Alexis Fonteyne, diputado federal de Novo-SP y presidente del Frente Parlamentario por Brasil Competitivo, presentó en julio el Proyecto de Ley 2056 (PL 2056) para modificar la Ley 5.648/70, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inpi), y la Ley de PI 9.279/96, que regula la propiedad industrial brasileña.
Fonteyne persigue cuatro cambios: mejorar la gestión del Inpi, implementar la decisión del Supremo Tribunal Federal en la ADI 5529/2021 —en especial sobre los plazos de patentes—, modernizar la tramitación de solicitudes de patentes y mejorar el sistema de protección penal de los inventores y sus invenciones, con el fin de modernizar el sistema de patentes brasileño.
La meta es que la reforma aumente la seguridad jurídica para las inversiones en tecnología e innovación, emulando los cambios llevados a cabo por oficinas de patentes como la de Estados Unidos, la Oficina Europea de Patentes y la Oficina Japonesa.
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Cambios propuestos
“El proyecto de ley establece”, explicaron Marcela Trigo y Felipe Zaltman, socios de Trench Rossi Watanabe, “que las patentes pueden solicitar una compensación de hasta 5 años por la acumulación de BPTO (Oficina de Patentes y Marcas de Brasil), que es un punto que está en debate judicial ante los tribunales federales y la Corte Suprema”.
Asimismo, propone diferentes obligaciones para el BPTO “en lo que respecta a la transparencia a través de informes periódicos sobre si, por ejemplo, la Oficina tiene suficientes examinadores y una estructura adecuada para realizar sus actividades. Finalmente, otra mejora importante radica en las reglas relativas a divisiones y enmiendas”, refieren los especialistas.
Pinheiro Neto Advogados comentaron que otros cambios significativos son la obligación de emitir informes anuales con métricas relacionadas con las actividades del BPTO y mejoras a su infraestructura y personal para brindar mejores servicios.
"La Oficina ya emite informes similares anualmente y podría continuar haciéndolo de manera consistente, especialmente considerando la obligación de la Acción de la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual 2021, que prevé las metas del sistema nacional de protección de la PI hasta 2023. Esta nueva disposición del Proyecto de Ley es relevante ya que obliga a la BPTO a continuar con esta buena práctica”.
Una de las enmiendas es que la autoridad de patentes brasileña concluya el examen de una patente en 120 días a partir de la finalización del procedimiento de descubrimiento y, “en caso de que la BPTO exceda este plazo, el solicitante debe tener derecho, luego de la concesión de la patente, a solicitar la prórroga de su período de vigencia dependiendo de cuánto más exceda la BPTO el plazo para concluir el examen.
Esta prórroga se otorgará vía administrativa o judicial y podrá ser de hasta cinco años”, precisó la firma.
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¿Modernizar el sistema de autorización de patentes en Brasil?
“La Ley de Propiedad Intelectual nacional tenía una disposición similar recientemente juzgada inconstitucional por la Corte Suprema de Brasil y recientemente revocada por una nueva Ley, por la que la patente debe permanecer en vigor por un período no inferior a 10 años después de su concesión por parte de la PTO”, explicó la firma Pinheiro Neto Advogados.
Esto significaba que, en los casos en que la PTO tardara más de 10 años en analizar la patente, una vez concedida, la referida patente permanecería en vigor por más tiempo del plazo legalmente aceptado, es decir, de 20 años. Se espera que, ahora que se declaró inconstitucional, esta disposición no prospere.
A ambas firmas se les preguntó si creen, como Fonteyne, que existe la necesidad de modernizar el sistema de patentes brasileño y cuáles son los cambios más necesarios y qué debe modernizarse.
A esto, Trigo y Zaltman respondieron que “los puntos sobre las solicitudes divisionales y la fecha límite para presentar enmiendas son ciertamente importantes, ya que se han estado discutiendo ante el Poder Judicial durante años, y proporcionar una guía legislativa clara sobre esto es relevante".
La firma brasileña además observa la posibilidad de que las patentes busquen una compensación por la demora del BPTO en analizar las solicitudes pendientes, pues también es una medida bienvenida, ya que Brasil es mundialmente conocido por su demora en otorgar protección de patentes.
De acuerdo con Trigo y Zaltman, a pesar de esta medida, el tema crítico a abordar sigue siendo las causas del atraso del BPTO en el análisis de solicitudes de patentes y su independencia financiera.
Pinheiro Neto también da la razón al diputado al afirmar que “el sistema brasileño de protección de la PI adolece de una acumulación de patentes, pues la autoridad puede tardar más de 10 años en examinarlas".
Desde 2019, la PTO ha tomado medidas activas para tratar de abordar la acumulación de patentes. Con información de la firma, publicaciones oficiales muestran que la PTO ha logrado reducir en 73 % el contingente de patentes a analizar desde 2019. El proceso de examen de PTO no difiere mucho de otros países, sin embargo, carece de personal y recursos financieros para ofrecer mejores resultados, que esperamos ver en el futuro.
Ante la cuestión de qué se necesita para hacer más efectivo el sistema de protección penal para los inventores y sus invenciones, los socios de Trench Rossi comentaron que es posible mediante la creación de juzgados especializados y la reducción de costos.
Para Trench Rossi es bastante común que los casos de PI sean analizados por jueces que no están familiarizados con el tema, solo los casos penales de PI son una excepción. Además, la necesidad de tener un procedimiento preliminar antes de permitir el proceso penal también aumenta los costos, lo que puede ser una barrera para que los pequeños inventores accedan al Poder Judicial.
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Pinheiro Neto considera que la eficiencia del sistema penal para la protección de la PI depende en gran medida de la capacidad de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para incautar los productos falsificados y tomar las medidas adecuadas para informar al titular de la PI sobre la violación de sus derechos, así como para destruir los productos incautados.
De acuerdo con este despacho legal, el aumento de las sanciones penales también debería ser relevante para frenar las prácticas de falsificación y violación de la PI. La efectividad del sistema también se mejoraría con más recursos para el PTO, especialmente sus ingresos, como se establece en el proyecto de ley, debería mejorar el sistema de protección.
La Ley de PI ya prevé sanciones penales aplicables a las personas que cometen violaciones de los derechos de PI de terceros, que pueden oscilar entre 1 y 3 años de detención y una multa.
“Este nuevo proyecto de ley prevé sanciones más estrictas, que pueden oscilar entre 1 y 4 años de detención (puede incluir el arresto en un sistema penitenciario cerrado) y una multa monetaria”, explicó Pinheiro Neto y añadió que “el sistema de enjuiciamiento brasileño no tiene una cultura de arresto de personas por violaciones de PI y la mayoría de las demandas penales en este asunto se reducen al pago de multas monetarias y la obligación de realizar un servicio social. En ese sentido, es posible que el aumento de las sanciones penales en este sentido pueda desalentar aún más dichas conductas”.
Una de las fallas más relevantes de la Oficina, a decir de este estudio, es que “es una agencia excedentaria que lamentablemente sufre con la falta de recursos financieros para el desempeño adecuado de sus servicios”, por lo que es recomendable que los ingresos obtenidos por los servicios de la PTO deben reinvertirse en sus actividades en lugar de ir al Tesoro Nacional.
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