Los incentivos a la inversión son los mecanismos de atracción de inversión extranjera más usados entre los países. Surgen por la competencia global, como una de las principales estrategias para fomentar el empleo y la modernización, además de aumentar la productividad e impactar en el sector de las exportaciones.
En México, la legislación contiene incentivos a nivel federal y estatal. Sin embargo, las bases y los parámetros para su determinación, así como los límites en cuanto a recursos a proveer, no se encuentran regulados en ningún ordenamiento jurídico. Por lo tanto, dicho vacío legal ha ocasionado en algunos estados un riesgo en sus finanzas públicas o un incumplimiento por parte de los mismos en los compromisos pactados con las empresas.
Más del 60 % de los incentivos en las entidades consisten en subsidios o reducciones parciales de los impuestos. La exención al impuesto sobre la renta (ISR), al impuesto sobre el valor agregado (IVA) y la reducción de los impuestos a los servicios estatales son los incentivos fiscales más comunes. Si bien los Estados se esfuerzan por ofrecer una gran variedad de incentivos, lo cual resulta muy atractivo para las empresas que desean establecerse en México, aún hace falta trabajar en su diseño. Por ejemplo, son muy pocas las regulaciones que establecen un procedimiento claro para su otorgamiento. Los recursos de inconformidad y la autoridad a la que deben acudir los inversionistas en caso de algún incumplimiento resultan trámites engorrosos y pueden dar pie a la corrupción.
A nivel federal, el Gobierno actual ha puesto en marcha una serie de estímulos fiscales en la región fronteriza norte con el fin de reactivar la economía en la región. Sin embargo, los resultados de la implementación han mostrado una gran falta de diseño y planeación, además de una disminución en la recaudación para la federación y en cuanto a los requisitos para obtenerlos se ofrece un plazo demasiado corto para cumplir con ellos y una vigencia que no es suficiente ni para el establecimiento de nuevas inversiones, ni para las inversiones a largo plazo.
Es necesario que se prevea que los recursos económicos a destinar no perjudicarán las finanzas públicas y podrán sufragar los incentivos que se pretende establecer. Además es importante la realización de un análisis para determinar si los incentivos pueden ocasionar competencia desleal entre los Estados o bien entre los municipios. Se requiere de mayor transparencia que permita detallar de forma clara y precisa el procedimiento para reducir decisiones políticas o administrativas arbitrarias; mecanismos para vigilar el cumplimiento de las condiciones impuestas a los inversionistas y evaluaciones periódicas que permitan revisar si los incentivos se están otorgando.
Si tanto el Gobierno Federal como las entidades federativas siguen estableciendo incentivos en sus regulaciones sin antes realizar una política pública de su función, serán muy difíciles de justificar.
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