Para este 2024, la Cepal estima que los escenarios económicos son, en general, positivos, aunque la región tiene debilidades en diferentes planos, como procesos electorales en países importantes dentro y fuera de la región, como en Estados Unidos, y proyecciones de debilitamiento de algunas economías relevantes como Chile o Colombia, así como un crecimiento económico desigual en medio de conflictos nacionales y algunos de carácter regional.
Se espera -además- que Acuerdos como Mercosur y la Alianza del Pacífico fortalezcan las relaciones comerciales regionales.
Conviene revisar que en 2022, su más reciente estudio, la Cepal indicó que circularon 1.294,74 billones de dólares en el mundo por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), de los cuales 99 billones de dólares se dirigieron a Latinoamérica. A pesar de que la IED a escala global cayó en 12 % en el último año reportado, en América Latina y el Caribe este flujo de capital aumentó un contundente 94 %.
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México: el que más capta
México es, con amplia ventaja, el primer destino de Inversión Extranjera Directa en América Latina. Según la Cepal, esperaba más de 41.000 millones de dólares en entradas de capital en 2022, seguido por Brasil con 17.890 millones de dólares.
La nación forma parte de una alianza comercial con Estados Unidos y Canadá y, además, es una de las economías más estables de la región, aparte de ser la decimosegunda por tamaño de su PIB en el mundo, según el Banco Mundial.
El asesor económico José Manuel Puente ubica a México entre las economías líderes en la conformación de un nuevo modelo económico con más centros de poder en el futuro, con un “claro liderazgo en el contexto latinoamericano”.
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Sin embargo, a pesar de su creciente apertura comercial, México tiene sectores considerados estratégicos en los que está vedada o muy regulada la inversión extranjera directa.
Básicamente, para que una empresa extranjera tenga más de 49 % de participación en un proyecto radicado en México, se requiere autorización expresa de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, en función del sector económico en el que aspire a participar.
Aunque el marco legal parece muy restrictivo, en los últimos años se han producido flexibilizaciones importantes que han permitido abrir, en diversas proporciones, 27 actividades restringidas al capital foráneo.
“En caso de que un inversionista tenga intención de participar en actividades en las que tenga restricciones o en porcentajes mayores a los permitidos por la Ley de Inversión extranjera, lo puede hacer a través de la 'inversión neutra', pero esta debe ser previamente aprobada por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, y otorga únicamente derechos económicos y no corporativos al inversionista”, señala Alberto Bustamante, consejero de Gonzalez Calvillo.
Por otra parte, México apuesta fuertemente por el modelo de nearshoring para incrementar la IED en condiciones más flexibles, también desde el punto de vista tributario.
“El nearshoring consiste en una estrategia de producción, por la que una empresa transfiere parte de su producción a un tercero que, pese a estar en otro país, se encuentra en un lugar cercano. Si bien no es algo nuevo, debemos reconocer que diversos factores han ocasionado que empresas de Estados Unidos busquen incorporar a la industria nacional dentro de sus procesos productivos”, apunta el abogado.
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Chile: un punto estratégico en Sudamérica
Chile es el cuarto país latinoamericano con mayor monto de proyectos anunciados de inversión extranjera directa, según la Cepal, con una cifra estimada de 4.880 millones de dólares previstos para 2022, de ejecución en años posteriores. Se trata de una de las economías más modernas de la región y con un diverso y elevado potencial minero.
La Ley permite el otorgamiento de un Certificado de Inversionista Extranjero en Chile que asegura derechos muy relevantes, como la posibilidad de sacar del país los montos por capital transferido y utilidades generadas, previo cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Este certificado garantiza que no existan discriminaciones arbitrarias contra inversionistas internacionales, de manera que tengan el mismo trato que los nacionales. También habilita la exención del impuesto sobre las ventas de bienes y servicios a la importación de bienes de capital.
