La iniciativa de reforma a la Constitución mexicana presentada por el Ejecutivo en materia de energía eléctrica no solo despertó la preocupación del empresariado del sector, que anticipa una pérdida de la competencia frente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la paraestatal de energía mexicana, sino que pone en entredicho el compromiso por la transición a energías renovables que México suscribió, conforme al Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024.
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El pasado 30 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa por la que plantea la modificación de tres artículos de la Constitución relacionados con la producción de energía eléctrica en el país y que otorgan mayor control a la CFE en la producción, compra, venta y distribución de energía.
Además, hace una semana López Obrador firmó un decreto presidencial para prolongar el objetivo de generar, para finales de 2024, un 35 % de toda la electricidad que se consume en el país con fuentes renovables de energía, como la eólica, solar e hidroeléctrica. Con este decreto, el objetivo se aplaza hasta el 2030. A decir de Oscar Ocampo, coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), incluso pospuesta, esta meta será difícil de cumplir si la iniciativa de reforma del titular del Ejecutivo se aprueba.
“Si le regresamos el monopolio a CFE es sencillamente imposible pensar que podemos cumplir con eso”, refiere Ocampo, en entrevista para LexLatin.
La iniciativa de reforma constitucional impulsada por el presidente implica la modificación de tres artículos: el 25, 27 y 28. Con esas modificaciones López Obrador pretende que la CFE asuma un papel preponderante en la compraventa del 54 % de la “electricidad” que se consume en todo el país.
“La CFE determinará las tarifas de las redes de transmisión y distribución, así como las tarifas para usuarios finales”, indica la iniciativa que, según el presidente, evitará el aumento del costo de la energía eléctrica.
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Estos dos puntos, sumados a la intención del gobierno de encargar a la CFE la transición energética hacia fuentes renovables ponen en evidencia que la migración hacia energías renovables no es prioridad del gobierno e, incluso, con las modificaciones se hace más difícil dicha transición, estima Ocampo.
“La iniciativa lo que hace es encomendarle a la CFE ser el rector de la transición energética y eso es completamente absurdo. Pensar que se le puede encomendar a un solo actor la transición energética no tiene ningún sentido”, agrega el experto del IMCO.
De acuerdo con el Plan de Negocios 2021-2025 de la CFE, la producción a partir de energías renovables no está considerada en los proyectos, más que en obras de ciclo combinado, esto es el proceso de producción de energía en donde se usa un fluido de vapor de agua adicionado a la combustión de un gas, lo cual deja de lado la producción de energías enteramente renovables.
Según información de la CFE, de 2019, la generación de energía eléctrica a partir de sistemas de transformación solar-fotovoltaicos representaba apenas el 0.006 % del total, mientras que la eoloeléctrica era del 0.05 %.
Los contratos de energías renovables en manos de privados podrían tener una 'luz al final del túnel'. Este jueves (14), Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dijo a Bloomberg que, en caso de aprobarse la reforma, los contratos de energías solar y eólica no se cancelarán.
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El costo mayor
Mientras que el gobierno señala en la iniciativa presentada al Congreso la construcción de dos grandes proyectos de energías limpias que involucran la renovación de 10 centrales hidroeléctricas y la construcción de un parque fotovoltaico de “gran magnitud”, organismos como Greenpeace prevén que la reforma abra la puerta a energías contaminantes y costosas.
Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, elaboró un reporte en el que precisa que “las energías renovables (en el texto “intermitentes”) no son consideradas ni seguras ni confiables por las autoridades, por lo que no serán tomadas en cuenta en el despacho, a pesar de tener costos nivelados mucho más bajos”. De acuerdo con dicho reporte, el uso de combustibles fósiles, como el carbón y el combustóleo, para generar la energía eléctrica que avala la reforma en ciernes, no solo tendría un costo mayor sobre la salud de los mexicanos, sino sobre sus bolsillos, pues la producción de ese tipo de fuentes es más costosa.
Si el gobierno pretende usar fuentes de generación de “luz” más caras y, a la vez, promete no aumentar el precio para los ciudadanos, hay una disyuntiva. La salida, a decir del coordinador del área de energía del IMCO, es el subsidio.
“Lo que tendría que pasar, necesariamente, es incrementar el subsidio que se le da año con año a CFE, es decir, la transferencia de pérdidas por subsidio que vienen de los impuestos”, asegura Ocampo.
Según los estados financieros de la paraestatal eléctrica, durante el 2019, antes de la pandemia, los ingresos por subsidios fueron equivalentes al 12.5 % del total de la facturación de la empresa. Es decir, al menos 75.185 millones de pesos (3.759 millones de dólares) fueron otorgados a CFE por parte de Hacienda.
