“Chile tiene especiales condiciones geográficas y climáticas para la generación de hidrógeno verde. La UE, por su parte, aumentará considerablemente en los próximos años su demanda, llegando a niveles en torno a los 10 millones de toneladas al año”, apunta Javier Edwards, quien cuenta con una experiencia de más de tres décadas como especialista en derecho energético, bancario, financiero e inversión extranjera, entre otras áreas. Edwards recientemente asumió el desafío de liderar una de las sedes de ONTIER en Latinoamérica.
Desde hace casi un mes, Javier Edwards es el socio director de la oficina de ONTIER en Chile. Las tendencias en materia financiera que destacan en la agenda son diversas, trasciende la transición energética del país y la transformación de su mercado a uno verde.
“Son miles de millones de pesos los que la banca chilena está colocando en financiamientos verdes, entre los que caben destacar proyectos de eficiencia hídrica, energía sostenible, electromovilidad, economía circular y agricultura sostenible. Lo mismo están haciendo los fondos de inversión. Resultan claras las ventajas de invertir en proyectos verdes (vs. los café) y en el cumplimiento de criterios ESG de última generación para el mundo financiero”, asegura.
La firma de acuerdos entre la UE y Chile como aliados estratégicos, 15 días antes de que Edwards asumiera como socio director de ONTIER Chile, es la antesala propicia para conocer las oportunidades y desafíos que surgen en el mercado y la apuesta por instrumentos verdes.
Los acuerdos de cooperación se enfocan en la denominada Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde. Con fondos aportados por el Banco Europeo de Inversión (BEI) y el Ministerio de Economía de Alemania, Chile contará con una financiación aproximada de 225 millones de euros que se destinarán a potenciar esta industria, con miras al logro de la carbono-neutralidad hacia el año 2050. Ambos acuerdos se enmarcan en la Agenda de Inversión Global Gateway de la UE.
“El primero de estos instrumentos, denominado Fondo Team Europe de Hidrógeno Renovable en Chile, tiene por objeto financiar proyectos de producción y uso de hidrógeno renovable. El segundo, llamado Team Europe para el Desarrollo del Hidrógeno Renovable en Chile, tiene relación con la financiación de asistencia técnica para fortalecer las condiciones de Chile en la materia, promoviendo la transferencia tecnológica y de conocimiento. En este sentido, la UE y Chile refuerzan su relación como aliados estratégicos, reconociendo ambas partes el rol del hidrógeno verde en la descarbonización para Chile y el apoyo y el compromiso de Europa como importador, en su búsqueda de independencia y diversificación energética”, detalla.
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En entrevista, Javier Edwards comenta sobre el cumplimiento de las metas de descarbonización trazadas por la UE y Chile, la participación de la banca en instrumentos financieros verdes y la posibilidad de homologar parte del marco de la Ley MiCA.
¿Qué desafíos regulatorios en materia energética trae consigo la alianza UE - Chile?
Javier Edwards: Para combatir el cambio climático, muchos países han acordado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y, en esta materia, la UE ha tenido un liderazgo especial. Chile, por su parte, ha asumido el compromiso de volverse 'carbono-neutral' hacia el 2050, lo que ha sido plasmado en la Ley 21.455, que establece un marco jurídico para hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, con la finalidad de alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al 2050.
En este momento las principales líneas de acción para reducir la emisión de GEI son:
- La generación de electricidad a partir de energías renovables no convencionales (ERNC),
- la electromovilidad,
- la eficiencia energética y,
- el impulso a proyectos de hidrógeno verde (H2V).
Esto implica la adopción progresiva de un universo complejo y diverso de medidas regulatorias destinadas a cambiar la matriz energética del país, lo que ya está en proceso; fomentar la electromovilidad tanto en el transporte público como el privado, establecer estándares de uso energético eficiente que contemplen los incentivos necesarios y apostar de manera decidida por la industria del hidrógeno verde.
¿Cómo afecta el Plan Industrial Green Deal a las empresas chilenas interesadas en invertir en el mercado europeo?
