Tres años después de haberse renegociado el tratado comercial entre las naciones de América del Norte, las tensiones entre Estados Unidos y México siguen presentes por la irresoluta queja de Washington contra las medidas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tomado para defender a las empresas energéticas mexicanas, políticas que la actual administración cuida por ser inherentes a la identidad nacional.
El conflicto, uno más en las agitadas relaciones mercantiles entre tres las mayores economías del continente, pareciera estar salpicado mucho de política, tomando en cuenta que más allá de las diatribas económicas, el intercambio comercial entre Estados Unidos y México sigue creciendo, como lo demuestran las cifras oficiales, al amparo del auge tras la pandemia y el importante impulso del nearshoring, que ha traído consigo la relocalización de empresas de ambos países hasta ahora ubicadas en otras latitudes.
Los desacuerdos están centrados en el tema energético e involucran a sectores muy sensibles para el comercio binacional, pero podrían reactivar otras disputas no sueltas, como el controvertido tema automotriz o el caso del maíz transgénico, sin soslayar que por debajo subyace el espinoso tema de la migración, que sigue permeando hacia EE.UU. por la frontera común.
Debes conocer esto: China busca dominar la producción de autos en América Latina
Desde 2021, EE. UU. elevó sus quejas al considerar que varias de las medidas tomadas por AMLO tenían un corte proteccionista y que fueron catalogadas por Washington como ‘nacionalismo energético’, lo que abiertamente contraviene la política de apertura comercial que promueve el T-MEC.
“Esto se refiere a las políticas adoptadas por un Estado para proteger y promover sus recursos energéticos nacionales, lo que se traduce en una reducción de fuentes de energía extranjeras. Estados Unidos argumenta que las medidas adoptadas por México priorizan a las empresas productivas del Estado”, señala Fernanda Garza Magdaleno, socia de SMPS Legal, cabeza de la práctica de competencia económica y comercio exterior.
Garantizar la competencia
La situación ha llevado a EE. UU. a prepararse para arreciar el reclamo, pidiendo a las empresas energéticas de su país preparar declaraciones juradas que documenten cómo las políticas proteccionistas de México perturbaron sus inversiones, una afirmación que, cuando menos, amerita una contextualización, partiendo del hecho de que el flujo de recursos desde el vecino del norte a tierras aztecas se encamina a alcanzar este 2023 su tercer año consecutivo en alza.
Según datos de la Secretaría en Economía, en 2021 la cifra de inversión directa de EE.UU. se ubicó en 15.094 millones de dólares, un incremento superior a 48 % frente a los USD 10.170 millones de 2020; mientras que en 2022 la inversión directa de Estados Unidos alcanzó los 20.417 millones de dólares, 35,2 % por encima respecto al ejercicio previo. En el primer semestre de 2023 sumó 12.370 millones de dólares.
Pero lo cierto es que la controversia comercial ha ido escalando, al punto que Washington estaría por convocar un Panel de Disputas para dirimir el tema, luego de haber agotado otras instancias. Fernanda Garza Magdaleno nos ayuda a comprender mejor el tema.
Te sugerimos leer: Extracción petrolera: Subasta de terrenos en el Golfo de México sigue detenida
-¿Cuál es el estatus del reclamo formulado por EE. UU. en estos momentos?
El 20 de julio pasado, Estados Unidos solicitó celebrar consultas con México bajo el artículo 31.4 del T-MEC. En esa solicitud argumentó que las medidas en cuestión favorecen a las empresas estatales mexicanas en perjuicio de las empresas estadounidenses y de la energía producida en Estados Unidos, violando así los compromisos de México en virtud de diversos capítulos del T-MEC. Adicionalmente, afectan los objetivos climáticos.
Las consultas constituyen la primera fase (no contenciosa) del mecanismo de solución de controversias previsto por el T-MEC. A partir de dicha fecha, ambos países contaban con un periodo de 75 días para alcanzar una solución antes del establecimiento de un panel conforme al mecanismo de solución de diferencias del T-MEC, plazo que venció el 3 de octubre sin que México adoptara medidas para modificar su política energética.