En 2020, estos ingresos ascendieron a 70.000 millones (3.500 millones de dólares), mientras que, para este año el subsidio aprobado es de 71.000millones de pesos (3.550 millones de dólares); durante el próximo año, se estima que sean 73.000 millones de pesos (3.650 millones de dólares) en subsidios, un monto que incrementaría si se aprueba la reforma eléctrica y se mantiene la promesa de no aumentar las tarifas en los recibos de “luz” en el país.
La Confederación de Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advierte que la producción de energías limpias es más barata cuando está en manos de los privados. Según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el costo promedio de generación de energía eólica es 40.2 por ciento más barata al ser producida por una empresa que por la CFE; mientras que la energía solar tiene un costo de producción 57 % más bajo en firmas privadas; y la geotérmica es 57.2 % menos cara con respecto a la producida por el gobierno.
“Además, considerando las plantas hidroeléctricas de la CFE, durante 2021, en promedio el costo por MWh fue entre 1.162 y 1.155 pesos (cerca de 56 dólares) más caras que las plantas de energía eólica y solar del sector privado”, acusa el organismo empresarial.
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Certificados de Energías Limpias
Con la reforma energética se pretende -además- eliminar los Certificados de Energías Limpias (Cels), los bonos emitidos por el gobierno para incentivar las inversiones de proyectos de energía renovable o limpia, y que dan un rendimiento a las empresas que realizan proyectos u obras de energía ‘verdes’.
Como la CFE va a decidir a quién comprar la energía eléctrica, además de que los privados deberán someterse a las reglas de precios fijados por el propio gobierno, el incentivo ya no se aplicará, porque los nuevos proyectos de energía quedan anulados.
Las energías renovables pierden, además, porque en las nuevas reglas de suministro el gobierno dará prioridad al uso de energía producida, distribuida y vendida por CFE, esto, por lo menos, del 54 % del total en el país.
Una vez que la energía sea suministrada en, mínimo, ese porcentaje, entonces podrán entrar los privados.
“Las renovables quedarían al final de la final, una vez que ya se despacharon las centrales de la empresa del Estado, ahí entonces podrán entrar los privados”, señala Ocampo.
Rocío Nahle, secretaria de Energía, señaló el lunes, durante la conferencia mañanera, que las energías provenientes de parques solares y eólicos estarán después de la electricidad generada por combustóleo, termonuclear e hidroeléctricas y solo antes de la energía obtenida a través de la combustión de carbón.
Esto ratifica que la transición energética impulsada por el gobierno deja de lado a las energías renovables y apuesta por las hidroeléctricas, el ciclo combinado y otros combustibles fósiles para producir la energía necesaria para el país.
Sin propiciar la inversión en energías renovables a través de los Cels, con el control de la transición energética en manos del gobierno y con la preponderancia de las fuentes de energía contaminantes, México llegará a la COP26 sobre Cambio Climático de Glasgow, que se realizará en noviembre próximo, sin estrategia para cumplir las metas de reducción de emisiones y uso de energías ‘verdes’.
En esa sede también se discutirá el papel del litio en la conformación de soluciones de almacenamiento eléctrico.
Concesiones de litio
Pese a ser una reforma de índole eléctrica, el gobierno estableció en su propuesta que no se otorgarán concesiones sobre el litio y otros minerales estratégicos necesarios para migrar hacia las energías renovables.
El litio es un mineral que, durante los últimos años, ha tomado relevancia debido a su uso para baterías de almacenamiento de energía eléctrica, no solo en los teléfonos celulares u otros aparatos pequeños, sino en automóviles e incluso en aeronaves como las fabricadas por Boeing, una de las empresas líderes en aviación.
Para López Obrador, tener el control absoluto sobre el litio forma parte de la seguridad energética, incluso ha señalado que aunque no se aprueben los cambios a la Constitución, él no permitirá que se otorguen concesiones a privados.
“Para que no se hagan ilusiones con el litio, de que si hay un acto de traición a la patria y no se aprueba el que el litio esté en manos de la nación, de todas maneras vamos nosotros a negar cualquier solicitud de posesión para la explotación del litio”, advirtió el presidente el 7 de octubre, en su conferencia mañanera.
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Para Ocampo poner en manos del gobierno el futuro de la energía y su almacenamiento vuelve al país menos competitivo porque, a la par del aprovechamiento del mineral, es necesario desarrollar la tecnología necesaria para poder usarlo de una forma efectiva.
“Es un mercado que el futuro va a explotar y tiene un potencial inmenso, el tema es cómo maximizamos el valor del litio en México, cómo hacemos una industria competitiva”, pregunta Ocampo.
Países como Bolivia han estatizado el litio, mientras que Argentina y Chile optaron por permitir la participación de privados en la explotación de dicho mineral.
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, Chile es el país con las mayores reservas de litio, con 9 millones 200 mil toneladas métricas; seguido de Australia, con 4 millones 700 mil toneladas. México tiene 1.7 millones de toneladas métricas en reservas.
Inversiones
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