Con una pesada deuda que, con datos a septiembre de este 2022 del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia (OPP-UFG), supera los 25.000 millones de dólares, la debacle del universo cripto, podría ser otro revés para El Salvador.
Las consecuencias de esta crisis, acentuada luego del colapso de FTX, la tercera mayor plataforma de transacciones cripto del mundo, aún no terminan, en especial luego del arresto de Sam Bankman-Fried, con una imputación de 8 delitos, entre ellos, fraude a inversores.
La inversión de bitcoins
En septiembre de 2021 entró en vigencia la Ley Bitcoin, instrumento legislativo que convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en hacer del bitcoin su moneda de curso legal, estrategia aplicada por el gobierno de Nayib Bukele en 2021, con miras a modernizar la economía salvadoreña y reducir costos de transacciones del dinero fiduciario.
De acuerdo con datos aportados por el propio Bukele, la nación ha adquirido un total de 2.381 bitcoins, para lo cual ha invertido más de 107 millones de dólares.
Ahora, un año después, con el desplome de las cripto la inversión de la nación centroamericana también reporta números negativos: los token en circulación apenas valen unos 40 millones de dólares.
“Esto puede pasar cuando se invierte en mercados altamente especulativos como este”, dice el economista salvadoreño Ricardo Castañeda, coordinador para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Castañeda recuerda que, al margen de lo pequeña que sea la pérdida en comparación con el tamaño de la deuda, se trata de dinero público perdido.
Detalla que la pérdida patrimonial de cerca de 70 millones de dólares representa el presupuesto del hospital más grande del país o del Ministerio de Agricultura y Ganadería en un contexto donde la mitad de la población de 6,5 millones de habitantes sufre inseguridad alimentaria.
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El economista asegura que la situación no es más dramática “por la inteligencia de la población”, dado que la mayoría no ha utilizado el bitcoin como moneda para sus transacciones habituales, como pretendía el Ejecutivo.
“Es quizás el único tema en que la población salvadoreña está en contra del presidente Bukele”, subraya.
Al respecto, en julio pasado, la Oficina de Investigaciones Económicas de Estados Unidos (BER, por sus siglas en inglés) publicó una investigación donde plantea que únicamente el 20 % de la población usa la billetera gubernamental Chivo Wallet, después de cobrar el bono equivalente a 30 dólares que otorgó el gobierno el año pasado a todo aquel que decidiera adherirse al sistema.
Por su parte, Abelardo Medina, también economista salvadoreño y parte del Icefi, ratifica esta postura al señalar que no vislumbra una incidencia mayor a corto o mediano plazo sobre las finanzas generales del país, pues si bien es cierto que al día de hoy existe una pérdida patrimonial, es también verdad que las cripto han superado otras crisis y recuperado su valor nominal.
En lo que coinciden analistas, economistas y abogados es que no parece una buena idea que el gobierno persista en su política de imponer el bitcoin, algo que ya ha asomado Bukele en plena crisis de FTX, al afirmar que seguiría comprando un token cada día.
“Lamentablemente, ya se demostró que no es recomendable como una estrategia para dotar de un mayor nivel de medios de pago a la población, tampoco para lograr excedentes monetarios que permitieran una mayor flexibilidad en el pago de la deuda”, dice Medina.
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Regular es la solución
Las consecuencias de la quiebra de FTX y la desestabilización del ecosistema cripto ha puesto en aviso a los gobiernos del mundo sobre la necesidad de regular este mercado, en cuyo certificado de nacimiento propugnaba justamente la no regulación.
“La falta de regulación es algo que llena de incertidumbre y es justo lo que hace falta, pues puede ser motivo de desincentivo para los inversionistas a la hora de adquirir criptoactivos”, afirma Rodrigo Benítez, experto en el tema en el escritorio García & Bodán.
Para Benítez, la quiebra de FXT debe ser un ejemplo a seguir en relación con la intención de tokenizar la moneda o de entrar en ese mercado sin mayores asideros legales.
Al contrario de sus compatriotas economistas, estima que “solo el tiempo dirá si habrá un impacto mayor en las finanzas generales del país”, recordando que, de momento, solo se van a recibir centavos por cada dólar invertido.
