Carlos Roberto Siqueira Castro, socio fundador de una de las firmas de abogados más grandes de Brasil, evalúa el paquete de cambios constitucionales del Gobierno de Jair Bolsonaro para la reforma del Estado como una medida de bienvenida para reducir el gasto público y mejorar el desempeño del poder público en Brasil.
Graduado en derecho de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, tiene un L.L.M. de la Universidad de Michigan y un doctorado en Derecho Público de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Siqueira Castro destaca la creación del Consejo Fiscal de la República, la extinción de fondos, la estandarización de conceptos por los tribunales de cuentas y la revisión de los beneficios fiscales, pero señala las dificultades para aprobar una reducción automática de los municipios y la imposición de límites presupuestarios en las decisiones judiciales.
Lea a continuación su conversación con LexLatin:
¿Cómo evalúa el paquete de reformas estatales propuesto por el Gobierno?
El ministro Paulo Guedes, quien dirige esta agenda reformista, llevó al Senado, junto al Presidente de la República, las tres Propuestas de Enmienda Constitucional (PEC): 186, 187 y 188.
El objetivo principal, en líneas generales, es exactamente reducir el gasto público. Para que te hagas una idea, Brasil ahora tiene una deuda pública acumulada de 5,6 billones de reales. Estamos hablando del 79 % del Producto Interno Bruto, es un gran peso para el Estado y la sociedad brasileña. En 2006 era solo el 55 %, hoy es casi el 80 %. Tuvo un crecimiento vertiginoso. Los tres PEC apuntan a crear un estado de emergencia que autorice a los tres niveles del gobierno - Unión, Estados y municipios - a tomar medidas drásticas para reducir el gasto público. Busca fortalecer la autonomía de los Estados y municipios y extinguir los fondos obligatorios. Tenemos alrededor de 282 fondos que recaudan fondos públicos y ni siquiera se pueden destinar a aplicaciones de salud, educación, ciencia y tecnología.
En conjunto, creo que los tres PEC se ocupan de cuestiones muy delicadas, algunas impopulares, cuando se trata de reducir las horas de servicio público y en proporción a su salario, hay excepciones como el poder judicial, la fiscalía y la policía militar. Sin embargo, es impopular porque interfiere con las horas de trabajo y sueldo de los funcionarios.
Especialmente en áreas sensibles, puede reducir en un 25 % las horas de trabajo y el pago de los maestros de escuelas públicas o enfermeras y médicos desplazará a la población en el 25 % de estos servicios, que son bastante precarios.
Por otro lado, hay aspectos que creo que son un gran progreso institucional: el PEC del pacto federativo, el PEC de la emergencia fiscal y la extinción de fondos.
En el pacto federativo crea el Consejo Fiscal de la República, compuesto por representantes de todos los Poderes, el presidente de la República, la Cámara de Representantes, el Senado, el Tribunal Federal Supremo, el Tribunal Federal de Cuentas, alcaldes y gobernadores. Estos evaluarán la sostenibilidad financiera de la Federación.
Existe una norma interesante para estandarizar los conceptos presupuestarios y financieros, para evitar divergencias entre los tribunales de auditoría estatales y municipales. La aplicación de créditos, la asunción de obligaciones, todo estará sujeto a la orientación normativa del Tribunal de Contas da União (TCU).
Existe otra norma interesante que requiere la previsión de recursos para el flujo de obras públicas. Hoy no se inician, lo que es muy malo. Hay una colección de obras que están paralizadas porque no hay flujo financiero, uno de los PEC ya prevé la provisión de recursos, para no perderse.
Los cambios propuestos siguen la filosofía de reducir el Estado para que el sector privado pueda asumir las funciones que hoy realiza el Gobierno...
La filosofía de toda la reforma es más Brasil, menos Brasilia. Su objetivo es dar una mayor autonomía a los estados y municipios. Hay reglas que son muy sensibles y de dudosa constitucionalidad. Hay una regla que prohíbe las decisiones judiciales que generan gastos, que solo serán efectivas cuando se presupuestan. Te lo digo por experiencia: es poco probable que un juez no cumpla, reconozca y otorgue derechos sociales, como la atención médica, el derecho a la medicina, la cirugía, porque no está previsto en el presupuesto. Este es un problema de los ejecutores del presupuesto. En mi opinión, esta es una norma difícil de tratar en el Congreso porque interfiere con la autonomía del Poder Judicial.