-¿Cuál es el siguiente paso, en virtud de que las consultas no dieron resultados?
A la fecha no ha habido pronunciamiento de los dos gobiernos. Estados Unidos aún no ha ejercido su derecho de solicitar el establecimiento de un panel para que examine las medidas en controversia. Por lo tanto, nos encontramos en espera de conocer cuáles son los siguientes pasos que serán adoptados.
Esto te interesa: M&A al segundo cuatrimestre de 2023: ¿Cuál ha sido el desempeño del mercado en México?
-¿Tiene sustento legal la acusación de EE. UU.? ¿Realmente México violó el acuerdo apenas lo suscribió?
Esta acusación debe entenderse dentro de su contexto. En el 2013 se llevó a cabo una reforma constitucional en el sector energético, que tenía como objetivo liberalizar el sector energético para que dentro de la cadena de valor se incluyera, en ciertas etapas, la participación de los particulares. Esta reforma permitió la participación de inversores privados en la industria energética mexicana, que, históricamente, estaba bajo el control del gobierno a través de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La reforma energética buscaba atraer inversiones extranjeras y fomentar la competencia en el sector.
Sin embargo, el Gobierno de México, en la actual administración, empezó a ejecutar ciertas medidas que los Estados Unidos consideran que buscan fortalecer a las empresas productivas del Estado, evitando la competencia con el sector privado.
-¿Cuáles serían los fundamentos de la consulta planteada por EE.UU.?
Son los cuatro siguientes:
- La enmienda de marzo de 2021 de la Ley de la Industria Eléctrica, que requiere que el operador de su red -el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)- dé prioridad a la electricidad producida por la CFE sobre los competidores privados en el despacho de electricidad en la red de México, es potencialmente violatoria de los artículos 2.3 y 14.4 del T-MEC, al no otorgar trato nacional a las mercancías estadounidenses y no otorgar a los inversionistas un trato no menos favorable que el que otorga, en circunstancias similares, a los inversionistas mexicanos.
- Inactividad, retrasos, negativas y revocaciones de la capacidad de las empresas privadas para operar en el sector energético mexicano. La solicitud de consultas señala que México obstaculiza la capacidad de las empresas privadas para operar en el sector energético mexicano, al retrasar, negar u omitir responder sobre las solicitudes de nuevos permisos o modificaciones de permisos; suspender o revocar permisos existentes; o bloquear de otro modo la capacidad de las empresas privadas para: (a) explotar instalaciones de energías renovables, como instalaciones eólicas y solares; (b) importar y exportar electricidad y combustible; (c) almacenar o transbordar combustible, y (d) construir o explotar estaciones de servicio. Estados Unidos alega que estas medidas parecen ser incompatibles con los artículos 2.3, 2.11, 14.4, 22.5.2 y 29.3 del T-MEC.
- Aplazamiento de la obligación de suministrar diésel bajo en azufre sólo para Pemex (presunta violación de los artículos 2.3 y 22.5.2 de los capítulos sobre acceso al mercado y empresas estatales de T-MEC). La solicitud de EE. UU. impugna una regulación emitida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 2019 que concede solo a Pemex una prórroga de cinco años para cumplir con los requisitos de contenido máximo de azufre bajo su norma aplicable de combustible diésel automotriz.
- Medidas respecto al uso del servicio de transporte de gas natural de México (presunta violación de los artículos 2.3 y 2.11 del capítulo de Acceso a Mercados del T-MEC). Estados Unidos impugna una carta enviada por el Secretario de Energía de México a la CRE y al Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) en junio de 2022, que anunciaba una política energética y una estrategia de garantía de suministro que exigiría a los usuarios actuales o futuros de transporte de gas natural de México abastecerse de gas natural de CFE o Pemex e impondría restricciones a la importación de gas natural estadounidense.
Tienes que enterarte: Impuesto al carbono: ¿Cómo se aplica en Argentina, Colombia y México?
