La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha alertado que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar el desarrollo sostenible adoptados en 2015 por la Asamblea General de la ONU están “en peligro de no cumplirse” para 2030, año en el que se esperaba haberlos alcanzado. El informe, sin embargo, no se queda en lamentos y hace un llamado a la acción para retomar el ritmo de cumplimientos de estos objetivos, promoviendo diversos lineamientos.
En este contexto, la minería chilena juega un rol protagónico, atendido al aporte que hace de minerales necesarios para la transición energética.
Aprovechar apropiadamente esta posición de privilegio, de exposición a escala global, supone demostrar que la minería en Chile está a la vanguardia en gestión ambiental y en tecnología, que ha desarrollado capacidades humanas especializadas y se ha involucrado adecuadamente con las comunidades locales y su entorno. Supone también demostrar la certeza jurídica de nuestro Estado de derecho, la modernidad del Estado y la exitosa alianza público-privada.
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Los desafíos del sector
La notable disminución en las tasas de accidentalidad, el gran avance que ha tenido el uso de agua de mar en reemplazo del agua continental y la sustitución de buena parte de la matriz eléctrica tradicional por fuentes limpias permite a la gran minería chilena exhibir destacadas credenciales en el rubro. Los desafíos actuales del sector, sin embargo, van más allá.
En esta tarea, la economía circular representa una gran oportunidad. Desde la perspectiva regulatoria, la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor supone el cumplimiento de una serie de metas de recolección y valorización de neumáticos de camiones de la minería.
Pero el desafío es más ambicioso: el desarrollo de proyectos de reutilización de todo tipo de residuos mineros —relaves, ripios de lixiviación, barros anódicos, escorias, etc.—, recuperando elementos de valor y procurando redepositar los residuos restantes de una manera segura y amigable con el medioambiente es notable. Por ejemplo, Minera Valle Central tiene una producción acumulada de más de 400 mil toneladas de cobre y 11 millones de libras de molibdeno, a partir de los relaves frescos y antiguos provenientes de la División El Teniente de Codelco.
En materia de mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático cabe destacar la Ley N° 21.455, que fija el marco de acción del Estado en esta materia y supone, entre otros, el desarrollo de planes de adaptación del sector minero.
Algunas iniciativas del sector en esa línea han sido destacadas, como las nuevas flotas de camiones eléctricos en varias de las principales faenas de la gran minería y las técnicas de coprocesamiento de la industria cementera, que reemplazan combustibles fósiles con distintos tipos de residuos con un menor factor de emisión para sus hornos, reduciendo así emisiones de CO2.
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En el corto plazo se debería promulgar el proyecto de ley aprobado por el Congreso en mayo pasado que sistematiza los delitos económicos y crea nuevos delitos de atentados contra el medio ambiente, que presenta el desafío de actualizar los modelos de prevención de las compañías.
También debiera promulgarse prontamente el proyecto de ley aprobado por el Congreso, en junio pasado, que crea el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Este proyecto presenta una gran oportunidad de aprovechar los nuevos instrumentos de gestión ambiental ahí dispuestos para la conservación de la biodiversidad en áreas en donde comúnmente conviven minería y zonas de valor ambiental.
Desde la perspectiva del Estado, la certeza jurídica, la modernización de ciertos procedimientos y organizaciones públicas, el resguardo y promoción de un adecuado involucramiento de las comunidades locales y mejoras en los plazos asociados a los permisos aparecen como los desafíos de importancia crítica.
En suma, el sector minero chileno ofrece ejemplos concretos de cómo el Estado y los particulares han aportado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, y presenta desafíos que deberán ser atendidos en los exigentes tiempos actuales y futuros.
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* Manuel José Barros es socio de Carey y, co-lidera los grupos de Medio Ambiente y ESG. Su práctica se centra en derecho ambiental, incluyendo asesorías en el sistema de evaluación de impacto ambiental, auditorías, procedimientos administrativos y juicios. Además, en el desarrollo de proyectos mineros y de energía y en contratos y aspectos regulatorios relacionados a recursos naturales; y aspectos referidos a ESG.
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