A solo dos semanas que Rodolfo Suárez inició su mandato, como gobernador de la provincia de Mendoza, envió a la Legislatura provincial un proyecto de reforma de la ley 7722, comúnmente llamada Ley Antiminera. La iniciativa permitía la minería metalífera con el uso de cianuro y ácido sulfúrico para la extracción de minerales; solo quedaba prohibido el mercurio. Asociaciones ambientalistas protestaron contra la reforma y cortaron ocho rutas provinciales durante el debate legislativo. Luego de ser aprobada el 20 de diciembre, con 29 votos a favor y siete negativos en el Senado y 36 a favor y 11 en contra en Diputados, la norma fue derogada por el gobernador Suárez, quien cedió a las presiones sociales.
Con la anulación de la reforma de Suárez, continúa en vigencia la ley 7722, sancionada hace más de una década. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) expresó su disconformidad con la derogación y manifestó que se trata de "una oportunidad que pierde el país en términos de empleo y de desarrollo productivo regional". Al menos cuatro proyectos de minería deberán suspenderse. Los ambientalistas se opusieron a la reforma de la Ley Antiminera porque argumentan que ante cualquier accidente que provoque un derrame de ácido sulfúrico o cianuro terminaría en los cauces de los ríos o en las napas subterráneas.
La minería extractiva funciona con el tratamiento de una gran cantidad de rocas con agua y químicos, como el cianuro y el ácido sulfúrico, para la separación de los minerales. “Estos líquidos se depositan en los llamados dique de cola que consisten en grandes piletones. Este modelo minero produce contaminación de los cursos de agua superficiales y subterráneos por las filtraciones de los diques”, advirtió Jonatan Baldiviezo, abogado miembro de la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM).
En Argentina existe el antecedente de derrame de agua cianurada de 2015 en la mina de Veladero, provincia de San Juan, donde operan la empresa canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold. Ocho operarios están procesados por contaminación del suelo y los cursos de agua "por imprudencia, negligencia y por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas" que controlan la actividad. El incidente fue el 12 de septiembre de 2015, cuando una válvula de venteo se rompió. Existía una compuerta que debía estar cerrada para impedir la contaminación (los operarios procesados son los firmantes del acta de apertura). El agua con cianuro ingresó en el Río Potrerillos. Para Baldiviezo, este caso sentó un precedente ante la falta de capacidad de control del Estado, que en este ejemplo ameritó la intervención de la Justicia. “El Estado tampoco está preparado para recomponer los ambientes dañados y la población afectada”, señaló.
El oficialismo provincial apoyaba la reforma de la ley minera con el argumento de que la actividad ayudaría a bajar el desempleo en la provincia. “En vez de subvertir la vocación regional con esta actividad extractiva, se deberían fortalecer e impulsar las actividades que cada zona ha desarrollado en las últimas décadas, tal como lo establece la Ley General del Ambiente”, comentó Baldiviezo.
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