El domingo pasado los brasileños recorrieron en caravanas decenas de ciudades para pedir la continuidad de la operación Lava Jato. La manifestación se dio por el descontento social, tras los recientes cambios en el equipo de investigación de São Paulo, después de seis años de labores.
La operación Lava Jato, iniciada por la Policía Federal de Brasil en marzo de 2014, ha destapado un entramado de corrupción en diferentes países de Latinoamérica. Fue bautizada así tras el descubrimiento de operaciones de lavado de dinero en una serie de lavacoches y gasolineras en las que está implicada Petrobras.
El pasado 1 de septiembre, el fiscal en jefe, Deltan Dallagnol, renunció por motivos familiares. Declaró que su hija de un año y diez meses presenta “señales de regresión en su desarrollo”, por lo que se dedicará al cuidado de su familia.
El juicio con mayor repercusión ha sido el que involucró al expresidente Lula da Silva por un supuesto caso de corrupción que lo sacó de la carrera electoral en 2018. Este juicio ha sido ampliamente criticado tras la revelación de una serie de mensajes entre el grupo de fiscales que lideraba Dallagnol y el exministro Sergio Moro, juez del caso. Al ganar las elecciones de 2019, Jair Bolsonaro nombró a Sergio Moro como ministro de Justicia.
El 3 de septiembre se produjo la renuncia de siete fiscales que formaban parte del grupo de investigadores en São Paulo. Mediante un oficio enviado al procurador general, Augusto Aras, los fiscales solicitaron su desvinculación para finales de este mes. Argumentaron que existen incompatibilidades entre ellos y la procuradora natural del caso, Viviane de Oliveira. Tanto la coordinadora del grupo en São Paulo, Janice Agostinho, como los procuradores Guilherme Rocha, Thiago Lacerda, Paloma Alves Ramos, Marília Soares, Paulo Sérgio Ferreira y Yuri Corrêa da Luz se deslindaron de la investigación.
Hace tan solo tres meses, el procurador Augusto Aras, respaldado por el presidente de la Corte Suprema, José Antonio Dias Toffoli, solicitó que los agentes del Ministerio Público y la Policía Federal compartieran la base de datos de Lava Jato con la Fiscalía, bajo el argumento de que se debe promover la transparencia. Aseguró que la investigación es una especie de "caja de secretos" y que los criterios de investigación son desconocidos.
El procurador general tiene hasta el 10 de septiembre para decidir si renueva por un año más a los fiscales de Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo, quienes tienen 400 carpetas de investigación pendientes en el caso.
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