Fecha de publicación: 25/11/2015
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La Corte de Distrito del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, ratificó la decisión arbitral emitida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) el pasado 22 de septiembre de 2014 a favor de la empresa minera Gold Reserve Inc.
La compañía canadiense había presentado una demanda contra la República Bolivariana de Venezuela ante el CIADI por la expropiación del proyecto Las Brisas en 2008. La decisión de la Corte obliga al Estado venezolano a pagar aproximadamente 760 millones de dólares a Gold Reserve Inc., y la nación suramericana respondió con una moción para desestimar tal decisión.
La Corte negó la moción de suspender el procedimiento contra Venezuela, por lo que esta deberá pagar la compensación solicitada en el laudo más los intereses sobre el monto total adjudicado. El monto a pagar sería de USD 713.032 millones por concepto de indemnización; intereses por USD 22.299.576, y USD 5 millones en honorarios legales y costos otorgados por el tribunal arbitral.
La sentencia es de ejecución inmediata en los Estados Unidos, aunque Venezuela tiene derecho a apelarla ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. El presidente de la compañía canadiense, Doug Belanger, aseveró que la empresa hará uso de todos los recursos posibles para hacer cumplir la sentencia. También indicó que mantienen un diálogo abierto con representantes del gobierno venezolano, y que esperan que procedan al pago voluntario del total del importe.
Algo de historia
En noviembre de 2014, Gold Reserve Inc. presentó ante la Corte de Distrito del Distrito de Columbia una petición para hacer cumplir la sentencia dictada por un tribunal arbitral constituido bajo las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI. Venezuela se rehusó a autorizar a sus apoderados en los Estados Unidos a aceptar la citación de la petición de la empresa minera.
En abril de este año, la República Bolivariana de Venezuela acordó responder a la petición antes del 12 de junio de 2015 pero, en su lugar, presentó una moción para desestimar la sentencia empleando los mismos argumentos expuestos en el documento en el cual pidió la suspensión de la ejecución del laudo ante el Tribunal de Apelaciones de París.
La compañía canadiense había presentado una demanda contra la República Bolivariana de Venezuela ante el CIADI por la expropiación del proyecto Las Brisas en 2008. La decisión de la Corte obliga al Estado venezolano a pagar aproximadamente 760 millones de dólares a Gold Reserve Inc., y la nación suramericana respondió con una moción para desestimar tal decisión.
La Corte negó la moción de suspender el procedimiento contra Venezuela, por lo que esta deberá pagar la compensación solicitada en el laudo más los intereses sobre el monto total adjudicado. El monto a pagar sería de USD 713.032 millones por concepto de indemnización; intereses por USD 22.299.576, y USD 5 millones en honorarios legales y costos otorgados por el tribunal arbitral.
La sentencia es de ejecución inmediata en los Estados Unidos, aunque Venezuela tiene derecho a apelarla ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. El presidente de la compañía canadiense, Doug Belanger, aseveró que la empresa hará uso de todos los recursos posibles para hacer cumplir la sentencia. También indicó que mantienen un diálogo abierto con representantes del gobierno venezolano, y que esperan que procedan al pago voluntario del total del importe.
Algo de historia
En noviembre de 2014, Gold Reserve Inc. presentó ante la Corte de Distrito del Distrito de Columbia una petición para hacer cumplir la sentencia dictada por un tribunal arbitral constituido bajo las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI. Venezuela se rehusó a autorizar a sus apoderados en los Estados Unidos a aceptar la citación de la petición de la empresa minera.
En abril de este año, la República Bolivariana de Venezuela acordó responder a la petición antes del 12 de junio de 2015 pero, en su lugar, presentó una moción para desestimar la sentencia empleando los mismos argumentos expuestos en el documento en el cual pidió la suspensión de la ejecución del laudo ante el Tribunal de Apelaciones de París.
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