El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó recientemente una lista de propietarios de empresas establecidas en paraísos fiscales. Según los datos reportados, al menos 35 líderes mundiales y más de 300 funcionarios públicos de alto rango tienen empresas offshore en países considerados de alto riesgo fiscal, es decir, que ciertas lagunas en su legislación podrían permitir la reducción de impuestos por medios ilícitos.
Llama la atención que muchas de las personas mencionadas en la investigación cuentan con ingresos millonarios, son figuras públicas o personas que ocupan cargos políticos y están involucrados en decisiones estructurales de ciertos países. El caso Pandora Papers, sin duda, proporciona una valiosa lección desde el punto de vista de la gestión de riesgos corporativos.
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Conceptos clave
Desde el punto de vista del compliance, antes de entrar al fondo del asunto, es importante definir algunos conceptos para las y los lectores:
- Los paraísos fiscales se encuentran en países o estados en los que la carga tributaria es muy pequeña o nula y permiten a las empresas mantener la confidencialidad de su constitución corporativa.
- A su vez, una empresa cuyas actividades tienen lugar "más allá de la costa", concepto comúnmente conocido como offshore, y ha sido establecida fuera del domicilio fiscal de su gerente, en la mayoría de los casos, refiere a una estructura creada con el fin de proteger los activos contra la inestabilidad del mercado en los países de origen de sus socios o inversores.
- En ese sentido, la persona que busca la evasión fiscal puede utilizar, como herramienta, la creación de una sociedad con ventajas fiscales en un paraíso de este tipo. De este modo, la autoridad tributaria de su domicilio de recaudación tendrá dificultades para mapear sus operaciones y multarla por los impuestos adeudados, esto es porque, precisamente, estas figuras pueden mantener oculta la participación dentro de las organizaciones.
- En principio, garantizar una recaudación tributaria muy inferior a la que tendría en su país de domicilio fiscal puede constituir un fraude al sistema tributario de su país de origen.
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Due diligence
Las empresas que cuentan con mecanismos internos de gestión de riesgos, como controles de integridad (due diligence) y un programa de cumplimiento estructurado, por regla general, aplican una contención de riesgos corporativos para evitar cualquier negociación con organizaciones ubicadas en paraísos fiscales.
El motivo de las comprobaciones de cumplimiento preventivo y las rutinas de evasión de negociaciones es que, con frecuencia, estas empresas se eligen para cometer delitos como blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y, por supuesto, evasión fiscal. Debido a que los registros de las empresas en los paraísos fiscales contienen menos información que la que se necesita para administrar empresas en un país con una carga fiscal normal, resulta fácil utilizar a las offshore como sede para la comisión de tales delitos. Cuanto menor sea la transparencia exigida será más fácil ocultar actos contrarios a la ley.
Por ello, la empresa asociada a una organización establecida en un paraíso fiscal puede sufrir importantes impactos, no solo en su imagen, sino también en términos económicos y legales. Si una de estas empresas ubicadas en paraísos fiscales comienza a ser investigada, es posible que los socios comerciales y los clientes también entren en la mira de las autoridades, en paralelo, sus operaciones también podrían ser cuestionadas.
En este sentido, aunque la empresa no tenga absolutamente ninguna acción irregular, el mero hecho de tener una organización incorporada en un paraíso fiscal como socio comercial puede llevar a sus directores a una investigación criminal o, peor aún, a una acción criminal.
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Figuras públicas
El caso Pandora Papers trae otro importante detonante: la facilidad para ocultar la participación accionaria hace que la apertura de sociedades offshore sea extremadamente interesante para figuras públicas y personas políticamente expuestas que son, por sí mismas, contrapartes de riesgo extremadamente alto desde el punto de vista del cumplimiento.
Además del riesgo inherente, se puede identificar otro muy relevante cuando se trata de gestionar el riesgo corporativo: la empresa que negocia con offshore puede estar tratando con una organización que tiene, en su estructura, a una persona pública o políticamente expuesta.
Recordemos que entre los 35 administradores públicos que tienen sucursales en paraísos fiscales se encuentra el presidente de Azerbaiyán, el primer ministro de la República Checa; el presidente de Chipre; un exprimer ministro inglés; los presidentes de Ucrania y Rusia, y altos cargos públicos escalonados de diferentes países.
El riesgo de mantener una relación cercana —especialmente empresarial— con personas políticamente expuestas o figuras públicas es el aumento exponencial de la exposición a delitos de corrupción (principalmente en la modalidad pública, pero también en la versión privada en países que lo prevén). Las empresas cuyas estructuras corporativas cuentan con personas públicas tienen más probabilidades de verse involucradas en situaciones de soborno y pagos de facilitación.
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Al existir una diligencia eficaz, cierta agilidad y, sobre todo, claridad de propósito, no es necesario que las organizaciones corran el riesgo de abrir las cajas de Pandora.
* Eduardo de Avelar Lamy es socio del bufete de abogados Lamy & Faraco Lamy y presidente del Comité de Cumplimiento de la OAB/SC.
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