México se enfrenta a los reclamos comerciales de inversionistas de empresas energéticas estadounidenses. Su alegato es que las reglas del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se han roto, pues el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha privilegiado a las empresas locales de hidrocarburos y electricidad, fracturando así el acuerdo comercial vigente.
La inconformidad se ha extendido al gobierno canadiense. Este ha anunciado que apoyará al gobierno de Joe Biden en la revisión de las políticas mexicanas que afectan, según su perspectiva, algunas de las reglas del T-MEC en materia de energía.
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Antecedentes
El origen de la disputa, explica Juan Carlos Machorro, socio a cargo del área transaccional de la firma legal Santamarina y Steta, está en el capítulo 8 del Tratado que, desde su redacción, no fue del beneplácito de México. Antes de su aprobación incluso fue eliminado.
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés), inició en agosto de 2017 y fue impulsada por el entonces presidente Donald Trump, desde Estados Unidos de Norteamérica; Enrique Peña Nieto, desde México, y Justin Trudeau, por Canadá. Aunque a los pocos meses Trump amenazó con disolver el acuerdo comercial a finales de ese año, los países se dirigieron con cuidadosa diplomacia, logrando consolidar lo que hoy conocemos como el T-MEC. Este contempla cambios medulares en las relaciones comerciales entre los tres países.
Cabe anotar que su discusión, redacción y aprobación sucedió en 2018, año electoral en que Andrés Manuel López Obrador, con su propuesta social demócrata, salió victorioso.
Para realizar un proceso ordenado de transición en cuanto al acuerdo comercial, el entonces presidente electo sumó al equipo negociador al economista Jesús Seade —hoy embajador de México en China—, quien tenía la tarea de afinar algunos puntos que el nuevo gobierno no aceptaba como parte de los cambios en el documento de intercambio mercantil.
El capítulo 8 y argumentos contra México
El capítulo 8, explica Machorro, era un documento que buscaba la integración energética, así como la implementación de un corredor de intercambio eléctrico y de hidrocarburos, pero la administración de López Obrador, entonces ya electa, pidió eliminarla.
En contraparte, Seade solicitó añadir en ese mismo segmento el mensaje de que México tenía soberanía sobre sus reservas petroleras y que el país se reservaba los derechos para cambiar su legislación en materia energética según sus intereses.
“Aquí empieza la primera gran confusión porque en la narrativa, hasta el día de hoy, el gobierno asegura que no hay violación al tratado, pues según su actuar no estaba cubierto por el TMEC. Es una gran confusión porque una cosa es que se reserve el derecho de reformar sus reglas y otras es que se violenten las reglas del juego que se acordaron”, detalla el líder del área transaccional.
De acuerdo con un comunicado de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, Estados Unidos ha solicitado una revisión entre pares —un mecanismo de resolución de controversias estipulado en el T-MEC, que no estaba en el antiguo tratado— porque considera que México ha sido inconsistente con los principios de:
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Trato nacional de mercancías.
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Trato no menos favorable a las inversiones.
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Obligación de no imponer restricciones para la importación.
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De imparcialidad de los órganos administrativos estatales que regulan a empresas propiedad del Estado y de razonabilidad.
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Oportunidad y legalidad en los procedimientos administrativos que sean aplicados por una parte, a una persona, bien o servicio, de otra parte.
Esto a la luz de una serie de acciones legislativas que López Obrador ha impulsado, como la reforma a la Ley Eléctrica de marzo del 2021, que da prioridad en el despacho de centrales a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una paraestatal que ha sido ampliamente apoyada por el presidente.
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El objetivo de EE.UU. y Canadá: reformas energéticas
Para Horacio M. De Uriarte, socio de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, es poco probable que la controversia contra México se resuelva en las mesas de discusión que preceden a los paneles, pues para ello el gobierno de López Obrador tendría que echar atrás una serie de reformas en materia eléctrica que, incluso, se encuentran suspendidas por Tribunales.