El impacto de la disputa
-¿Qué consecuencias tendría para la economía mexicana en caso de no resolverse la controversia por la vía de la negociación?
En caso de que la controversia no se resuelva en la etapa de consultas y se vaya al panel, si su informe final fuera favorable a Estados Unidos, México podría estar obligado a modificar su política energética. En caso de que México no cumpla con dicho fallo, EE. UU. podría imponer contramedidas comerciales, también conocidas como “medidas de retaliación”.
De acuerdo con el artículo 31.19 del T-MEC, al suspender beneficios a una de las partes que incumpla con sus obligaciones, la parte que recibe el fallo favorable deberá tratar de suspender beneficios en el mismo sector afectado por la medida. En este sentido, las sanciones comerciales que impondría EE. UU. podrían dirigirse precisamente al sector energético mexicano y traer como consecuencia un aumento en los costos de producción y exportación de energía mexicana. Esto haría que la energía mexicana sea menos competitiva en el mercado internacional y llevará a que las empresas extranjeras reduzcan aún más, o suspendan sus inversiones en México.
Además, los aranceles impuestos por Estados Unidos podrían afectar las exportaciones mexicanas y, en última instancia, el crecimiento económico del país.
-¿Han disminuido o se han visto afectadas las inversiones energéticas de EE.UU. en México?
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) ha criticado las políticas energéticas de México, clasificándolas de perjudiciales para la inversión extranjera, el medio ambiente y la innovación.
En un comunicado reciente, la USTR señaló que las políticas mexicanas han interrumpido en gran medida la inversión extranjera en infraestructura de energía limpia. Asimismo, señaló que dichas medidas han resultado en que México revierta sus compromisos de acción climática en virtud del Acuerdo de París. Esto se debe a que las políticas favorecen la producción de energía a partir de combustibles fósiles, fuente de gases de efecto invernadero.
Las empresas energéticas y eléctricas estadounidenses, como Chevron y Marathon Petroleum, que pretendían expandirse en México, se han quejado de que se les han denegado permisos y solicitudes en instancias en que el Gobierno de México favorece a Pemex y a la CFE.
-Se estima que México no cumplirá la cuota planteada de producción de energía limpia para 2024 ¿Esta controversia tiene que ver con ello?
La solicitud de consultas no identifica de manera específica su relación con los compromisos que México ha asumido en materia de cambio climático. Sin embargo, las medidas en controversia adoptadas por el Gobierno de México podrían impedir que México alcance la cuota de producción de energía limpia planteada para 2024 en el marco del T-MEC (35 %), así como, los compromisos adquiridos por México en el Acuerdo de París.
Conoce un poco más: Nearshoring en México: Relocalización de empresas extranjeras y relaciones laborales con nómadas digitales
Controversias previas
La controversia energética entre EE.UU. y México es una de las varias que se han presentado entre los socios norteños, algunas de las cuales, incluso, tras la sentencia de panel de resolución de disputas, se mantienen, en abierta violación a los estatutos del acuerdo.
-Automotriz: La decisión de un panel de enero 2023, que falló a favor de los fabricantes de automóviles mexicanos y canadienses y en contra de EE.UU., señala que el T-MEC permite considerar a las partes de un vehículo terminado como originarias, si por separado estas partes cumplieron el porcentaje mínimo de contenido regional de 75 %. EE. UU. no reconoce este porcentaje de incorporación.
- Leche: Estados Unidos acusó hace cinco años a Canadá de no acatar la cuota de compra de lácteos, cuota que se negaba a aceptar para proteger a sus ganaderos. La decisión del panel de resolución fue favorable a Washington y Ottawa comenzó a cumplir la sentencia.
- Maíz transgénico para consumo humano y animal. México mantiene la prohibición de comprar maíz genéticamente modificado para consumo humano hasta 2024. Por ahora solo importa para consumo animal y de algunas industrias no alimenticias. EE.UU. asegura que esto viola el T-MEC.
}
Add new comment