En el panorama actual de Panamá, las Alianzas Público-Privadas (APP) se erigen como un catalizador clave para el progreso económico y el desarrollo de infraestructuras esenciales. A mediados del 2023, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que sería necesaria una inversión de 2,2 billones de dólares en sectores cruciales, como agua y saneamiento, energía, transporte y telecomunicaciones, para que Latinoamérica alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas para antes de 2030.
Este impulso no solo es necesario para el cumplimiento de metas globales, sino también para contrarrestar la deuda total en América Latina y el Caribe, que desde 2008 se ha duplicado, según el BID, lo que en contraparte ha generado una disminución en la inversión tanto pública como privada.
"No invertir en infraestructura frena el desarrollo y se estima que tendría un impacto negativo en el PIB de hasta el 15 %. Adicionalmente, el recorte de inversión en infraestructura afecta más a los percentiles más pobres de la población", advierte el BID en un reporte, subrayando la urgencia de impulsar proyectos que no solo reactiven la economía, sino que también generen un impacto positivo en la sociedad.
Te tomará un minuto. Suscríbete a nuestros Boletines Temáticos
En el contexto panameño, la implementación de las APP ha sido un fenómeno reciente. Alexis Herrera R., socio de Icaza, González-Ruiz & Alemán, experto en contratación pública y M&A, destaca que hasta la fecha solo se ha adjudicado un proyecto bajo esta modalidad.
Sin embargo, indica que este primer paso ha despertado el interés de nuevas empresas multinacionales que han decidido licitar por primera vez en el país caribeño. Ante la pregunta sobre la relación del mercado con los proyectos impulsados por las APP, Herrera comenta:
"Es muy difícil determinar si la relación será favorable o desfavorable. Hasta ahora ha sido bastante favorable en cuanto al número de empresas interesadas".
De lo anterior resalta la necesidad de comprender las condiciones impuestas por las instituciones financieras para llevar a cabo mecanismos de financiamiento exitosos.
Por su parte, Adolfo González-Ruiz, abogado asociado de Icaza, González-Ruiz & Alemán y especialista en derecho corporativo, menciona que las condiciones óptimas se logran cuando se establecen garantías ya reconocidas por las instituciones financieras y los pagos se alinean con la realidad bancaria.
Además, destaca la importancia de que los “tiempos de pago por parte del gobierno sean respetados, para consolidar así un entorno financiero estable y confiable para la ejecución eficiente de proyectos”.
En el horizonte del 2024, las Alianzas Público-Privadas en Panamá se presentan como una fuerza impulsora que no solo promete transformar la infraestructura del país, sino que también puede significar una inyección crucial para la economía, atrayendo inversiones y generando oportunidades para nuevos actores en el escenario nacional.
A continuación, Alexis Herrera R. y Adolfo González-Ruiz, abogados de Icaza, González-Ruiz & Alemán, identifican los factores para generar un ambiente propicio para el surgimiento de proyectos que impulsen el desarrollo sostenible de Panamá en la próxima década, sin perder de vista los desafíos, claves para una comprensión estratégica del panorama.
No dejes de leer: Agenda legislativa 2024: Las normas por aprobarse en México, Chile, Brasil, Argentina y Venezuela
¿Qué beneficios impulsan este tipo de convenios y cuáles son sus áreas de desafío?
Adolfo González-Ruiz- En nuestra opinión los puntos favorables sobre los proyectos APP son los siguientes:
- Los proyectos mantienen una vigencia prolongada, lo que es atractivo para las empresas multinacionales.
- Los riesgos son compartidos con el gobierno licitante.
- Los proyectos de APP son de alta complejidad, por lo que elevan los estándares de competitividad en las empresas participantes.
- Los proyectos de APP impulsan la transmisión de conocimientos en la mano de obra panameña.
Alexis Herrera R.- Mientras que los desafíos frecuentes para los proyectos de APP son:
- Interés de las instituciones financieras en participar en los financiamientos de los proyectos respecto al nuevo tipo de garantía.
- El riesgo de las empresas en obtener el retorno de la inversión dado que son proyectos complejos, muchas veces con pliegos de cargos con lagunas y a muy largo plazo.
- El costo para preparar las propuestas puede ser más elevado.
- Esquema distinto y menos ventajoso para las compañías afianzadoras en caso de incumplimiento del contrato por parte del contratista.
- Las instituciones financieras no están acostumbradas a que el riesgo financiero sea compartido entre el Estado y el contratista, ya que depende del desempeño de este último. Usualmente, es solamente del Estado.
Te puede interesar: Incentivos jurídicos y tributarios: La competencia por la inversión extranjera en México, Chile y Perú
Desde el frente regulatorio, ¿por qué la gestión del tiempo es un elemento clave en los proyectos de las APPs?
