Manufactura, comercio y servicios. La pandemia del COVID-19 impactó en todos los sectores económicos de México, entre ellos, el de energía eléctrica. Debido al confinamiento y al freno de operaciones de comercios, centros de trabajo y fábricas, la demanda de energía cayó más de un 10 % en comparación con el mismo periodo de 2019, según datos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
Frente a la caída, el organismo decidió tomar una serie de medidas extraordinarias, como suspender –a partir del 3 de mayo– las pruebas preoperativas de las centrales eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial. Y, para aquellas que no habían iniciado funciones, no se autorizarían pruebas operativas para verificar la compatibilidad con la red. Esto ha significado un freno a las plantas de energía renovable en el país.
Las medidas fueron anunciadas en un acuerdo publicado el 29 de abril. El director de operación y planeación del centro, Gustavo Villa, expuso ante el Senado: “Dado que están en pruebas y hay riesgo de perturbaciones al sistema eléctrico que afectan la confiabilidad, en aras de fortalecerlo y mantener el suministro con calidad, se suspendió temporalmente las pruebas preoperativas de 17 centrales eléctricas fotovoltaicas y eólicas”.
La respuesta del sector privado ha sido de rechazo. “(El acuerdo) impide arbitrariamente, y con plazo indefinido, la entrada en operación de nuevas plantas de energía renovable en todo el territorio nacional y limita la generación de centrales en operación”, señaló el 4 de mayo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un comunicado. “Erige barreras a la competencia y desplaza a la iniciativa privada, beneficiando indebidamente a centrales de generación más costosas y contaminantes”.
El argumento principal del Gobierno es que la generación eólica y fotovoltaica representa un riesgo para la integridad del sistema eléctrico nacional porque las plantas son intermitentes y no están en condiciones para generar electricidad de manera permanente, al estar sujetas a condiciones como el clima. “El Cenace dice que, de alguna manera, esto compromete la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, porque siempre debe haber energía eléctrica para atender la demanda”, explica Horacio Montoya Key, socio de Zenteno-Lira Mora Abogados, especializado en temas energéticos. “Pero como las fotovoltaicas y las eólicas en algún momento van a dejar de generar, esa electricidad será producida por las plantas de Comisión Federal de Electricidad (CFE), que sí están en condiciones de estar generando de manera permanente”.
Los especialistas coinciden: el acuerdo apuesta por otorgar un papel más importante a la CFE, a través de sus plantas termoeléctricas que consumen el combustóleo que produce Petróleos Mexicanos (Pemex). “Ya nadie lo compra porque tiene muchísimo azufre, ya no se recibe en ninguna parte del mundo. Entonces la lógica es que lo consuma CFE, como en 1980”, afirma Rosanety Barrios, consultora independiente en temas energéticos. “Nada más que esa porquería además de que es cara y se la están teniendo que vender barata a la CFE, le provoca pérdidas a Pemex y contamina como loco”.
Actualmente, las plantas de generación privadas suministran energía antes que las de la CFE y este acuerdo pretende revertir la situación. “El orden en que se despachan las plantas va de la más barata a la más cara. Y las más baratas siempre son las privadas, sobre todo las renovables”, detalla la Barrios.
Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía, afirma que si se pone en marcha el acuerdo, los usuarios recibirán energía más cara porque al estar despachando las termoeléctricas de CFE se va a encarecer el sistema eléctrico nacional. “El acuerdo del Cenace va de lleno contra las (energías) renovables”, indica.
El acuerdo, consideran los especialistas, carece tanto de fundamento técnico como legal. “Es claramente violatorio no nada más de todos los derechos humanos de seguridad jurídica sino es una barrera a la libre competencia”, añade Alejandro Zeind, socio Zeind & Zeind Abogados, especializado en derecho corporativo y energético.
En ese sentido, el acuerdo de la Cenace viola diferentes disposiciones constitucionales: el artículo 1 en relación con el principio de igualdad de los gobernados, el 4 en materia ambiental, el 14 y 16 sobre el principio de legalidad en la actuación pública en los derechos humanos relativos a la fundamentación y a la motivación y el 28 acerca de la libre competencia y concurrencia.
Lluvia de amparos
Más de 20,000 millones de dólares. Ese es el monto de inversiones que representa la generación de electricidad con energías renovables en México de acuerdo con el CCE.
Apenas se dio a conocer el acuerdo del 29 de abril, las empresas comenzaron a promover amparos para impedir que progresara. Hasta el 20 de mayo, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) calculaba que serían presentadas unas 50 demandas.
Los argumentos varían: afectación al derecho humano al medio ambiente y a la salud; barrera a la libre competencia, que el Cenace invade la esfera de competencia de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que el acuerdo vulnera el principio de legítima confianza, son algunos que destacan.
Los jueces Rodrigo de la Peza López Figueroa y Juan Pablo Gómez Fierro, del juzgado primero y segundo de distrito en materia de Competencia Económica y Telecomunicaciones, han concedido varias suspensiones definitivas y provisionales a las medidas incluidas en el acuerdo.
“La suspensión provisional fue el primer avance que tuvieron estos juicios de amparo iniciados por las empresas afectadas, pero ya se concedió la suspensión definitiva, lo cual es una buena noticia para las empresas y para el sector en camino hacia la resolución definitiva del amparo”, destaca el socio de Zeind & Zeind Abogados. “El juzgador ha encontrado elementos en donde -efectivamente- es revisable este acuerdo en términos de los vicios de constitucionalidad y legalidad que tienen”.
De acuerdo con Montoya Key, tomará aproximadamente seis meses para que se dicte sentencia en el juicio de amparo y se determine si es nulo el acuerdo. “Sí hay una debilidad tremenda en los argumentos, lo que va a seguir pasando es que vía el poder judicial nos vamos a seguir peleando con el Gobierno porque lo que no se ve, y dudo mucho que se vaya a ver, es que haya una disponibilidad al diálogo, a la apertura y a la explicación”, añade Barrios.
Hasta ahora ese es el avance respecto del acuerdo del Cenace, sin embargo, la experta prevé que, en las próximas semanas, las empresas comenzarán a promover amparos también contra la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, establecida por la Secretaría de Energía y publicada el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, que cambia nuevamente las reglas del juego para los involucrados en las energías renovables.
“Esta política -que ya fue impugnada y que esta semana obtuvo una suspensión provisional ganada por Greenpeace y que de alguna manera afecta nuevamente a las energías renovables- apuesta por la generación convencional de la CFE”, describe el socio de Zenteno-Lira Mora Abogados.
Se considera que tanto el acuerdo del Cenace como la política de la Secretaría de Energía tienen visos de ilegalidad porque violan ciertas leyes y, en algunos casos, hasta la Constitución. Por ello, se ve viable que las empresas ganen la impugnación del amparo contra los dos instrumentos.
“Pero hay algo lamentable: sí, por la vía jurídica los que respetan la ley y los que se atuvieron a las reglas del juego van a ganar, pero eso significa que el país perdió confianza y que ahora alguien que quiera invertir en México lo va a pensar dos veces porque puede que le cambien las reglas”, concluye Víctor Ramírez.
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