11/02/2025
Ecuador irá el próximo 13 de abril a una segunda vuelta electoral, luego de que ninguno de los dos candidatos con mayor opción de triunfo —el actual presidente Daniel Noboa y la líder del 'correísmo' Luisa González— alcanzara el 50 % de los votos o al menos el 40 % de los sufragios, con una diferencia de 10 puntos sobre su rival más inmediato, como está previsto en la Carta Magna.
Con poco más de 80 % de votos escrutados, los resultados parciales están dando un empate técnico entre Noboa y González, en torno al 44 % de los sufragios para cada uno, obligando a la realización de una segunda vuelta para conocer quién conducirá los destinos de la nación andina por los próximos cuatro años, con el desafío de concretar los planes ejecutados por el breve gobierno de 18 meses de Noboa, luego de la disolución de los poderes y convocatoria a elecciones anticipadas en 2023.
Para el siguiente mandato, los desafíos tendrán especial urgencia desde los ámbitos social y económico, tomando en cuenta la crisis desatada por la irrupción de bandas criminales que llevaron al borde del colapso la paz ciudadana, incidiendo a su vez en el quehacer productivo, a lo que se suma una coyuntura energética sin precedentes que obliga a buscar soluciones a un problema que llegó para quedarse.
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El panorama
A finales del año pasado, una encuesta señaló que el desempleo, la inseguridad, la corrupción y la crisis energética conforman el cuarteto de problemas que más preocupa a los ecuatorianos, dando luces al próximo presidente sobre cuáles deberán ser las prioridades de su gobierno. A ello habría que agregar la necesidad de atraer capitales extranjeros y la concreción de compromisos contraídos para modernizar los sistemas financiero y tributario.
“Las prioridades del gobierno deben centrarse en recuperar la estabilidad fiscal, mediante un plan creíble de consolidación financiera, siendo lo primordial mejorar la seguridad ciudadana y jurídica, y ejecutar reformas estructurales que dinamicen el empleo y la inversión en fuentes de generación eléctrica para atacar la crisis energética”, dice Martín Pallares Sevilla, socio de la firma Robalino.
Otro tanto acota Diego Ramírez Mesec, socio del despacho Bustamante Fabara, para quien es imprescindible generar las condiciones favorables para un crecimiento económico a tasas más altas de manera sostenida.
“Para ello luce necesario incrementar exponencialmente la inversión que, con las limitaciones presupuestarias, necesidades apremiantes y procesos engorrosos de contratación pública, principalmente solo puede venir del sector privado y de inversionistas extranjeros”, dice.
Pallares agrega otros dos temas a la lista de prioridades del nuevo gobierno: la reducción del significativo déficit fiscal y superar las dificultades de acceso a financiamiento.
Ciertamente, tras 12 años consecutivos de déficit, en 2024 éste se ubicó por encima de los 3.100 millones de dólares, de acuerdo con datos del Ministerio de Finanzas. Aunque la cifra está 46 % por debajo del dato de 2023, representa un incremento de 75 % respecto al déficit de 2022, evidenciando que ha habido un deficiente control en el gasto.
En cuanto al acceso al crédito, sin obviar que es consecuencia de la desaceleración económica, muchos analistas apuntan a un necesario cambio de la política monetaria que conlleve la revisión de las tasas de interés, así como la adecuación de la legislación de sistemas financieros y de mercado de valores.
En este sentido, en el marco del reciente desembolso que, por unos 1.500 millones de dólares, hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Daniel Noboa se comprometió a llevar adelante una reforma tributaria y la revisión de los subsidios a los combustibles, tareas que deberá refrendar el próximo gobierno.
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Desempleo en alza
A diciembre de 2024, la tasa de empleo adecuado se ubicó en 33 %, una caída respecto al 36 % reflejado en el mismo mes de 2023, ello tras la pérdida de casi 263.000 puestos de trabajo, al tiempo que el subempleo escaló de 21 % a 24,5 % en ese período. A la par, 58 % de la fuerza trabajadora está en el sector informal, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Una de las principales causas de estas negativas cifras es la crisis energética que enfrentó Ecuador en el segundo semestre de 2024, una consecuencia del fenómeno climático La Niña, que redujo drásticamente la pluviometría y con ello la generación eléctrica dependiente casi exclusivamente de centrales hidrológicas, sumiendo al país en apagones de hasta 14 y 24 horas al día en hogares e industrias, respectivamente, lo cual afectó gravemente la producción nacional.
Esta correlación entre dos de los principales problemas de los ecuatorianos (desempleo y crisis energética) hace necesario que el próximo gobierno enfoque buena parte de sus esfuerzos en proteger las fuentes hídricas y la infraestructura de generación y distribución eléctrica, a fin de minimizar los efectos de un cambio climático que no podrá revertirse.
"Aunque se han superado los apagones y se espera que no se repita una sequía de iguales proporciones, la crisis evidenció que hace falta tomar medidas de corto y mediano plazo para atender el déficit en ciertas temporadas en la generación", apunta Ramírez Mesec.