Hay reglas financieras muy interesantes. Con respecto a las exenciones fiscales, estipula que los beneficios deben reevaluarse cada cuatro años y que, dentro de la unión, a partir de 2026 no superará el 2 % del PIB nacional. Lo que es muy bueno, no podemos tener exenciones que consuman una parte significativa del presupuesto del gobierno. Bajo el gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff existía una política sectorial de otorgamiento de beneficios que creaba dificultades presupuestarias muy grandes y no brindaba beneficios reales al país, ni aumentaba el empleo para aliviar la tensión social. Estos son beneficios que tuvieron apropiación privada y sin mayores repercusiones políticas para la sociedad en su conjunto.
¿Qué opina de la reducción del Estado?
Ni tanto al mar, ni tanto a la tierra. Creo que reducir el Estado debería apuntar al lado inútil del Estado. Los 280 fondos, por ejemplo, con dinero estampado sin importancia, que podría usarse para reducir la deuda pública, que es la enmienda propuesta. La extinción de los fondos públicos, con el dinero destinado a canjear la deuda pública, que paga toda la nación. Pagamos esto disminuyendo la inversión con altas tasas de interés. El Estado obeso debe reducirse.
Pero la reducción debe ser selectiva. Brasil tiene un gran déficit de ciencia y tecnología, estamos ingresando a la generación 5G en todo el mundo. Acabo de regresar de Japón y Corea. Vi cómo la tecnología 5G y la organización social de esas sociedades modernizaron el país. Gastamos mucho y gastamos mal en Brasil, tenemos que hacer una reducción selectiva del Estado, honrando las áreas que aumentan la competitividad, la mejora del capital humano y ponen al Estado en una posición para ser la fuerza impulsora de la economía, pero sabiendo que quien genera riqueza no es el Estado sino los privados. El Estado puede establecer políticas públicas para la inclusión social y pautas correctas o incorrectas. Los que hacen inversiones son el capital nacional y extranjero siempre que tengamos seguridad jurídica y las políticas correctas para atraer capital extranjero.
Mencionó la inconstitucionalidad de algunos puntos de los PEC, como la previsión del presupuesto para que las sentencias sean efectivas. ¿Podría nombrar otros?
Otro punto que pienso en relación con la constitucionalidad dudosa tiene que ver con el fortalecimiento de la federación. El PEC dice que los municipios con menos de 5.000 habitantes y una recaudación de menos del 10 % de los ingresos totales serán absorbidos por el municipio vecino. Incluso tuvimos, como se puede ver en el trabajo del expresidente Fernando Henrique Cardoso, la invención de la política en Brasil, después de 1988 se abusó de la municipalización en el país.
Teníamos 4.000 municipios en 1988, hoy tenemos 5.570. De estos, 1.253 con menos de 5.000 habitantes, que representan el 22,5 % del total de municipios existentes. Estos municipios tienen sus propios ingresos para realizar sus funciones en la Federación. Creo que no viven de las asignaciones del Fondo de Participación Municipal, la gran mayoría representa una artificialidad para servir intereses electorales espurios, tener alcalde y gabinete, tener una cámara con al menos nueve concejales: la Constitución dice que hasta 15.000 habitantes deben tener no menos de nueve concejales, cada uno con su oficina, consejos, cuando no sea conductor, y todo. Esto es una pérdida de dinero, los brasileños de todos los sectores están pagando a través del Fundo de Participação dos Municípios un verdadero servicio público de Hollywood.
Los municipios pueden fusionarse. Pero esto tiene un problema constitucional, que establece requisitos para la creación de municipios, la ley estatal crea entidades municipales. Y estos municipios existentes han cumplido con las normas constitucionales. Habrá una gran pelea para saber si mantendremos los municipios. La discusión será muy grande, cualquiera que sea el resultado, puede llevar a una judicialización del asunto ante la Corte Suprema Federal.
Para leer la entrevista completa en portugués, puede entrar aquí.
}
Add new comment