Hacia la décima economía mundial: ¿Podrá el Plan México imponerse a la política arancelaria de Trump y el déficit fiscal?

Claudia Sheinbaum dio a conocer, durante el mes pasado, el Plan México, una estrategia del Gobierno mexicano por la que se busca la consolidación de México como la 10° economía del mundo (actualmente en la posición 12 º), así como mantener la relación inversión - Producto Interno Bruto (PIB) por encima de 25 % a partir de 2026, y en más de 28 % en 2030. Este plan pretende garantizar financiamiento al 30 % de las pequeñas y medianas empresas (pymes) e incrementar el valor agregado nacional en diversos rubros de la industria manufacturera, además de reducir las importaciones, entre otros. 

En el plan se destaca la inversión pública en sectores como energía, agua, transporte, educación y vivienda y se prevé el modelo de inversión mixta. El país, de acuerdo con la presidenta, cuenta con un portafolio de inversiones nacionales y extranjeras de 277.000 millones de dólares, en 2.000 proyectos. para este año, está prevista la licitación de proyectos de infraestructura que requieren en total unos USD 4.851,9 millones (100.000 millones de pesos al 11 de febrero).

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Viabilidad del plan

Para Eduardo Pizarro, socio de SMPS Legal - México, si el plan propuesto por la presidenta Sheinbaum no viene acompañado de un presupuesto y el fondeo correspondientes, acabará siendo una lista de buenos deseos. 

“No vemos cómo pueden alcanzarse las metas propuestas (incrementar la generación de empleos de arriba de 200.000 a 1,5 millones y la inversión extranjera directa de USD 35 billones a USD 100 billones, entre otros), considerando la delicada situación fiscal de México (el Gobierno estimó un déficit de 3,9 % en el presupuesto de este año) y los retos que representan las políticas implementadas caprichosamente por el presidente Trump”, comenta el abogado en alusión a la imposición de un 25 % de aranceles a los productos mexicanos y al más reciente anuncio de gravar las importaciones de acero y el aluminio, rubros estructuralmente importantes para México.

Pizarro va más allá y cuestiona que no se ve cómo se puede empatar la propuesta del gobierno de mantener el control de la generación de energía (54 % propiedad del Estado mexicano) con la atracción de inversión extranjera que se necesita para satisfacer la "gigantesca demanda" derivada tanto de las necesidades existentes como del fenómeno del nearshoring. 

En relación con la meta de que 30 % de las pymes del país cuente con acceso a financiamiento, tanto de la banca de desarrollo como comercial, el abogado comenta que esto requiere el apoyo de empresas de todos los sectores, de un esfuerzo conjunto, partiendo de que la Asociación de Banqueros de México (ABM) vea viable el objetivo establecido en el Plan México.

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Reformas en camino

Otro gran motivo de preocupación en relación con el Plan México es la Reforma Judicial implementada en el 2024, la elección popular de jueces, magistrados y ministros, que —según Pizarro— representa un ataque al estado de derecho y a la independencia del Poder Judicial, así como una gran preocupación para los inversionistas y empresarios. 

“El gobierno mexicano debe demostrar cómo la Reforma Judicial no afectará los intereses de los inversionistas”, expresa el socio de SMPS.

Para Pizarro, en el arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum y derivado del control en el congreso que el partido en el poder (Morena) obtuvo en las elecciones del 2 de junio pasado, se ha visto una ola sin precedentes de reformas constitucionales y a la legislación secundaria para dar cumplimiento tanto a propuestas legadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, como a nuevas reformas propuestas por la actual administración. 

“En este sentido, se contemplan más de 20 reformas constitucionales y entre 40 y 50 reformas a la legislación secundaria, entre las que destacan las reformas relacionadas con el denominado Plan México que, entre otros asuntos, buscan modificar el marco normativo en materia de adquisiciones y obra pública y reformar el marco regulatorio en materia de energía para revertir la reforma energética de 2013/2014 y cumplir las agresivas metas propuestas en dicho plan”, agrega.

Algunas iniciativas contempladas en el apartado de acciones previstas para el periodo enero - abril de 2025 son el decreto relocalización y el proyecto de Ley Nacional de Simplificación y Digitalización de trámites ante las instituciones públicas.

Frente al cambiante entorno que se presenta en México, SMPS recomienda a sus clientes estar muy atentos a las nuevas políticas gubernamentales y a las modificaciones al marco regulatorio, así como a la afectación que las mismas pueden representar en sus negocios para poder hacer una evaluación de los riesgos y tomar las decisiones más adecuadas en sus procesos de planeación estratégica en el corto y mediano plazo.   

