A casi dos años de la creación del programa Reactiva Perú, la problemática en torno a la devolución del préstamo se hace cada vez más evidente: una de cada cuatro empresas aplazó el pago del crédito y la mitad del saldo de deuda del programa está reprogramada, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas. Además, las nuevas reprogramaciones que se efectúan al amparo del DU N° 011-2022 con fondos propios de las entidades financieras, consideran intereses que fluctúan entre 15 % y 17 %, muy por encima de las tasas originales que no superaban el 3 %.
En esta línea, se presenta otra situación que podría ser el origen de más inconvenientes para las empresas beneficiarias del programa: el incumplimiento de las obligaciones que adquirieron al acogerse facultará a la entidad financiera a dar por vencidos todos los plazos del crédito y exigir el pago de la totalidad de la deuda, incluidos los intereses.
Quizá quieras leer: Perú propone congelar deudas para enfrentar la pandemia
Conforme a la norma que crea el Reactiva, otras normas complementarias y los contratos suscritos con las entidades financieras, las empresas se comprometieron principalmente a:
- No cambiar el giro ordinario del negocio.
- Utilizar el crédito como capital de trabajo.
- No distribuir dividendos.
- No utilizar el crédito para: (i) adquisición de activos; (ii) compra de acciones, participaciones, bonos u otros activos monetarios; (iii) pagar obligaciones financieras adeudadas; (iv) pago de obligaciones vencidas y (v) prepago de obligaciones financieras no vencidas.
Adicionalmente, a la falta de cumplimiento de tales compromisos, las financieras podrán aplicar un vencimiento adelantado si la beneficiaria suspende sus actividades comerciales, enajena o grava más del 25 % de sus activos o si comprueba que cualquier información provista para obtener el crédito fue falsa, inexacta, incompleta o adulterada.
Para que este vencimiento anticipado opere basta que la entidad financiera emita una comunicación solicitando el pago integro de la deuda, quedando facultada para iniciar las acciones de cobro que considere conveniente.
Al respecto, la normativa aplicable precisa que la gestión de la cobranza de la cartera será obligación de la entidad financiera, que debe agotar todos los medios disponibles y demostrar la debida diligencia en esta función, para solicitar el honramiento de la garantía por parte del Estado.
Te puede interesar: Los financiamientos clave durante la pandemia en Perú
Las empresas deben tener en cuenta que, antes de que se aplique la garantía del Estado, la entidad financiera procederá enérgicamente con todos los mecanismos de cobranza que le otorga la ley. Asimismo, deberán considerar si se constituyeron garantías adicionales como fianzas solidarias, hipotecas, garantías mobiliarias, títulos valores, retención de cuentas, entre otros mecanismos.
A efectos de evitar una avalancha de incumplimientos de créditos otorgados bajo el programa Reactiva Perú, el Estado debe intervenir continuando con el apoyo a las empresas deudoras en los sectores más afectados y otorgando mayores facilidades a las entidades financieras para que otorguen los refinanciamientos en condiciones más favorables.
*Walter Aguirre es socio de Aguirre Abogados & Asesores.
}
Add new comment