A finales de 2008, Bottlenose Investments, sociedad mercantil con sede en Barbados, adquirió de la Compañía Nacional Anónima de Seguros La Previsora el 46,14 % de participación en el edificio comercial Torre Épsilon, El Rosal, municipio de Chacao, en Caracas, pero en 2010 la construcción fue expropiada por el gobierno venezolano y años más tarde ocupada por la estatal Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).
A pesar de que en agosto de 2019 la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo cedió los derechos de la propiedad a Bottlenose, según consta en documento del Registro Público del Municipio de Chacao del estado de Miranda, el CIIP no ha pagado la compensación correspondiente. Bottlenose demanda 116 millones de dólares.
La cifra corresponde al mínimo valor de los derechos de propiedad sobre la Torre Épsilon a la fecha de la expropiación, más los intereses correspondientes hasta la fecha de pago efectivo.
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Los representantes legales de Bottlenose, del bufete español B. Cremades y Asociados, notificaron el pasado 20 de octubre:
"La controversia existente entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y Bottlenosese se fundamenta en el tratado para la Protección de Inversiones firmado el 15 de julio de 1999 entre Venezuela y Barbados y surge para el amparo ante las medidas adoptadas por Venezuela en violación de este acuerdo. En caso de que la controversia no sea resuelta amistosamente dentro de los tres meses siguientes, se reserva el derecho a iniciar un arbitraje internacional".
El octavo artículo de este tratado establece que cualquier disputa entre inversionistas se resolverá por conciliación o arbitraje mediante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Sin embargo, Venezuela denunció en 2012 el Convenio CIADI que devino efectivo en 2021. El artículo 8(2) del tratado dicta que mientras la República no se haya hecho parte de la Convención CIADI sus controversias se regirán bajo el Mecanismo Complementario del convenio y, en caso de no estar disponible, el inversor tendrá derecho a someter la controversia de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (CNUDMI).
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Anteriormente, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo también descalificó un acuerdo de compraventa celebrado en septiembre de 2014 entre Santa Bárbara Airlines y El Rosal, luego de que Torre Épsilon fuera declarada de utilidad pública y social, tras la serie de decretos ejecutivos que hicieron posible la expropiación de La Previsora.
La Asociación Civil El Rosal construyó en la urbanización homónima la torre con 15 pisos para uso mercantil Épsilon, con el objetivo de adjudicar a sus socios propietarios la titularidad de los 5.500 metros cuadrados de oficinas y 1.180 metros cuadrados de locales distribuidos a lo largo y ancho del complejo.
Santa Bárbara Airlines fue un tercero en la compra pura y simple de Torre Épsilon que se arregló ante el Registro Público del Municipio de Chacao, pese a no contar con certificado de terminación de obra ni permiso de habitabilidad.
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Bottlenose desatendió un procedimiento judicial incoado una vez que El Rosal y Santa Bárbara resolvieron su contrato el 5 de noviembre de 2014.
Años más tarde, en 2020, se tomó el control de la torre y se instauró en sus oficinas el CIIP para encargarse del registro y estudio de las medidas coercitivas unilaterales de proyectos derivados de la ley constitucional antibloqueo y la promoción de inversiones y comercio exterior, así como la gestión de la marca país. Del organismo es parte Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela.
La confiscación forzosa de Torre Épsilon viola diversos artículos del tratado entre Barbados y Venezuela respecto de la protección de inversiones, la disposición sobre trato de la nación más favorecida y expropiación del mismo, de acuerdo con B. Cremades, que advierte que, si en el plazo de tres meses no hay un arreglo, Bottlenose tiene el derecho de iniciar un arbitraje internacional ad hoc bajo el Reglamento UNCITRAL.
Asesores legales
Asesores de Bottlenose:
- B. Cremades y Asociados: Socios Bernardo M. Cremades, Bernardo M. Cremades Jr., Patrick t. Byrne, Javier Juliani, José María Lopez Useros y Ángel M. Tejeda.
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