Las emisoras que eligen cotizar en alguna de las Bolsas de Valores en México lo hacen por diversas razones fundamentales: en primer lugar, la cotización en bolsa proporciona acceso a una fuente de financiamiento estable, permitiendo a las empresas captar capital para financiar sus operaciones y proyectos de expansión, investigación y desarrollo, adquisiciones u otras iniciativas estratégicas mediante la emisión de diferentes instrumentos que, al ser negociados públicamente, pueden resultar atractivos para diversos tipos de inversionistas.
Además, la cotización en bolsa aumenta la visibilidad y el prestigio de la empresa, lo que puede facilitar la atracción de talento, socios comerciales, alianzas estratégicas y clientes potenciales.
De igual manera, la bursatilidad de una empresa puede mejorar su valoración y proporcionar una plataforma para la monetización de la inversión de los accionistas existentes, como vía para que liquiden parte de su participación en la empresa, ofreciendo una salida parcial o total de su inversión en caso de requerirlo.
En última instancia, la cotización en bolsa contribuye al desarrollo económico del país al fomentar la inversión, generar empleo y promover la transparencia del mercado financiero.
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No obstante, a pesar de que la intermediación bursátil parecería, en principio, atractiva para los inversionistas, la realidad actual del mercado bursátil en México enfrenta distintos desafíos.
Aunque la Bolsa mexicana ha experimentado fluctuaciones en respuesta positiva a eventos globales y locales, como la pandemia de COVID-19, se encuentra bajo la influencia de una serie de factores económicos, políticos y sociales que la colocan frente a dificultades, como la volatilidad en los precios de los activos, la falta de promoción de las operaciones en la bolsa, la incertidumbre política y regulaciones estrictas, que suelen traducirse en la pérdida de la confianza de los inversionistas. Esto muchas veces resulta en el desliste de las empresas, así como la cancelación de la inscripción de sus valores en el Registro Nacional de Valores. Como resultado, buscan financiamiento privado a través de inversionistas institucionales o fondos de capital privado o se acercan a mercados financieros extranjeros con mayores rendimientos.
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El desliste de las empresas en México
Ahora bien, el desliste de las empresas es un proceso que, aunque cada vez es más común en el mundo financiero, no necesariamente significa que la emisora esté en problemas financieros, toda vez que puede derivar de factores que van desde decisiones estratégicas de las empresas (para hacer frente a necesidades inmediatas) y a su vez contar con una mayor autonomía para la toma de decisiones, como fusiones y adquisiciones y reestructuras corporativas; así como incumplimientos de las empresas de los requisitos legales aplicables y hasta cambios en el entorno económico y regulatorio, por lo que será importante analizar cada caso para determinar la causa detrás del desliste.
Mientras más participen las empresas en los mercados financieros, más fuerte será el flujo de recursos en el país, por lo que el desliste de las empresas, cualesquiera que sean las causas, resulta en un menor número de proyectos de inversión en México, afectando las cadenas productivas y reduciendo las fuentes de trabajo, generando un impacto poco deseable en la economía del país.
Es importante recordar que las empresas que cotizan deben cumplir con ciertas obligaciones desde el punto de vista financiero para determinar su capacidad bursátil, enfocadas a la transparencia y la rendición de cuentas. Estas obligaciones incluyen, de manera enunciativa pero no limitativa:
- La presentación de reportes periódicos que incluyan información financiera, trimestrales y anuales.
- La realización de procesos de auditoría externa.
- La divulgación de información relevante al mercado de manera oportuna y cierta.
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Asimismo, las empresas que cotizan en Bolsa en México deben cumplir con ciertas disposiciones en materia de gobierno corporativo, lo que implica, entre otras cosas, establecer prácticas sólidas de gobierno corporativo que promuevan la transparencia, la ética empresarial y la protección de los intereses de los inversionistas, así como designar comités especializados, como el comité de auditoría y el comité de prácticas societarias, para supervisar aspectos específicos de su administración y asegurar el cumplimiento de la regulación vigente, de conformidad con los estándares establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la bolsa de valores en la que se encuentren listados sus valores.
