El pasado 7 de septiembre, se cumplieron dos años de la entrada en vigor de la llamada Ley Bitcoin de El Salvador, modelada por el presidente Nayib Bukele para convertir al país en "un hub tecnológico y la capital mundial del bitcoin, modernizar su sistema financiero y financiar el aparato público, las empresas y las finanzas personales con activos digitales".
Los esfuerzos del Estado por avanzar en las leyes del ecosistema (en enero de este año el Congreso salvadoreño promulgó la Ley de Emisión de Activos Digitales) han levantado voces críticas, como aquellas que aseguran que una moneda que perdió el 60 % de su valor en 2022 no puede usarse como reserva ni comprarse con fondos públicos, debido a su alto riesgo, y que emitir activos digitales podría convertir a El Salvador en un paraíso fiscal cripto y entregarle todo el poder del manejo institucional de estos activos al presidente.
Aunque aún queda mucho que ver respecto a los avances o riesgos que estas leyes puedan atraer al país centroamericano, los expertos se han permitido hacer un balance sobre el panorama en el país y sobre las promesas que esta ley hizo para su modernización.
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Todo recuento suele empezar, como hizo Daniel Leiva, director del área Fintech de Consortium Legal - El Salvador, por lo positivo: a dos años de su implementación, el país ha encontrado rutas para abrir nuevas alternativas de envío transfronterizo de valor.
“Hay nuevos instrumentos financieros al alcance de la población y las empresas salvadoreñas, un mecanismo de inclusión financiera que permite a cualquier salvadoreño contar con un producto financiero de forma inmediata; es posible atraer inversiones que permitan la expansión de este tipo de empresas en el territorio nacional y en Latinoamérica, e incentivar el turismo de nicho para quienes comulgan con el bitcoin, y para quienes El Salvador supone un destino obligado".
Todo esto a pesar de que, como explica el abogado, “los niveles de adopción son bajos, y existen esfuerzos privados y públicos para fomentar la educación y la adopción como instrumento financiero tradicional en la economía nacional”.
También, Mario Lozano, socio de Arias - El Salvador y jefe de su área Fintech y de Criptomonedas, detalla que haber hecho al bitcoin una moneda de curso legal “ha provocado una aceleración a la evolución del sistema financiero como lo conocemos, así como de nuevas tecnologías y modelos de negocios disruptivos".
"También ha generado análisis de mejora para seguir fortaleciendo la apuesta adoptada. No obstante, aún resulta importante seguir trabajando en varios aspectos para maximizar los beneficios de la nueva moneda salvadoreña".
Por ejemplo, el marco regulatorio considera que debe haber una provisión de regulaciones claras y concisas que aborden los aspectos legales del uso, comercio y tributación de las criptomonedas, para el abogado “cualquier esfuerzo para impulsar este punto aumentará la confianza de los inversionistas y asegurará la adopción responsable del bitcoin”.
Asimismo, en materia de protección al consumidor, deben establecerse mecanismos sólidos de protección para salvaguardar a los ciudadanos de posibles estafas y fraudes en estas plataformas, mientras —desde un punto de vista de ley contra el lavado de dinero y activos— el país debe tener un sistema integral de cumplimiento.
“Este debe dar tranquilidad a los usuarios de que todas las operaciones que se realicen en esas plataformas y bajo los servicios que se pretendan brindar son totalmente revisadas y controladas, así como un esquema de conocimiento al cliente con estándares aptos de requerimiento de información para poder determinar y evaluar las actividades por estos realizadas”.
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Educar en economía circular
La adopción efectiva del bitcoin como moneda legal venía aparejada en la ley con la expansión de proyectos educativos, el plan era que la población entendiera cómo funciona la tecnología que soporta esta moneda e incorporar, en su día a día, la filosofía de la economía circular y libertad financiera que esta —en teoría— da. Para esto, se diseñaron una serie de actividades para enseñar a las personas a usar la criptomoneda, hacer trading, tokenizar los bienes y servicios y comercializar el bitcoin.
En esta materia, señala Lozano, “resulta esencial colaborar en la educación e información del público en general respecto del acceso, beneficios y riesgos asociados con las actividades que pretenden desarrollar, de manera que, las personas puedan contar con la preparación necesaria y tomen decisiones financieras responsables en este panorama en constante evolución.”
Aunque, resalta Leiva, todavía hay una enorme duda en este sentido, “sin educación financiera es imposible la adopción de nuevos instrumentos financieros.”
Al parecer, el gobierno salvadoreño reconoce esta deuda y por eso anunció en septiembre un memorando entre el Ministerio de Educación y la ONG Mi Primer Bitcoin, para implementar un plan de estudios en las escuelas públicas “para entrenar y capacitar a los docentes públicos que, a su vez, puedan replicar esto como parte de la red de educación pública nacional”, precisa el abogado.
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Minería cripto
Desde la adopción de la Ley Bitcoin, la minería de la moneda ha estado sometida a un profundo escrutinio público que también analiza la viabilidad de explorar esta actividad en un país con una economía y matriz eléctrica modestas para la que puede esperarse un mayor desarrollo, dice Mario Lozano, a quien secunda Leiva:
"La minería cripto avanzará como negocio en cuanto el costo eléctrico y económico se reduzca una vez se pongan en marcha estas iniciativas públicas y privadas aún por concretarse, a pesar de que actualmente existen inversiones relevantes sobre proyectos de energía sostenible".
El especialista destaca que los costos actuales para desarrollar esta actividad en el país son bastante elevados, por lo que presenta un reto el poder desarrollar esta actividad.
Las autoridades nacionales han manifestado en diversas ocasiones que se encuentran trabajando en proveer esas fuentes de energía que respondan a la demanda de estas actividades, así como a la demanda de la población por este recurso, muy conocida es la instrucción que Bukele le dio a la empresa estatal de electricidad geotérmica LaGeo para trazar un plan para ofrecer granjas de bitcoins que usen energía renovable de los volcanes locales.
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