Mujeres” parece ser una propuesta interesante porque busca facilitarle recursos financieros y otorgar independencia económica a las mujeres y dar acompañamiento integral por medio de capacitación en proyectos productivos.

Sin embargo, esta no puede ser una iniciativa aislada y debería ser acompañada de políticas públicas que promuevan el acceso a la educación de las niñas guatemaltecas desde la primera infancia y protejan su integridad.

¿Qué leyes afectan la vida social, laboral o económica de las mujeres y deberían ser reformadas?

En el pasado, nuestro ordenamiento jurídico ha contado con disposiciones legales discriminatorias hacia las mujeres; sobre todo, en el ámbito de su vida privada. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha identificado algunas disposiciones legales, principalmente en el Código Civil, que todavía colocan a la mujer en situación de desventaja, esto se acentúa en casos de la tutela de los menores que no sean sus hijos.

Otras normas del Código Civil y del Código Penal relativas al adulterio y al plazo para volver a contraer matrimonio ya han sido declaradas inconstitucionales por la Corte de Constitucionalidad en aras de proteger a la mujer. Regulaciones como la edad mínima para contraer matrimonio han sido modificadas en pro del bienestar de este grupo.

Toda ley o disposición contraria al espíritu de nuestra Constitución, como velar por la igualdad, debiera de ser reformada o derogada. Las mujeres merecemos igualdad de oportunidades y debemos tener iguales responsabilidades. A mi criterio, más que un problema de legislación es un problema social y cultural.

Una iniciativa interesante, podría ser el establecimiento de cuotas a niveles de cargos directivos y participación en el ámbito laboral. Esta propuesta, puede ayudarnos a construir una cultura de inclusión hasta que logremos familiarizarnos con ella; no obstante, para que este tipo de norma sea efectiva, debe ir acompañada de un cambio cultural y de la justa calificación de capacidades. De poco sirve incluir miembros en un grupo a través de cuotas si su voz no se escucha con la misma fuerza y sus opiniones no son valoradas adecuadamente.

Las leyes inciden en las oportunidades económicas de las mujeres, ¿hay casos de éxito sobre leyes que les hayan abierto posibilidades económicas a las mujeres? 

En Guatemala no contamos con leyes específicas que hayan generado oportunidades económicas a las mujeres. Nuevamente, tendríamos que aplicar correctamente nuestro ordenamiento legal general.

Sin embargo, el Acuerdo Gubernativo 302-2009, del 11 de noviembre de 2009, aprobó la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023 (PNPDIM), formulada por la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM). El PNPDIM contiene un plan de acción relativo al eje de desarrollo económico y productivo con equidad, cuyo objetivo es potenciar la autonomía económica, la capacidad productiva y empresarial de las mujeres, garantizando su acceso a recursos, bienes y servicios. Pero, la mayoría de los programas, subprogramas, proyectos y actividades no se han ejecutado. 

Por otra parte, la iniciativa privada ha realizado programas que buscan empoderar a la mujer en el ámbito económico, un ejemplo de ello es la Fundación Citi, que creó un programa denominado «Mujeres Emprendedoras» que busca capacitar a 150 mujeres en ámbitos de negocios, desarrollo de presupuestos y ahorro, pago de impuestos, trámites ante el Registro Mercantil, entre otros.  

¿Cómo, desde la legislación, podemos garantizar que las mujeres sean parte del desarrollo económico del país?

Es un reto muy grande intentar resolver problemas sociales y culturales con palabras escritas. Sin embargo, creo que una normativa de cuotas de participación de mujeres en las actividades económicas acompañada de la promoción de la educación obligatoria de las niñas, por lo menos a nivel primario, puede abrirnos mejores oportunidades.

Si el Poder Legislativo en este momento le confiere la tarea de proponer una iniciativa para abrir oportunidades para las mujeres, ¿desde qué punto abordaría su proyecto de ley?

Creo que sería desde el punto de la educación, a todo nivel. Necesitamos volver a aprender que somos iguales en derechos y responsabilidades. No he sido partidaria de la iniciativa de cuotas en el pasado porque crecí con la idea de que todos gozábamos de los mismos derechos y, por ende, teníamos las mismas oportunidades. Cuando analicé los indicadores, la necesidad de estas me resultó urgente. 

¿Cómo, desde la práctica del derecho, desde estar en una firma, se puede impulsar el empoderamiento de mujeres?

He sido muy afortunada por desarrollarme en una firma en la que la igualdad de género forma parte del ADN y en la que, sin políticas, cuotas o creación de conciencia, existen las mismas oportunidades para sus integrantes. Practicamos la meritocracia y apoyamos a las profesionales, sobre todo a las madres, para que puedan impulsar su ejercicio a través de la implementación de horarios flexibles y capacitaciones. 

Es un gran reto abrirse paso, en una industria tradicionalmente liderada por hombres. Sin embargo, nuestra firma, en toda la región, cuenta con una socia administradora en cada país. Además, 49 % de las socias somos mujeres y el 54 % del staff legal son mujeres. Nos sentimos muy orgullosos de ser un despacho que no ve género o etnia, sino el talento y el compromiso de las personas.

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