Ya suman 20 las instituciones privadas que no obtuvieron la licencia de funcionamiento que otorga la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en Perú. Estas casas de estudio tienen dos años para retirarse del negocio de la educación superior y con esta medida mas de 50.000 estudiantes se están viendo afectados. La mitad de las universidades sin licencias tenían en sus planes de estudio la carrera de Derecho.
El proceso de licenciamiento de universidades lleva cuatro años y obedece a la reforma de la Ley Universitaria aprobada en julio de 2014. En total se deben revisar 141 escuelas, ya solo faltan 44.
Las universidades Peruana del Oriente, Privada Juan Pablo II, Privada de Ica, Privada de Pucallpa, de Chiclayo, San Andrés, Privada Sergio Bernales, Marítima del Perú, Peruana de Integración Global y, recientemente, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) son las casas de estudio que formaban abogados y ya no lo podrán hacer. En el caso de la última, se trata de una institución con cierto prestigio de la que han egresado reconocidos funcionarios como el actual presidente del Consejo de Ministros, Vicente Antonio Zeballos Salinas.
Ante las protestas, la Sunedu precisó mediante un comunicado que su fallo obedece a que “la UIGV no ha sido capaz de demostrar ante el organismo el cumplimiento de ninguna de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), indispensables para la prestación del servicio educativo universitario en el Perú”. Estas condiciones son: existencia de objetivos académicos, grados, títulos y plan de estudio; oferta educativa compatible con los instrumentos de planeamiento; infraestructura; líneas de investigación; disponibilidad de personal docente con no menos del 25 % a tiempo completo; servicios educacionales complementarios básicos; mecanismos de inserción laboral y transparencia.
En LexLatin conversamos con el secretario general de la Sunedu, Marco Castañeda Vinces, quien explicó que todos los estudios realizados por los estudiantes hasta el día de la resolución tienen perfecta validez para ser convalidados, así como los grados y títulos obtenidos. En cuanto a las opciones de los estudiantes detalló que “la resolución del Consejo Educativo señala las responsabilidades de las universidades con licencias denegadas para dar respuestas a sus estudiantes: tienen plazo de 60 días para informar si van a seguir funcionando en los 24 meses que tienen de plazo para cesar actividades, o si van a establecer convenios con universidades licenciadas”.
Para ejercer como abogado, de acuerdo con la legislación local, es necesario obtener el título, inscribirlo ante la Corte Superior correspondiente e incorporarlo en un colegio de abogados. LexLatin consultó si el Colegio de Abogados de Lima había definido una postura sobre el tema y la respuesta, mediante la oficina de prensa, fue que se conformó una mesa de estudios y se está evaluando. Los requisitos para ingresar al Colegio de Abogados de Lima se reducen a la entrega de los antecedentes penales, registro del título ante la Sunedu y ante la Corte Suprema de Justicia del Perú y el pago por incorporación.
Mecanismos de defensa y posibilidad de amparo
En una demanda de inconstitucionalidad planteada por el Colegio de Abogados de Lima y el Congreso disuelto, el Tribunal Constitucional determinó que la Ley Universitaria no afecta la autonomía de las universidades, sino que estas deben ser concebidas como instituciones vinculadas con normas de funcionamiento, así pueden ser controladas, supervisadas y hasta sancionadas aunque se desprenden de iniciativas privadas.
"El amparo no es la vía idónea”, detalló Marco Castañeda Vinces, incluso si se alega obstrucción al derecho a la educación. “La Sunedu se ha preocupado porque esa pérdida de autorización no se ejecute de manera inmediata, sino que el cese de las actividades educativas sea dentro de un plazo de hasta dos años. La vía idónea es el procedimiento contencioso administrativo”. Son cuatro las universidades hasta ahora que han abierto esta vía.
La Universidad Inca Garcilaso de la Vega está dentro del plazo (15 días) para presentar un recurso de revisión. La resolución final se sabrá dentro de los 30 días siguientes. “Ciertamente este plazo es corto, 45 días sumados. Tratar de revertir una situación que no se pudo demostrar en tres años, es complejo”, mencionó Castañeda Vinces.
Hasta la semana pasada todos los amparos contra estas resoluciones de la Sunedu habían sido desechados por improcedentes, pero la Universidad Privada Telesup, una de las casas de estudio afectadas, presentó un amparo con una medida cautelar para dejar sin efectos la resolución y continuar con su proceso de admisión. Según la Sunedu este recurso fue admitido en un distrito judicial fuera de competencia.
Alberto Cohen Vela fue quien admitió el amparo de Telesup. Cohen, exjuez del Segundo Juzgado Civil Permanente de Bagua, está siendo procesado por la Fiscalía Anticorrupción por el delito de asociación ilícita por supuestamente integrar una red de cobranzas fraudulentas por más de 150 millones de dólares. Renunció horas después de su decisión.
Sobre esta acción el secretario general de la Sunedu explicó que “el procurador impugnará la decisión en cuanto nos sea notificada, aunque ya renunció el juez que tenía a cargo ese proceso. Ya hay otro juez que tiene que evaluar las medidas que correspondan”, refirió.
En cuanto a la posibilidad de que las denegaciones de licenciamiento se conviertan en una herramienta para que los estudiantes presenten demandas por responsabilidad, Castañeda Vinces mencionó que es un tema complejo pues parte de la transparencia de las universidades. “Sobre todo en los procesos de admisión, si las universidades sabían que no estaban avanzando y continuaron convocando a nuevas admisiones sin dar información, probablemente haga que los estudiantes se sientan perjudicados”, comentó el secretario general de la Sunedu.
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