En sentencia de fecha 25 de julio de 2017, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) estableció que la República Bolivariana de Venezuela deberá pagar USD 489,9 millones a las subsidiarias españolas de Gruma, S.A.B. de C.V. (Valores Mundiales, S.L. y Consorcio Andino S.L.) por “violación del tratado bilateral de inversión” entre España y Venezuela.
La demanda en contra del Estado venezolano fue presentada el 6 de junio de 2013 y la constitución del tribunal se realizó el 9 de enero del año siguiente.
Con la solicitud de arbitraje, Gruma pretendía una indemnización por los daños y perjuicios causados a raíz de varias medidas impuestas, como la adopción de un Decreto de Expropiación en 2010, que afectaron sus inversiones en sus respectivas subsidiarias venezolanas Molinos Nacionales y Derivados de Maíz Seleccionado (Demaseca), según reseña Banca y Negocios.
De acuerdo con el CIADI, Gruma recibió apoyo legal de Covington & Burling LLP (Washington, D.C.) y Zobrist Law Group (Charlottesville). La República venezolana, por su lado, recibió asesoría de la Procuraduria General de la República y de Foley Hoag LLP (Washington, D.C.).
La Composición del Tribunal nombrado para el caso fue la siguiente: El presidente, nombrado por el Presidente del Consejo de Administración, fue el abogado colombiano Eduardo Zuleta, mientras que los árbitros fueron Horacio A. Grigera Naón de Argentina, nombrado por los demandantes, y el francés Yves Derains, designado por el Presidente del Consejo de Administración. Los tres juristas fungieron además de conciliadores, según detalla CIADI en el expediente del caso.
La compañía indicó en comunicado reseñado por la prensa mundial que “conforme al Laudo emitido por el tribunal arbitral, la República debe pagar a Valores Mundiales y Consorcio Andino USD 489,9 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por haber violado ciertas disposiciones del Tratado, más intereses compuestos a la tasa Libor +2% a partir del 22 de enero de 2013 y hasta la fecha efectiva de pago del Laudo”.
Con esta decisión, aclara Gruma, el monto establecido tras el fallo, más intereses ascienden a USD 484 millones. Además, el tribunal también estableció el pago de más de USD 5,9 millones en gastos legales incurridos por los demandantes en el curso del arbitraje.
A partir de la decisión del CIADI, el Estado venezolano podría solicitar la anulación del laudo y la suspensión de su ejecución mientras esos procedimientos se encuentren pendientes.
Gruma, a través de sus filiales, produce y vende harina de maíz, tortillas y otros productos relacionados. Comercializa sus productos bajo las marcas Maseca, Tortimasa, Masarica, Minsa, Juana, Mimasa, Tortiricas, Mision, Tosty, Rumba, Bravos, Tronaditas, Guerrero, Calidad, Mexifoods y Delicados.
La firma de alimentos distribuye sus productos principalmente a través de repartidores y mayoristas independientes. Tiene operaciones en México, Estados Unidos, Centroamérica, Europa, Asia y Oceanía. Fue fundada en 1949 y tiene su sede en San Pedro Garza García, México.
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