Luego de que el Congreso peruano destituyera al presidente Martín Vizcarra a tan solo cinco meses de las elecciones generales (que se celebrarán el 11 de abril de 2021), Manuel Merino de Lama, quien había sido el presidente del Legislativo, asumió el encargo y ya ha nombrado a su primer ministro: Ántero Flores-Aráoz. El nombramiento suma al descontento social, en los últimos tres días se han registrado protestas en diversos puntos del país.
Flores-Aráoz fue ministro de defensa en el segundo Gobierno de Alan García, cuando sucedió la masacre en Bagua, una de las provincias del departamento de Amazonas, que dejó 33 muertos. Además, su despacho patrocinó a la Universidad Privada Telesup, la institución que el año pasado causó polémica por una cautelar ganada, mientras la autoridad educativa no había certificado su plan de estudios.
El proceso de vacancia fue iniciado por el Congreso el pasado 20 de octubre, después de que medios de comunicación denunciaron que Vizcarra recibió sobornos para favorecer a ciertas constructoras en procesos de licitación durante su periodo como gobernador de Moquegua, región sureña del Perú. La destitución se fundamentó por la causal constitucional de “incapacidad moral permanente”. Cabe recordar que desde septiembre el Ejecutivo envió una demanda competencial al Tribunal Constitucional para que interpretara este artículo y este aún no lo ha hecho.
Se necesitaban 87 votos del Parlamento peruano para lograr la remoción del presidente, cifra que fue superada con 105 votos a favor de la vacancia. Tan solo 19 legisladores votaron en contra y 4 se abstuvieron. En el actual Parlamento al menos 68 congresistas han sido denunciados o tienen un proceso abierto por corrupción y hasta una sentencia de primera instancia en curso.
De acuerdo con Elena Alvites Alvites, constitucionalista peruana, la vacancia o destitución del presidente es un supuesto en el que el titular del Poder Ejecutivo es removido por distintas causales: por salida del país sin autorización del Congreso, por no regresar en el tiempo que le fue concedido o bien por incapacidad física o moral. A decir de la académica, estos supuestos son heredados de constituciones anteriores y se vinculan a la incapacidad mental.
Esta última causal faculta al Congreso, con una discrecionalidad muy amplia, para determinar lo que se considera moral o no. La constitucionalista considera esta facultad como “un desequilibrio del Poder entre las potestades del Ejecutivo y Legislativo”. Una correcta aplicación de la norma se daría tomando en cuenta todos los dispositivos constitucionales vinculados a la responsabilidad o vacancia presidencial y no solo el inciso 2 del artículo 113, que establece la vacancia por incapacidad moral permanente.
”Si la vacancia se convierte, en la práctica, en una sanción al presidente, la sanción debería acarrear un debido proceso; una investigación”, agrega la experta. Durante la audiencia para la vacancia, se le concedió la palabra al presidente Vizcarra por una hora para expresar sus descargos, “esto genera dudas sobre si la mera audiencia es suficiente para hablar de un debido proceso”.
El mandatario fungió como presidente por dos años y siete meses. Martín Vizcarra era vicepresidente cuando asumió el mandato, por la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien cumple una condena domiciliaria por su participación en el caso Lava Jato. Vizcarra está teniendo la misma suerte de su predecesor. El último presidente vacado fue Alberto Fujimori, en 2000, por la misma causal. Entonces Fujimori, desde Japón, había renunciado a la Presidencia del Perú y el Congreso rechazó su renuncia para vacarlo.
Merino asume el cargo, reformas pendientes
Debido a la cercanía de las elecciones y a que en mayo pasado Mercedez Aráoz renunció a su cargo como segunda vicepresidenta, sin opciones de sucesión en el Ejecutivo, el mandato recayó en el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. Este tomó juramento como presidente del Perú el martes pasado, convirtiéndose en el tercer presidente del quinquenio.
Respecto de las reformas que están pendientes, Alvites considera que no es el momento oportuno para discutirlas y cree que lo mejor será esperar a que el nuevo Congreso, el elegido en abril, retome esos temas. “Perú se encuentra frente a un escenario donde el Congreso de la República tiene el Poder propio del Congreso y además tiene un pie en el Poder Ejecutivo. Por ende, frente a esa omnipresencia del Poder Legislativo en el Estado peruano, no es recomendable adoptar reformas profundas”.
Para la constitucionalista, el deber del nuevo mandatario es gestionar el Estado y seguir haciendo frente a la pandemia, adoptar medidas de protección a la población, la reactivación económica, pero evitar reformas profundas o sustantivas de nuestro esquema constitucional actual.
“De continuar con ciertas reformas sustantivas se continuará con el desequilibrio del poder”, advierte la doctora en Derecho Constitucional. Es el caso de la reforma que busca la selección y designación de los miembros del Tribunal Constitucional.
Mientras tanto, Vizcarra ha declarado por las acusaciones en su contra ante la Fiscalía y ha hecho pública su decisión de no interponer ningún recurso legal en contra de la decisión del Congreso.
}
Add new comment