Es evidente que el cumplimiento de las obligaciones regulatorias por parte de las empresas que cotizan en bolsa en México conlleva también costos significativos, que pueden incluir la contratación de personal especializado, la implementación de sistemas y tecnologías para la generación y presentación de informes financieros, la capacitación continua del personal en temas regulatorios y los gastos relacionados con las auditorías externas.
El cumplimiento adecuado de las regulaciones no solo es necesario para las emisoras a fin de mantenerse listadas, sino que también contribuye a fortalecer la confianza de los inversionistas y a mitigar riesgos legales y reputacionales.
Sin embargo, el problema aparece cuando los costos asociados superan las posibilidades de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, para hacer frente a estos requisitos y competir con las empresas más grandes en la captación de capital. Por ello, en ocasiones las empresas optan por prescindir de estos costos a través de la cancelación de su listado.
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El propósito de la reforma de la Ley del Mercado de Valores
Considerando lo anterior, en diciembre de 2023 se publicaron ciertas reformas a la Ley del Mercado de Valores, impulsadas por las casas de bolsa, las emisoras, los inversionistas y la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el objetivo de abrir el mercado bursátil a las pequeñas y medianas empresas mediante la colocación de cualquier valor en la bolsa, a través de un proceso simplificado de oferta pública.
En general, la reforma promete, por un lado, plantear procesos y trámites más sencillos y costos menores para las emisoras pequeñas y medianas que los que actualmente deben cumplir las grandes empresas y, por otro lado, permitir la inversión en diversos tipos de activo a través de la creación de nuevas instituciones, como los fondos de cobertura (hedge funds), para evitar, a través de la flexibilización de los procesos de listado, que las emisoras salgan del mercado bursátil mexicano, migrando a otros países.
En los últimos años, entre las empresas que se han deslistado de la Bolsa Mexicana de Valores o se encuentran en proceso de desliste están Grupo Sanborns, Banco Santander México, Monex, Rassini, Grupo Lala, IEnova, Bio Pappel, General de Seguros, Maxcom, Fortaleza Materiales, Aeroméxico, Elementia, ICA, Farmacias Benavides y Bachoco.
Estas empresas no han manifestado el cumplimiento regulatorio como la principal razón de su desliste, sino las bajas valuaciones de los activos cotizados, tasas bajas y alta volatilidad y, en casos como IEnova, fusiones y reestructuras corporativas.
No está demás destacar que, actualmente, la incertidumbre legal y política del país, aunado a los anteriores factores, ha provocado que las compañías prefieran invertir en otro tipo de activos o buscar fuentes de financiamiento con un menor nivel de riesgo, reduciendo así la bursatilidad del mercado mexicano.
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Teniendo en cuenta lo anterior, si bien es cierto que la reforma parece una buena iniciativa para abrir el mercado bursátil, a la fecha, la regulación vigente sigue resultando escasa y poco clara para poder determinar si efectivamente los nuevos procedimientos y figuras serán suficientes para prevenir el desliste de las empresas.
En principio, no parece que la reforma vaya a ser un mecanismo tendiente a la reducción del número de deslistes, sino que permitiría el listado de empresas de menor tamaño y, posiblemente, su mantenimiento en la bolsa al tener que cumplir con una menor serie de requisitos regulatorios. Es decir, no parece ofrecer alternativas reales para las empresas grandes y que actualmente cotizan en bolsa (que además, en su mayoría cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a los requisitos regulatorios) para atender las razones de valuación y volatilidad que parecen ser el verdadero punto a atender para asegurar el interés en el mercado de capitales.
De cualquier manera, será necesario esperar y, en su momento, analizar detalladamente la regulación secundaria contenida en las disposiciones de carácter general que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de esta reforma, que puedan resultar distintas o más atractivas a las que actualmente son aplicables a las emisoras en México.
Iván Pérez Correa (socio) y Carlos Fernández (asociado), miembros de la firma SMPS Legal. Pérez Correa es especialista en derecho bursátil, bancario, fusiones y adquisiciones. Ha representado emisoras e intermediarios en relación con emisiones de valores de deuda, capital, bursatilizaciones, valores estructurados y ofertas de adquisición, tanto locales como internacionales. Fernández se especializa en las áreas de derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, bancario y financiero, inmobiliario y proyectos de carácter transaccional en general.
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