El desarrollo de una minería responsable con mejores prácticas ambientales y laborales es la meta que se ha planteado Ecuador, razón por la cual llega el Decreto Ejecutivo 151, un plan de acción del sector minero para 100 días. LexLatin entrevistó a Andrés Terán, de HEKA Law Firm, a fin de contar con una opinión experta al respecto.
¿Cuáles son las nuevas oportunidades y beneficios que se abren para el sector minero?
El plan permite la activación de las actividades mineras en cumplimiento con las disposiciones constitucionales y legales del sector, con un enfoque especial en el combate de la minería ilegal, la eficiencia e innovación, responsabilidad social y ambiental y protección de las inversiones. Las oportunidades se presentan -por lo tanto- a las empresas multinacionales que manejen altos estándares de calidad en su operación, lo cual es muy importante para proteger de la mejor forma posible la flora y fauna de nuestro país.
¿Cuáles serían las dificultades administrativas que se tienen que trabajar ante dicho decreto?
El principal reto se encuentra en la generación de las políticas públicas que fortalezcan los procesos administrativos para que la autoridad maneje los mismos de manera objetiva, evitando discrecionalidad e irregularidades.
El diseño del proceso de consulta previa a las comunidades que legitime las actividades mineras dentro de territorios indígenas constituye también un reto importante y coordinado con otras entidades del Estado. Para que tengan éxito se requiere una comprensión profunda de la relación que tienen las comunidades con su territorio y la estructura social que cada una tiene.
El combate y erradicación de la minería ilegal va a requerir el trabajo coordinado con Defensa Nacional y Policía Nacional, ya que es una actividad actualmente relacionada con organizaciones criminales consolidadas.
¿Cómo será la responsabilidad ambiental en Ecuador?
Las actividades mineras requieren de lineamientos estrictos de responsabilidad ambiental para el uso de fuentes hídricas, para controlar el impacto ambiental y prever su remediación. Todavía está pendiente el trabajo coordinado entre el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. En los siguientes 100 días desde la emisión del Decreto podremos ver cuáles terminan siendo los cambios normativos que resulten de su trabajo en conjunto. Sin embargo, el Decreto es claro con respecto a la existencia de la responsabilidad ambiental y la necesidad de controles ex ante y ex post que deberán generarse para velar por su cumplimiento.
Una de las partes del decreto se enfoca en la simplificación de trámites, ¿ha sido esto un problema recurrente para sus clientes?
La hiperregulación es una realidad en todos los sectores regulados, debido a la falta de un proceso previo de evaluación de impacto de la regulación por parte de los organismos de regulación y control. Es un problema que supone en muchas ocasiones un obstáculo de entrada para la inversión extranjera.
El Decreto se enfoca no solamente en la simplificación, sino en la eficiencia de los trámites y en la objetividad de los procesos administrativos.
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Después de los 100 días de plazo, ¿qué se espera por parte de las autoridades?
Se espera que en este plazo las Autoridades ya tengan un estudio pormenorizado de las normas técnicas y reglamentos de aplicación que deberán ser generadas, las que deban ser derogadas y aquellas que tengan que ser reformadas, junto con sus respectivos proyectos a ser aprobados por el Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Con tales aprobaciones, esperamos ver una reactivación responsable de las actividades mineras en todas sus formas y escalas que beneficien al Estado ecuatoriano y a las comunidades.
El proyecto habla de evitar la discrecionalidad o arbitrariedad. ¿Era un aspecto recurrente a la hora de trabajar con funcionarios de la administración pública?
La discrecionalidad o arbitrariedad es un aspecto recurrente en diferentes fases. Cuando la norma no establece premisas objetivas puede suceder que los funcionarios a cargo de ejecutar uno u otro proceso administrativo duden sobre su resolución, en virtud de la responsabilidad administrativa y personal que podría acarrear. Sin embargo, al estar la función pública tan distante de la privada, las autoridades no identifican el perjuicio que sus actos acarrean. Esperamos que las reformas a los procesos administrativos puedan otorgar a los funcionarios de turno la seguridad de que actúan en virtud de normas objetivas y estandarizadas.
¿Qué dice la ley sobre los mecanismos de reclamación?
La Ley de Minería establece que las controversias se resolverán de acuerdo con lo que se establezca en los contratos que suscriba el Estado, que podrán someterse a jueces ecuatorianos, o a un centro de arbitraje en Latinoamérica. Con el reingreso del Ecuador al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, esperamos que el Estado opte por este mecanismo para proteger las inversiones extranjeras, sobre todo aquellas para minería a gran escala o plantas de refinamiento o beneficio que requieran de altos montos de inversión.
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