Adolfo González-Ruiz: En los proyectos de APP los tiempos son elementos claves para la ejecución de las distintas fases porque los contratistas cuentan con una serie de obligaciones previas a la fase de ejecución, incluyendo la constitución de una sociedad con propósito especial —o SPV, special purpose vehicle o entidad de especial propósito—, constitución de un fideicomiso, negociación del financiamiento, colocación de las garantías, entre otros.
¿Cuáles son sus recomendaciones en relación con los mecanismos y garantías, así como los requisitos para el desarrollo eficiente de un proyecto liderado por una APP?
Adolfo González-Ruiz.- En el ámbito de las Alianzas Público-Privadas es esencial que las garantías del proyecto se diseñen ajustándose a las figuras jurídicas ya conocidas por las instituciones financieras. Esto no solo facilita la comprensión y aceptación de estas entidades, sino que contribuye a establecer un marco sólido que respalda el financiamiento del proyecto. Además, considero clave que los desembolsos del gobierno al fideicomiso se realicen en tiempos más cortos, optimizando así los flujos financieros y asegurando una ejecución eficiente del proyecto. Asimismo, la vigencia del financiamiento debe alinearse con los modelos bancarios ya conocidos, garantizando así la estabilidad y coherencia en los términos financieros del proyecto.
Alexis Herrera R.- Desde mi perspectiva, es fundamental que el gobierno publique proyectos APP en los que el contratista perciba un retorno a la inversión. Esto no solo fomenta la participación de empresas interesadas, sino que también asegura que los proyectos sean atractivos desde el punto de vista financiero.
Además, las exigencias de los pliegos de cargos deben ser proporcionales a la complejidad de los proyectos desarrollados en Panamá, evitando imposiciones innecesarias que puedan desincentivar la participación de potenciales inversionistas.
En cuanto al repago del financiamiento es crucial que no demore excesivamente en la primera etapa del proyecto, por lo que sugiero que existan montos a pagar garantizados, independientemente del cumplimiento del contrato por parte del contratista. Esta medida proporciona seguridad financiera y mitigaría posibles riesgos asociados a la ejecución del proyecto.
¿En qué consiste la garantía estipulada por el contrato APP y qué riesgos consideran las empresas?
Adolfo González-Ruiz.- El Contrato APP estipula un nuevo tipo de prenda creada en virtud de la Ley 93 de 2019 (Ley APP), regulada a su vez por el Decreto Ejecutivo 840 de 2020.
Las instituciones financieras podrían no estar dispuestas a otorgar financiamiento si el paquete de garantías está constituido principalmente por garantías que no han sido probadas ante los tribunales locales.
Las instituciones financieras podrían inclinarse a entender que están actuando como garantes de las obligaciones del contratista, así aumentando su riesgo. Por ejemplo, las instituciones financieras pudiesen verse en una situación difícil al tener que encargarse de buscar un reemplazo para el subcontratista en caso de su incumplimiento a fin de poder ejecutar la garantía.
¿En qué industrias se refleja actualmente el dinamismo en materia de inversiones que estarían impulsando las APP?
Adolfo González-Ruiz.- Por el momento, el Gobierno de Panamá ha culminado la adjudicación de un proyecto APP enfocado en la rehabilitación y mantenimiento de un tramo de la Carretera Panamericana Este (CPE). La licitación fue ganada por la colombiana Interconexión Eléctrica (ISA), por medio de su empresa ISA Intervial Chile, operador de concesiones de vías interurbanas en el país.
Actualmente, el Gobierno está preparando la licitación de un segundo proyecto APP, cuya etapa de precalificación ya culminó, este proyecto tiene un enfoque similar al primero, pero en otro tramo de la CPE.
El tercer proyecto APP de interés, que aún no ha sido publicado, pero en el que el gobierno ha manifestado su mayor interés, sería la construcción de una línea de transmisión eléctrica de 500 KV que recorre el país.
Imperdible: La industria de capital de riesgo en Latinoamérica: ¿Qué esperar para 2024?
¿Cuál es la tendencia en materia de APP en Centroamérica, en qué posición se sitúa Panamá ?
Alexis Herrera R.- Nuestra legislación APP fue redactada considerando el marco normativo colombiano, por ende, podemos comentar que hay una influencia sudamericana y no centroamericana. La misma genera aspectos positivos y negativos.
La intención de promover proyectos APP en Panamá es una oportunidad para que las empresas multinacionales inviertan estableciendo oficinas en nuestro país, para participar en dichos proyectos de su interés. Sin embargo, hay normas específicas en nuestra legislación APP, especialmente con respecto a aspectos relacionados con garantías, ejecución de fianzas y otros aspectos, que pueden no compaginar con las prácticas del mercado hasta ahora. A raíz de eso es importante contar con asesoría especializada.
}
Add new comment