El Plan Industrial del Pacto Verde define una política y posición internacional en la que los países de la UE han decidido hacer frente a los grandes contaminadores y responsables de los efectos del cambio climático. En términos concretos, se trata de lograr que el continente europeo sea una región 'carbono-neutral' al año 2050. Conseguir esto no es tarea fácil y supone la adopción de una serie de medidas como una Ley Europea del Clima; estrategia de biodiversidad para el 2030; un plan de integración del sistema energético y de hidrógeno para descarbonizar, así como la creación de fondos especiales para financiar las distintas medidas que se adopten.
Desde un principio, Chile ha estado alineado con la postura europea, probablemente es de los países latinos más avanzados en la adopción de criterios, políticas, medidas y acuerdos internacionales de este tipo. Un buen ejemplo es la ya mencionada Ley Marco de Cambio Climático.
El litio y el cobre chilenos también despiertan el interés del bloque comercial europeo. Recientemente, las partes acordaron aprovechar estos minerales en la fabricación de vehículos y baterías a cambio de inversiones. ¿Favorece el marco legal chileno las inversiones estratégicas en cobre y litio?
Durante las últimas décadas, Chile ha sido un país ejemplar en materia de inversiones extranjeras. Si bien en los 70 se nacionalizó la gran minería del cobre, en los años 80 se retomó la inversión extranjera en la gran minería, siendo Minera Escondida Limitada, de propiedad de BHP, Río Tinto y Jeco Corporation —empresa de la que fui general counsel por cinco años— la pionera de una nueva y exitosa etapa en la minería metálica y no metálica, el litio, por ejemplo, dentro de la última.
Las principales discusiones a lo largo de los años han sido de índole medioambiental y fiscal. Recientemente, bajo el gobierno del presidente Boric han surgido iniciativas y nuevas voces que plantean eventuales nacionalizaciones y la participación de empresas estatales, como Codelco y Endesa, en la explotación del litio. Aún así resulta claro que el país se siente cómodo con un sistema de inversión y desarrollo de la actividad minera en el que participen capitales privados, extranjeros y locales, junto con incentivar proyectos con involucramiento público-privado.
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Tendencias en el mercado financiero y el potencial de la Ley MiCA
Scotiabank Chile colocó este mes su primer bono verde en el mercado internacional, ¿qué factores están impulsando la inversión en este tipo de instrumentos?
El mundo financiero resulta inescindible de las prioridades que genera la agenda medioambiental y sus urgencias. Resulta muy significativa la Declaración Conjunta sobre Cambio Climático, emitida a fines de 2019, por las principales instituciones reguladoras y supervisoras de los mercados financiero y de capitales: Ministerio de Hacienda, Banco Central de Chile, Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones.
En esta declaración se destaca que la colaboración del sistema financiero y mercado de capitales se puede concretar a través de:
- La movilización y canalización de los recursos requeridos para la transición hacia una economía carbono neutral e
- Identificando que el sistema financiero también se encuentra expuesto a riesgos asociados al cambio climático, físicos y de transición regulatoria.
Reconocer que estos riesgos tienen un efecto potencial relevante en el sistema financiero está dando lugar a la promulgación de normas y acciones que alineen las agendas de ambos mundos hacia la práctica de conductas afines. De gran importancia es el Acuerdo Verde, de carácter público – privado, en que el Estado de Chile y las instituciones financieras adhieren a una serie de principios de conducta y asumen compromisos en torno a la meta de descarbonización, también del 2019.
Por último, hay una serie de acuerdos internacionales públicos y privados que generan diversos tipos de incentivos y sanciones para la actividad financiera asociada a proyectos descarbonizadores y aquellos que no lo son. Estos están generando incentivos comerciales que, sumados a los criterios jurídicos y consideraciones de riesgo, están llevando a la banca y las inversiones en la dirección correcta. Bancos como Santander Chile han manifestado su compromiso con el cuidado del medioambiente, a través de acciones concretas como la adhesión al Acuerdo de Producción Limpia (APL) - Transición a la Economía Circular (TEC), firmado entre la red Acción Empresas, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y dicho banco.
