Fecha de publicación: 12/02/2016
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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) determinó este viernes que Venezuela debe pagar una indemnización de 172,8 millones de dólares a la siderúrgica Tenaris, en compensación por la expropiación de una de sus filiales en suelo venezolano, ocurrida en 2009.
Tenaris es controlada por Techint, de Argentina, que en 2011 acudió al tribunal arbitral del Banco Mundial para obtener una compensación por la nacionalización de Matesi Materiales Siderúrgicos S.A., hecha por el gobierno de Hugo Chávez. La empresa tuvo que acudir a esa instancia luego de que fallaran las negociaciones que sostuvo hasta ese entonces con las autoridades venezolanas.
Venezuela, con una de las peores crisis económicas a nivel mundial y profundos problemas de liquidez, tiene seis meses a partir de esta fecha para pagar la deuda. Dicho pago sería efectuado en dos partes: La primera, que corresponde al monto de USD 87,3 millones; y la segunda, de USD 85,5 millones por concepto de intereses acumulados desde la última valuación de los activos de Matesi en 2008.
Techint fue objeto de adquisición forzosa de sus activos en Venezuela cuando el fallecido presidente ordenó la nacionalización del sector siderúrgico. En 2008, Chávez nacionalizó Siderúrgica del Orinoco (Sidor), ligada al conglomerado argentino, y al año siguiente estatizó Matesi. Junto a Matesi también fueron expropiadas Comsigua y Tavsa, ambas con participación accionaria de Techint.
La causa ante CIADI fue iniciada por Techint oficialmente el miércoles 24 de agosto de 2011. La demanda fue impuesta por Tenaris y su subsidiaria Talta-Trading e Marketing Sociedad Unipessoal (Talta), amparándose en el tratado de inversión entre Venezuela, Portugal, y la Unión Belgo-Luxemburguesa.
Venezuela se retiró de CIADI el 24 de enero de 2012. La decisión gubernamental fue notificada en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en aquel momento indicó que, de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “los contratos de interés público (...) las dudas y controversias que puedan suscitarse serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.”
Esto ocurrió poco después de que la Cámara de Comercio Internacional fallara a favor de ExxonMobil, en un arbitraje contra Venezuela, que obligaba a pagar a PDVSA la suma de 907 millones de dólares por haberse apropiado de los proyectos que la empresa estaba desarrollando en el país sin justa compensación.
Sin embargo, el retiro de Venezuela de CIADI no la exime de decenas de arbitrajes internacionales presentados ante esta Corte, la mayoría de ellos relacionados con expropiaciones y apropiaciones forzosas hechas durante el mandato de Hugo Chávez cuando el país todavía era parte del convenio.
Tenaris es controlada por Techint, de Argentina, que en 2011 acudió al tribunal arbitral del Banco Mundial para obtener una compensación por la nacionalización de Matesi Materiales Siderúrgicos S.A., hecha por el gobierno de Hugo Chávez. La empresa tuvo que acudir a esa instancia luego de que fallaran las negociaciones que sostuvo hasta ese entonces con las autoridades venezolanas.
Venezuela, con una de las peores crisis económicas a nivel mundial y profundos problemas de liquidez, tiene seis meses a partir de esta fecha para pagar la deuda. Dicho pago sería efectuado en dos partes: La primera, que corresponde al monto de USD 87,3 millones; y la segunda, de USD 85,5 millones por concepto de intereses acumulados desde la última valuación de los activos de Matesi en 2008.
Techint fue objeto de adquisición forzosa de sus activos en Venezuela cuando el fallecido presidente ordenó la nacionalización del sector siderúrgico. En 2008, Chávez nacionalizó Siderúrgica del Orinoco (Sidor), ligada al conglomerado argentino, y al año siguiente estatizó Matesi. Junto a Matesi también fueron expropiadas Comsigua y Tavsa, ambas con participación accionaria de Techint.
La causa ante CIADI fue iniciada por Techint oficialmente el miércoles 24 de agosto de 2011. La demanda fue impuesta por Tenaris y su subsidiaria Talta-Trading e Marketing Sociedad Unipessoal (Talta), amparándose en el tratado de inversión entre Venezuela, Portugal, y la Unión Belgo-Luxemburguesa.
Venezuela se retiró de CIADI el 24 de enero de 2012. La decisión gubernamental fue notificada en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en aquel momento indicó que, de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “los contratos de interés público (...) las dudas y controversias que puedan suscitarse serán decididas por los tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.”
Esto ocurrió poco después de que la Cámara de Comercio Internacional fallara a favor de ExxonMobil, en un arbitraje contra Venezuela, que obligaba a pagar a PDVSA la suma de 907 millones de dólares por haberse apropiado de los proyectos que la empresa estaba desarrollando en el país sin justa compensación.
Sin embargo, el retiro de Venezuela de CIADI no la exime de decenas de arbitrajes internacionales presentados ante esta Corte, la mayoría de ellos relacionados con expropiaciones y apropiaciones forzosas hechas durante el mandato de Hugo Chávez cuando el país todavía era parte del convenio.
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