El Parlamento francés está estudiando un proyecto de ley que contempla la posibilidad de aplicar sanciones hasta de un 50 % del precio de venta sobre las prendas de las marcas de moda ultrarrápida, como Shein, Romwe, Fashion Nova y Uniqlo, con la intención de compensar su impacto ambiental, exacerbado con las constantes colecciones que lanzan estas marcas fast-fashion, superior a las cuatro por año tradicionales entre otras compañías.
Shein, Uniqlo y Fashion Nova suelen ser empresas que suman nuevas prendas y colecciones a diario, lo que termina redundando en una polución incontrolable, impulsada además por el consumismo excesivo de quienes siguen estas marcas.
Por esto, Francia es una de las primeras naciones a las puertas de aplicar medidas de control. De hecho, ha sido pionera en la formulación de políticas relacionadas con la moda y la circularidad, con la Ley Antidesperdicio de 2020, que prohibió quemar la ropa no vendida dentro del país y estableció medidas para su reciclaje y reutilización.
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El proyecto de ley (a discutirse el 14 de marzo) fue propuesto por un grupo de diputados pertenecientes a Horizon y apoyado por la presidenta del grupo de salud ambiental de la Asamblea Nacional, Anne-Cécile Violland, y el ministro de Transición Ecológica, Christophe Béchu, quien además anunció una serie de medidas en contra de la moda efímera.
El proyecto persigue reducir el impacto medioambiental de la industria textil a través de disposiciones como prohibir la publicidad de estas empresas en redes sociales, la implementación de un sistema de incentivos financieros para encarecer la moda ultrarrápida y la implementación de una campaña informativa para educar a los consumidores sobre estas marcas y sus productos.
Además, se propone un sistema de multas de hasta 10 euros, o hasta 50 % de su valor, por prenda vendida, para 2030. Para Béchu, vender estos productos a este precio le da grandes ganancias a estas empresas que, en cambio “abandonan el planeta” y obligan a los gobiernos a “buscar recursos públicos para eliminar los daños causados por su modo de producción”.
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La propuesta de Béchu tampoco se queda dentro de Francia, ya que el ministro plantea que el tercer artículo (el de la prohibición de publicidad) sea de carácter comunitario y se aplique en toda la Unión Europea. Asimismo, dijo que al proyecto podría añadírsele un artículo que incluya el costo de descontaminación y recogida de la ropa de estas cadenas.
Por su lado, Marion Bouchut, portavoz de Shein en Francia, criticó la propuesta por considerar que “no aborda el impacto medioambiental de la moda, pero afecta al poder adquisitivo de los consumidores franceses”.
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En otros países
Ya que la contaminación indiscriminada del fast-fashion y la explotación laboral asociada a esta son un tema recurrente en las discusiones de sostenibilidad y mercado actuales, esta no es la primera propuesta de ley que algún gobierno presenta.
En 2021, el senado del estado de Nueva York presentó el New York Fashion Sustainability and Social Accountability Act, que exigía que las marcas minoristas publicaran en línea sus políticas sociales y ambientales e implementaran procesos sostenibles en sus cadenas de suministro, para corregir sus deficiencias sociales y medioambientales.
De esta acta se esperaba que generara cambios legales para abordar las cuestiones ambientales y laborales de la industria de la moda efímera en EE. UU., especialmente luego de que, después de la pandemia, varias marcas de lujo y moda internacionales anunciaron cambios en sus políticas de responsabilidad social corporativa (RSE) dentro de sus materiales y canales de distribución, que –por supuesto– no cumplieron.
Estados Unidos también tiene, en California, el California’s Garment Worker Protection Act, con varias décadas de existencia y diseñada para que los trabajadores de la industria de la confección del estado reciban un salario justo, pero que fue ampliada recientemente para ampliar las protecciones otorgadas y permitir a los trabajadores buscar daños compensatorios contra un fabricante, además amplió la definición de fabricación de prendas de vestir para incluir el teñido, el cambio de diseño de la prenda y el proceso de agregar una etiqueta al diseño, sobre todo para detectar las prendas fabricadas offshore en maquilas subcontratadas.
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También fue propuesta la Fashioning Accountability and Building Real Institutional Change Act (FABRIC Act), diseñada para reimpulsar la industria textil nacional mejorando las condiciones laborales e invirtiendo en la producción local de prendas de vestir, dándole a los fabricantes nacionales la fabricación de prendas hecha dentro de países que carecen de condiciones laborales adecuadas.
Para esto, exige que las marcas de fast-fashion se registren en el Ministerio de Trabajo estadounidense, para crear mayor transparencia, creó un programa de subvenciones para deslocalizar la fabricación de prendas de vestir en el extranjero y crear menos dependencia de proveedores internacionales, además contempló un crédito fiscal de 30 % para los fabricantes que trasladen sus operaciones a Estados Unidos.
La Unión Europea tiene el reglamento REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos), para regular el uso de productos químicos en la producción textil, así como el Plan de Acción de Economía Circular, que promueve políticas de producción y consumo sostenibles en la industria, enfatizando sobre el reciclaje y la reducción de residuos.
También tiene el Pacto Verde Europeo que impulsa la economía circular y establece una estrategia para hacer que los textiles sean más duraderos, reparables, reutilizables y reciclables, para abordar la moda rápida, los residuos textiles y la destrucción de textiles no vendidos.
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