Como en otros puntos alrededor del mundo, la industria de la construcción en México no transita por los mejores momentos de su historia. La recesión global que emergió tras la pandemia del Covid-19 y que continuó con la invasión rusa a Ucrania ha impulsado la quiebra de al menos 2.500 empresas en los últimos dos años, lo que representa un 20 % de las cerca de 12.000 afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Si bien se esperaba la recuperación del sector en este 2022, al cierre del tercer trimestre se observó una caída de 17 % en la construcción de viviendas. Esto sucedió en parte por la galopante inflación, que encareció tanto el costo de las unidades habitaciones como del crédito hipotecario. También influyó la ralentización en la ejecución de los presupuestos para la ejecución de obras públicas.
No obstante, los expertos creen que, pese a no ser el mejor de los años, el 2023 traerá algunos buenos resultados, al punto que, de acuerdo con el BBV Research 2023, el producto interno de la construcción crecerá 1 % este año. De tal forma, se espera que el verdadero despegue de la industria se produzca en 2024.
“Los gobiernos estatales han aplicado medidas y facilidades administrativas para evitar el estancamiento del sector, como la reducción del tiempo para la expedición de permisos de construcción de hospitales, viviendas sociales y escuelas, entre otros, así como la posibilidad de convertir oficinas y áreas comerciales en desarrollos residenciales. Estos esfuerzos pueden propiciar el crecimiento de los proyectos”, afirma Luis Burgueño, socio de la firma Von Wobeser y Sierra S.C.
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La construcción en la agenda pública
Uno de los factores que pueden explicar el panorama es la agenda administrativa del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Es de recordar, por ejemplo, la cancelación de uno de los más grandes proyectos de infraestructura a nivel nacional, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), también conocido como aeropuerto de Texcoco, y su sustitución por el Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Este aeropuerto, que se construía sobre el lecho seco del lago Texcoco, al noreste de la Ciudad de México, ya contaba con 20 % de ejecución al momento de ordenarse la suspensión de obras. El complejo requeriría inversiones por unos 13.000 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos iniciales del proyecto. La decisión provocó incertidumbre entre los inversionistas.
Desde la administración, también es notoria la baja ejecución de los presupuestos para obras públicas y la participación de los militares en la ejecución de muchas de las grandes obras por cuenta del Estado, lo que, a decir de los especialistas, afecta tanto o más que la caída de la demanda de vivienda o la baja ejecución de obras.
Sobre el primer punto, a finales del año pasado, la CMIC señalaba que un informe del Observatorio de la Industria de la Construcción daba cuenta de que, para agosto, la subejecución presupuestaria en obras públicas alcanzaba el 80 %, lo que significa que solo un 20 % de los recursos habían sido entregados para iniciar o continuar con obras de interés público.
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Nuevas políticas, nuevos percances
Un cambio en la formulación de políticas públicas dirigidas al sector construcción también ha tenido sus consecuencias en la industria, traducido en la falta de incentivos suficientes para realizar inversiones, al punto de que el gasto destinado a sus actividades ha quedado por debajo de los niveles de antes de la contingencia sanitaria.
“La situación política no ha logrado establecer los medios necesarios para atraer inversión de particulares y tampoco ha alcanzado a concretar los proyectos de obra pública que se plantearon durante este sexenio. De modo que si no se aprovecha el potencial y las oportunidades del mercado de la construcción, existe el riesgo de que la curva de desaceleración del sector se vuelva más pronunciada y termine por llevarlo a un periodo de contracción”, afirma Burgueño.
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Inflación y crisis de la cadena de suministro
El alza de precios de los materiales es otro tema que afecta. Producto de la interrupción de la cadena internacional de suministros a raíz de la guerra en Ucrania, tan solo el año pasado el costo de obras por la inflación subió 9,1 %, siendo la vivienda e infraestructura vial las más afectadas por el alza.
Por suerte, la crisis de la cadena de suministro ha abierto múltiples soluciones de importación y exportación, mientras que la reanudación de las entregas de materiales a través de nuevos mercados ha comenzado a fluir. Se espera que esto incida, a mediano plazo, en una reducción de los costos para estas empresas.