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Las rentas de fuente chilena generadas por inversionistas extranjeros pagan el impuesto adicional aplicable a personas y empresas residentes fuera de la jurisdicción del país austral, con una tasa del 35 %.
“Esta tasa puede ser rebajada por aplicación de un Convenio de Doble Tributación (CDT) o una disposición especial de la legislación interna”, apunta el equipo tributario de Carey, coordinado por el socio Manuel José Garcés. En la actualidad, Chile cuenta con alrededor de 36 convenios vigentes contra la doble tributación.
Chile exonera del impuesto al valor agregado (IVA) a las importaciones de bienes de capital dirigidas a proyectos de IED en minería, sectores forestal e industrial, energía, infraestructura, telecomunicaciones, investigación o desarrollo tecnológico, médico o científico, “siempre que el proyecto suponga una inversión de al menos 5 millones de dólares”.
Además, el régimen aduanero chileno garantiza la exención del pago de arancel aduanero (6% aplicable sobre el valor CIF de la mercancía importada) respecto de aquellos bienes calificados como 'originarios de un país que mantenga un acuerdo de libre comercio vigente con Chile', como Estados Unidos, China, la Unión Europea, entre otros.
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Perú: la construcción de una economía competitiva
Según el estudio más reciente de Cepal antes citado, Perú tiene proyectos anunciados de inversión extranjera directa por un total de 1.333 millones de dólares. A pesar de su persistente problema de inestabilidad política, este país ha logrado posicionarse como una economía competitiva a escala regional.
De acuerdo con José Cúneo, socio de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, esto se debe al consenso sobre la necesidad de incentivar el crecimiento del sector privado y facilitar el acceso del capital extranjero.
El régimen regulatorio peruano establece claramente que “no debe existir discriminación entre los inversionistas peruanos y extranjeros, se garantiza la posesión y uso de moneda extranjera y el uso del tipo de cambio más favorable del mercado”.
“Adicionalmente, los inversionistas extranjeros que cumplan con ciertos requisitos y las compañías que reciben la inversión extranjera se pueden beneficiar del régimen de estabilidad jurídica y, por este, el Estado –a través de la firma de contratos de estabilidad– garantiza ciertos beneficios y derechos a los inversionistas y a las empresas receptoras de la inversión”, sostiene el abogado.
El estratégico sector minero tiene un régimen especial de estabilidad que incluye facilidades cambiarias, tributarias y administrativas específicas para facilitar la entrada de capital foráneo.
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En el plano impositivo-aduanero, Perú tiene cuatro zonas económicas especiales en Tacna, Piura, Moquegua y Arequipa, con normas específicas que flexibilizan especialmente la llegada de inversión extranjera.
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) es el brazo operativo del Estado para atraer inversiones extranjeras bajo las modalidades de asociaciones público-privadas, proyectos en activos y obras por impuestos.
Por otra parte, en Perú “no existen impuestos particulares aplicables al capital extranjero por el solo hecho de no ser peruano. El aporte de capital a una sociedad peruana no genera impacto tributario”, explica Alan García Nores, quien también es socio del escritorio jurídico.
Además, la legislación peruana estableció un régimen de recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas, “orientado a permitir la recuperación del IGV pagado en la compra de bienes, servicios y contratos de construcción que sean parte de la puesta en operación de un proyecto de inversión”, indica el abogado.
Agrega que para la exploración minera y de hidrocarburos se permite la recuperación del IGV pagado en la compra de ciertos bienes, servicios y contratos de construcción que sean parte de la inversión en exploración de dichas materias primas y las zonas económicas especiales.
La competencia por la Inversión Extranjera Directa (IED) es cada vez más intensa. En una economía globalizada, las fronteras económicas se diluyen, por lo que los regímenes jurídicos atienden, en general, a principios de igualdad de condiciones, libertad cambiaria, reducidas tasas de imposición, condiciones claras para la gestión financiera y generación de confianza.
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