“En realidad, lo que Estados Unidos y Canadá están impugnando son medidas que no han entrado en vigor, como las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica. En los hechos, lo que va a pasar es que se va a arrastrar el periodo de consulta y no saldrá nada. Puede que al siguiente gobierno le toque resolverlo”, expone De Uriarte.
El especialista en las prácticas de energía e infraestructura agrega que en el capítulo 8 se establece que, si bien México puede reformar sus leyes y Constitución según sus intereses, las modificaciones deben salvaguardar los acuerdos contenidos en el Tratado.
Además, el gobierno de Estados Unidos considera que se rompen las reglas del TMEC porque se ha otorgado una prórroga exclusivamente a Pemex en relación con la obligación de cumplir con las especificaciones de niveles máximos de contenido de azufre en diésel automotriz, además de haber favorecido a transportistas que adquieren insumos comprados a Pemex y a CFE.
Acciones de inversionistas y posibles sanciones a México
En los últimos meses, el presidente ha recibido misivas del Congreso de Estados Unidos, así como visitas de altos funcionarios del gobierno estadounidense para conciliar los reclamos de los empresarios energéticos de la Unión Americana.
Las conversaciones no dieron resultado y, ante ello, se prevé iniciar una etapa de consultas entre países que durarán 75 días y se extenderán hasta octubre. Machorro explica que este mecanismo se ha usado en tres ocasiones: Estados Unidos pidió consultas a Canadá por la distribución de cupos en el sector lácteo, mientras que Canadá lo hizo ante la Unión Americana por una medida de salvaguarda respecto de células fotovoltaicas. A su vez, México y Canadá establecieron este mismo proceso ante Estados Unidos por la interpretación y aplicación de reglas de origen en el sector automotriz.
En el caso de la industria energética, indica el socio de Santamarina y Steta, los acuerdos podrían ser infructuosos, pues el gobierno mexicano sostiene que no hay violaciones al Tratado en esa materia, pues ni siquiera se incluyó.
De no lograr acuerdos en las consultas, se llevará a cabo un Panel de resolución de controversias, en el que México podría recibir una serie de sanciones arancelarias por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Los impuestos, agrega Machorro, pueden colocarse a beneplácito de los países afectados.
“Se van a imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, en los sectores en los que los americanos decidan. Lo hacen en donde ‘duele políticamente’, es decir, vamos a ver aranceles al agro, así como en el sector manufacturero, esto es peligroso, esa es la sanción que podría producirse”, puntualiza el socio de Santamarina y Steta.
Pero ese sería solo el inicio de una serie de repercusiones contra México. Si bien la posibilidad de ir a un panel de resolución de controversias traería sanciones de Estado a Estado, hay otra ventana de afectaciones que tendría impacto sobre el gobierno de López Obrador e incluso para el siguiente presidente mexicano.
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El T-MEC también contempla instrumentos de “reclamo” entre empresas o particulares y los Estados. Es decir, las empresas e inversionistas estadounidenses o canadienses podrían ir a juicio contra el gobierno mexicano, argumentando que no se cumplieron las reglas para garantizar sus inversiones y así pedir que se les paguen indemnizaciones.
Este proceso, narra Machorro, llevaría entre 3 o 4 años, por lo que se heredaría a la próxima administración.
Para De Uriarte es complicado que las empresas vayan a interponer este tipo de juicios contra el Estado mexicano porque, además de ser extensos, las empresas extranjeras han encontrado sentencias favorables acudiendo a organismos de justicia locales, sin tener que echar mano de los instrumentos del Tratado entre los tres países.
No obstante, el socio de Mijares explica que la violación al T-MEC a manos del gobierno mexicano dificultará la negociación de otros acuerdos comerciales que están llevándose a cabo, por ejemplo el de cooperación con el Reino Unido que, con su salida de la Unión Europea, se está reformulando.
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