Obreros de verde militar
El papel del componente uniformado en las actividades industriales es quizá el punto más preocupante. Específicamente en la ejecución de obras públicas de gran envergadura, su entrada en el terreno excluye a cientos de contratistas y subcontratistas que pudieron haber intervenido en grandes obras como el AIFA, buena parte del Tren Maya, el Canal Bicentenario en Nayarit, un acueducto en Campeche y varios hospitales en la Ciudad de México, entre otros, todos ellos construidos por el Ejército mexicano.
“Las obras civiles no son de seguridad nacional y no las debe estar construyendo el Ejército. Los empresarios de la construcción debemos seguir participando como siempre. Nosotros hemos construido el país que existe”, manifestó a finales de 2022 Francisco Solares Alemán, presidente de la CMIC, quien de esta manera dejó claro cómo la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha restado oportunidades a muchas empresas del área.
La CMIC ha recordado -además- un punto muy importante que ha pasado desapercibido por muchos: que las obras construidas por el Ejército no generan empleo permanente ni impuestos de ningún tipo que pudieran permear a la economía, como sí ocurre con las empresas del sector privado.
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Daños colaterales: el mercado de valores
Los efectos producto de la quiebra de empresas sobrepasan el área de la construcción, por ejemplo, estos son palpables en el mercado de valores, en la caída de la rentabilidad.
“Los grandes capitales dejan de invertir o exigen tasas de retorno más altas a las inversiones en las demás empresas del mismo sector, aunque sus fundamentos sean sólidos. Específicamente, el mercado de valores se ve afectado, ya que la consecuencia directa de la bancarrota de una empresa es la caída del precio de las acciones, lo que genera desconfianza e incertidumbre entre los inversionistas quienes -si ya habían invertido su dinero en la empresa en quiebra- deben actuar rápidamente para atenuar cualquier pérdida mediante la venta de sus acciones”, acota Alberto Córdoba Álvarez, también socio de la firma Von Wobeser y Sierra.
Destaca el experto que los inversionistas que enajenen así sus acciones crean una bola de nieve que únicamente empeora la situación, destacando que las empresas que quiebran pueden recurrir ya sea a la liquidación de activos o a la reestructuración de pasivos para lograr aminorar las consecuencias de la quiebra, una situación que ya se ha dado en Chile, donde muchas empresas del sector se han visto obligadas a recurrir a la liquidación para aminorar sus pérdidas.
Es aquí donde cobra mayor importancia la planeación de estrategias que den lugar a la correcta gestión empresarial que garantice el futuro de la organización, entre las que los expertos de Von Wobeser y Sierra consultados destacan:
- Establecer estructuras que faciliten y hagan más eficiente la toma de decisiones, a través de la evaluación de riesgos y el establecimiento de mecanismos de acción ante contingencias y emergencias, así como el desarrollo de soluciones para los riesgos provenientes de la arena política.
- Tener conocimiento tanto de la situación interna de la organización como del entorno político-social para potencializar la capacidad de reacción ante los cambios ocurridos en ambos contextos, que puedan tener un impacto en la empresa.
- Contar con distintas opciones de fuentes de financiamiento que permitan obtener recursos económicos, siempre tratando de ajustar el presupuesto a la situación actual.
- Contar con programas de cumplimiento para reunir todos los requisitos necesarios para llevar a cabo los proyectos desarrollados por la empresa y evitar su retraso por la falta de observancia de las disposiciones legales aplicables al negocio.
- En caso de perder la capacidad de hacer frente a las obligaciones de pago, que se agote la posibilidad de que la empresa reestructure sus deudas a través del acercamiento con sus principales acreedores.
- En caso de no obtener resultados favorables, es posible acudir al concurso mercantil para, en última instancia, establecer acuerdos y negociaciones con los acreedores, así como efectuar la reestructura de las obligaciones pendientes, de forma tal que se evite la quiebra definitiva de la entidad y mantener su operatividad.
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