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Reducción de importaciones

Uno de los aspectos cruciales del plan anunciado por Sheinbaum es la reducción de la dependencia de México de los productos importados.

Fernanda, Garza M., también socia de SMPS, advierte que la implementación del plan debe ser cuidadosa para evitar conflictos comerciales y garantizar que la transición sea eficiente y competitiva.

“Reducir la dependencia de ‘ciertas’ importaciones no es equivalente a una política de sustitución de importaciones. El Plan México sí busca desarrollar y hacer crecer el mercado mexicano incentivando el consumo interno y reduciendo la dependencia de importaciones de insumos estratégicos de determinados orígenes (especialmente de Asia), pero no busca cerrar las fronteras al comercio en general”, señala la abogada al remarcar que entre los objetivos que persigue también destaca fortalecer la integración de México en cadenas de valor internacionales, principalmente en el marco del T-MEC.

Al igual que Garza, analistas han llamado la atención respecto a la política de sustitución de importaciones que México adoptó durante varias décadas del siglo XX para fomentar la industria nacional mediante altos aranceles, restricciones a productos extranjeros e incentivos para la industria doméstica, logrando el desarrollo de ciertas industrias nacionales, pero creando distorsiones en la economía al limitar la competencia y reducir los incentivos para la innovación y eficiencia.

“El modelo de sustitución de importaciones fue paulatinamente superado con el ingreso de México al Sistema Multilateral de Comercio en 1986, fecha en que se adhirió al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), cuyo objetivo era reducir barreras comerciales y fomentar la integración de los países en la economía global. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 consolidó esta transformación, permitiendo una apertura total de la economía mexicana al comercio con Estados Unidos y Canadá”, remarca.

Asegura que cualquier estrategia que impulse el país debe tener como límite los compromisos pactados en el sistema multilateral de comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los tratados de libre comercio firmados de los que México es parte.

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Desafíos para las empresas

Garza menciona algunos retos que deberán enfrentar las empresas de cara al Plan México:

• Adaptación a nuevas regulaciones: Cambios en las regulaciones pueden generar costos adicionales relacionados con la implementación de nuevas prácticas, adecuación de infraestructura o certificaciones de cumplimiento.
• Incremento en costos operativos: Empresas que dependen de insumos importados podrían enfrentar mayores costos si se imponen restricciones o impuestos adicionales.
• Cambios fiscales: Posible implementación de nuevos impuestos o eliminación de beneficios fiscales que podrían afectar la rentabilidad de las empresas.

De allí que sugiere que para mitigar estos desafíos, las empresas deben desarrollar estrategias de adaptación, como integraciones verticales, mejoras tecnológicas, diversificación de fuentes de insumos y asesoría especializada para enfrentar estos cambios con éxito.

La socia de SMPS señala que una política de sustitución de importaciones podría afectar la competencia y la competitividad al reducir la presión que los productos y servicios importados generan en el mercado. 

“Desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, las empresas mexicanas han mejorado en eficiencia, calidad e innovación en el mercado mexicano para competir con empresas extranjeras, beneficiando a los consumidores con mejores productos y precios”, manifiesta al advertir que si se restringe la competencia, podría haber un impacto negativo para los consumidores, con menos variedad de productos, precios más altos y menor innovación.

De allí que considera que la clave será equilibrar el fortalecimiento de la producción nacional sin perder los beneficios de un mercado competitivo.

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Incentivos fiscales 

El proyecto contempla el otorgamiento de estímulos fiscales de hasta USD 1.453,7 millones (MXN 30.000 millones) hasta 2030 a las personas morales que tributen en el régimen general, o bien, en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), así como a las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, que cumplan con los requisitos señalados en dicha iniciativa, sin hacer distinción de sectores industriales o de empresas nacionales o extranjeras.

En torno a los incentivos planteados, el socio Francisco Carbajal explica que permiten: 

1. Aplicar una deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo que se utilizan por primera vez en México y que sean adquiridos a partir del 22 de enero de 2025 y hasta el 30 de septiembre de 2030, considerando porcentajes de deducción superiores a los previstos en ley.
2. Aplicar una deducción adicional equivalente al 25% del incremento en las erogaciones realizadas por concepto de capacitación de los trabajadores en el ejercicio, o bien, por gastos de innovación.

Quedará en manos de un comité de evaluación determinar el monto máximo que los contribuyentes podrán aplicar por cada uno de los estímulos fiscales de acuerdo con los lineamientos para cada ejercicio fiscal, los cuales deberán ser publicados en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la publicación de la iniciativa.