En este sentido, Mario Lozano, socio de Arias, recuerda que el gobierno ha anunciado que trabaja en una serie de regulaciones que impulsarán la realización de transacciones basadas en el activo digital, para lo cual es importante contar previamente con toda la estructura corporativa y autorizaciones regulatorias que fueran necesarias, ya que la apuesta del gobierno es que en un futuro exista una mayor adopción y uso, principalmente, del bitcoin.
“Por lo anterior, la recomendación a los consumidores es informarse sobre este mercado para poder aprovechar todos los beneficios y oportunidades que estas nuevas tecnologías brindan en sus negocios”, puntualiza Lozano.
Benítez reitera la necesidad de regular este sector, como ejemplo de lo que está haciendo Panamá, cuyo Parlamento sigue analizando los pormenores de una ley creada para regular el uso general de activos digitales en ese país sin imponer, como en el caso salvadoreño, una moneda.
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No, pero sí
Aunque la mayoría de los analistas apuntan a que la crisis del bitcoin no tendrá mayores efectos en la economía de El Salvador, lo cierto es que la política implementada por Bukele respeto del criptoactivo sí ha afectado un aspecto importante sobre en el que se sustentan las finanzas de un país: la credibilidad, al punto de que Abelardo Medina cree que allí pudiera estar la razón por la que algunos agentes internacionales se retrajeran de seguir refinanciando al país centroamericano.
Es aquí donde China entra en escena. Justo el día en que FTX se declaraba en quiebra, El Salvador y el país asiático anunciaban que firmarían un tratado de libre comercio y que China prometía comprar 21.000 millones de la deuda salvadoreña, lo que implicaría un alivio para el país y el reforzamiento de la posición del gigante asiático en la región. Pero también creará problemas en las tradicionales relaciones entre San Salvador y Washington.
“Si China compra total o parcialmente la deuda salvadoreña, el peligro de corto plazo de impago desaparecería, pero podría transformase en otros de índole más política, en el mediano plazo”, dice Medina.
De cualquier manera, “no hay nada concreto y todo lo que podemos hacer es especular sobre el tema”, acota.
Medidas adicionales
Desde que asumiera la presidencia de la República, Nayib Bukele inició una serie de reformas económicas que han tenido un alto costo para el país, golpeado por la crisis sanitaria y el despegue de la inflación como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania.
De hecho, la deuda pública se ha disparado por encima de 25.000 millones de dólares, lo que ha obligado al gobierno a realizar un trabajo de ingeniería financiera para hacer frente a los altos pagos de compromisos asumidos. Dos han llamado especialmente la atención: el anuncio de emitir bonos denominados en bitcoin y la recompra de deuda que vence en 2023 y 2025.
Respecto al primero, los llamados “bonos volcán” —en alusión a los más de 100 volcanes activos que existen en el país— nunca vieron la luz, a pesar de que algunos de los más connotados inversionistas de este mercado, como el mexicano Ricardo Salinas Pliego y el director ejecutivo de la casa de cambio de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao, mostraron interés por estos papeles.
Sin embargo, tras la crisis del bitcoin (cuyo precio este 13 de diciembre rondaba los 17.200 dólares) es poco probable que algún día puedan ser emitidos, según los economistas consultados.
La recompra de deuda ha tenido mejores resultados, pero aun así dista de la meta planteada. En la primera ronda finalizada en septiembre pasado, el gobierno logró adquirir 565 millones de dólares en papeles con vencimiento en 2023 y 2025, con lo que se ahorró más de 275 millones de dólares en intereses y pago de capital.
La propuesta inicial era adquirir 1.600 millones de dólares correspondientes a parte iguales en unos y otros bonos. De los primeros se logró adquirir 16 %, mientras que de los segundos se recompró el 54 %. Por ello el gobierno lanzó una nueva jornada de compra para tratar de hacerse con más de 1.000 millones de dólares en papeles.
Abelardo Medina reitera que el Gobierno le restó credibilidad en la adquisición de deuda pública, al tiempo de desatender las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional respecto a la adopción del bitcoin, lo que trajo como consecuencia el retiro de El Salvador como nación prioritaria para inversiones, lo que -aunado a los altos déficits fiscales- condujo a la situación de iliquidez y crisis actual.
“La crisis de la deuda de El Salvador es de liquidez, pero mientras existan agentes que estén dispuestos a refinanciar la deuda, no se cae en impago y, consecuentemente, se puede seguir garantizando cierta sostenibilidad y solvencia”, comentó el analista.
De momento, la crisis parece poder ser conjurada.
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