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Lacalle, antes de asumir el mandato, tiene su primera iniciativa lista / Archivo
Lacalle, antes de asumir el mandato, tiene su primera iniciativa lista / Archivo

El nuevo Gobierno de Uruguay alista una reforma de urgencia

El presidente electo genera controversia desde antes de asumir el mandato
por Ana Karen de la Torre
publicado el28/01/2020

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Luis Lacalle Pou, presidente electo de Uruguay, tiene preparada una iniciativa de ley con carácter de urgencia para proponerla ante el Poder Legislativo el próximo 1 de marzo, el día que asume el mandato presidencial. La iniciativa dispone cambios en la legislación penal, laboral, de seguridad social, educación, telecomunicaciones y propiedad rural. Consiste en 10 secciones y más de 400 artículos. 

Esta iniciativa ha sido bastante controvertida, incluso ya existe convocatoria de manifestación en su contra por considerar que afecta derechos fundamentales. Además, ha sido criticada por ser catalogada de urgente cuando establece cambios para normas secundarias como la autorización para las carnicerías de elaborar embutidos con carne fresca, como el chorizo artesanal.

Desde el Poder Legislativo no se espera oposición a la iniciativa, cabe recordar que el presidente electo cuenta con mayoría parlamentaria en el nuevo Congreso, mismo que se instalará el próximo 15 de febrero.

Telecomunicaciones

El planteamiento de Lacalle apuesta por derogar algunos artículos de la Ley de Medios para habilitar la acumulación de licencias en los servicios de telecomunicación. 

El primer artículo que propone derogar el presidente electo es el que impide que las televisoras se incorporen a otros servicios de telecomunicación, este, de hecho, ya había sido declarado inconstitucional. Al derogarse le abre la posibilidad a las televisoras para ofrecer servicios triple play: cable, internet y telefonía móvil. También favorable para las televisoras, la segunda derogación sería para desbloquear el límite del 25 % de suscriptores que pueden tener "del total de hogares con televisión para abonados de todo el país", como indica la actual norma.

También para esta ley se plantean modificaciones sobre la preferencia del servicio público por encima del privado en la asignación de canales e infraestructura, además de cambios sobre la publicidad oficial en época electoral.

Propiedad rural

Hasta ahora, uno de los objetivos del Instituto Nacional de Colonización es dar la posibilidad a familias uruguayas (o residentes con más de tres años de vivir en el país), que lo solicitan, de vivir en un predio rural bajo el cumplimiento de ciertas obligaciones, una de ellas es habitar en la vivienda facilitada por el instituto, en caso contrario es posible que se reasigne para la radicación de otra familia. 

Con la modificación del artículo 61 de la Ley del Instituto Nacional de Colonización, redactado en 1948, las familias ya no tienen que establecerse en el predio para conservarlo, sino que se dispone el respeto a su propiedad, siempre y cuando sean propietarios de él o que en la adjudicación se establezca de manera expresa la excepción.  

También se puede conservar el predio por razones de salud o por estudio o trabajo de algunos de los integrantes de la familia. Se conserva de igual forma, sin tener que habitarlo, con el simple hecho de que la colonia en donde se encuentre se organice bajo un sistema de viviendas o poblados.

Otras disposiciones

La ley de urgente consideración determina modificaciones sobre el derecho de huelga, el sistema que administra al Banco de Previsión Social y la jubilación. En derecho penal, se incorpora el concepto de hechos con “apariencia delictiva” y se añaden artículos sobre la prevención y represión de la violencia en eventos deportivos y espectáculos de carácter masivo.

En la conglomeración de las personas, incluyendo manifestaciones y el ejercicio de la huelga, el proyecto de ley dispone reprimendas: considera ilegítimas las manifestaciones y se faculta a la fuerza pública para disolverlos. Para ejercer la huelga, lo que dice el proyecto de ley es que deberá llevarse a cabo de forma pacífica sin perturbar el orden público y asegurando tanto la libertad de trabajo de los no huelguistas como la de la dirección para ingresar en los centros de empleo. 

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