Otro ámbito clave en materia financiera en Chile es la industria fintech. En su opinión, ¿qué aspectos de la Ley MiCA son viables de homologar en la regulación chilena?
Si bien la Ley 21.521 (Ley FINTEC) otorga un marco jurídico a las compañías cuyo giro dice relación con:
- Plataformas de financiamiento colectivo;
- Sistemas alternativos de transacción;
- Asesoría crediticia y de inversión;
- Custodia de instrumentos financieros, y
- Direccionamiento de órdenes e intermediación de instrumentos financieros.
Este marco fue poco ambicioso con el tema criptoactivos, ya que solo los define en su artículo 3° como “representación digital de unidades de valor, bienes o servicios, con excepción de dinero, ya sea en moneda nacional o divisas, que pueden ser transferidos, almacenados o intercambiados digitalmente”, careciendo de una regulación más profunda.
La Ley MiCA tiene varios puntos que el legislador y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) debieran tomar en cuenta al momento de pensar en regular a los criptoactivos. Entre ellos:
- La clasificación que realiza en “fichas de dinero electrónico”, “fichas referenciadas a activos” y aquellos que no pertenecen a una u otra categoría. Esta clasificación permite un tratamiento diferenciado y proporcional a la sensibilidad asociada a cada categoría;
- El establecimiento de los requisitos para proveedores de servicios de criptoactivos, como exchanges, billeteras digitales y custodios, quienes estarán obligados a mantener la autorización del ente fiscalizador respectivo, asegurando en todo momento la transparencia y protegiendo al consumidor que participa del mercado de criptoactivos, y
- Se incluyen disposiciones para una fiscalización efectiva y coordinada de los proveedores de activos digitales por parte de las autoridades financieras.
Todo esto debiera ser objeto de una reforma de la Ley 21.521, incorporando estos temas y dando acceso a la Comisión para el Mercado Financiero para regular adecuadamente estos temas. Nuestra ley se dictó pensando en la web 2.0 cuando lo que corresponde es regular con la web 3.0 en la mira.
¿Cuáles son las jurisdicciones de la UE con las que podría mejorar Chile sus relaciones comerciales en materia fintech, de adoptar ciertas propuestas de la Ley MiCA?
Sin duda, España es un país de alto potencial por la profundidad de las relaciones comerciales ya existentes, la cercanía cultural y el idioma. Pero me atrevo a decir que, en la medida en que la normativa que se dicte en Chile por la CMF, al amparo de la Ley 21.521, publicada en enero de 2023, esté en sintonía con la Ley MiCA, todos los países de la UE y el Reino Unido serán targets inevitables para operadores del mundo fintech chileno.
El mundo fintech nace de la mano de avances tecnológicos y la globalización. De esta manera y, en la medida en que las normativas estén alineadas, los mercados se ampliarán y profundizarán en todas las direcciones posibles.
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Finalmente, ¿qué acciones le falta concretar al país para consolidarse como un hub financiero digital?, ¿qué factores están demorando la llegada a esa meta?
Chile tiene todas las condiciones para convertirse en un hub financiero digital: estabilidad institucional, mercado financiero profundo y sofisticado, entidades financieras de primer nivel, reguladores preparados y confiables, así como una infraestructura de telecomunicaciones digitales de primer nivel. Se están adoptando las medidas necesarias para dar al mundo fintech el espacio adecuado para operar competitivamente con el mundo financiero tradicional, resguardando que no se convierta en un espacio para actividad financiera ilícita.
Ahora, si algo puede atentar con la pérdida de una oportunidad es que los cambios normativos no se adopten con la proactividad adecuada. Este es un sector en el que hay que mirar hacia lo que viene, mientras se hace lo indispensable. Una visión demasiado conservadora o con un sentido del riesgo distorsionado podría poner las cortapisas erradas en actividades e iniciativas que deberían incentivarse.
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