Margoth Chiriboga, socia del despacho Lexvalor, concuerda con esta opinión, agregando que la crisis de 2024 evidenció la conveniencia del monitoreo continuo, así como contar con planes y proyectos de conservación y mantenimiento.
"Evitar una nueva crisis energética debería ser un objetivo clave para el próximo gobierno, a sabiendas de que la sequía es una amenaza permanente, por lo que es necesario la toma de medidas eficaces, eficientes y que se concreten. Pero a la par es indispensable buscar nuevas formas de producir energía”, señala.
La abogada recuerda que, en octubre de 2024, fue aprobada la Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables, normativa que abre una nueva ventana a la inversión privada en el sector energético y que, sin duda, debe ser impulsada por el próximo Ejecutivo Nacional. A ello habría que agregar la apertura de más oportunidades para los privados en la importación de gas natural con fines de generación eléctrica.
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Combatir la inseguridad
En 2023, Ecuador experimentó una ola de violencia inédita, al alcanzar un récord de 47 muertes por cada 100.000 habitantes, un alza descomunal frente a los seis decesos por cada 100.000 personas de 2018. Ello llevó al gobierno a echar mano de la fuerza militar para controlar la situación, un plan que ha tenido resultados alentadores, pero que no termina de devolver la tranquilidad ciudadana esperada por los ecuatorianos.
Esta ha sido otra de las causas de la coyuntura económica que, lógicamente, deberá enfrentar la administración que se estrenará tras la segunda vuelta electoral.
“La inseguridad ha agravado el clima de negocios, afectando la confianza de inversionistas y empresarios”, dice Martín Pallares, dejando claro cómo este problema social ha permeado la economía.
Dos datos permiten corroborar la opinión del especialista. Un estudio de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, enfocado en el desarrollo del emprendimiento y las pequeñas y medianas empresas en la provincia de Los Ríos, señala que, para inicios de 2024, la violencia desatada un año antes provocó una disminución significativa en las ventas locales, afectando especialmente al comercio y el turismo, materializado en una reducción de hasta 20 % de los ingresos para esos sectores.
En este mismo orden, un análisis realizado por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) en 2024, revela que los costos para combatir la inseguridad podrían representar el 15 % del producto interior bruto (PIB) del país, cifra más de cuatro veces superior al 3,44 % del PIB que en promedio gasta América Latina por este mismo concepto, de acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2022.
“Mejora la seguridad es básico para evitar, entre otras afectaciones, el cierre de empresas, locales y centros de negocios que han preferido salir de ciertas zonas del país, pues la ingente inversión en medidas de seguridad no justifica mantenerse en determinadas plazas”, recalca Chiriboga.
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Atraer inversiones es esencial
Ecuador figura entre los países que reciben los menores flujos de inversión extranjera en la región latinoamericana. De hecho, según la Cepal (Comisión Económica para América Latina), para 2023 se ubicó en el puesto 13 de 16 naciones en lo que respecta a recepción de inversiones, una condición que se profundizó en 2024.
Son varios los factores que intervienen para ello: por un lado, la inseguridad y la crisis política que vivió el país en 2023, fueron responsables de una buena dosis del retiro de capitales extranjeros, temerosos de ser víctimas de la violencia o de una posible profundización del caos que reinó tras la disolución de los poderes y la convocatoria a elecciones anticipadas.
Esa convulsa situación política produjo un alto grado de escepticismo en los inversores, muchos de los cuales consideraron que, en solo 18 meses de gestión, el gobierno encabezado por Daniel Noboa no tendría tiempo de ejecutar las políticas necesarias para afianzarse en el poder, máxime si se tiene en cuenta que muchos proyectos de inversión demandan cuatro o más años para su ejecución.
Ramírez Mesec cree que, con un horizonte más largo, el nuevo gobierno podrá y deberá aplicar políticas de largo aliento y reformas legales integrales, abriendo los sectores estratégicos y promoviendo una sana competencia, entre otros factores favorables a la inversión.
Pallares Sevilla, a su vez, opina que para atraer inversiones y estimular los negocios, el gobierno debe garantizar un entorno estable y predecible, lo cual implica reducir la incertidumbre regulatoria, ofrecer incentivos fiscales competitivos y mejorar la infraestructura del país.
“Además, diseñar una estrategia de apertura comercial y de fomento a sectores estratégicos como la agroindustria, energías renovables y tecnología puede generar nuevas oportunidades de crecimiento”.
La socia de Lexvalor coincide con lo expresado por sus colegas, añadiendo que, para allanar el camino de la certidumbre al empresariado, serán necesarias “reformas profundas” en la legislación laboral y tributaria que puedan generar ese ambiente estable que demanda la inversión a fin de apuntalar el crecimiento económico.
Recuerda que, para este año, el salario mínimo se ubica en 470 dólares, 10 dólares más que en 2024, uno de los más altos de América Latina (solo superado por Costa Rica, Uruguay y Chile), lo cual eleva el costo operativo de las empresas, pero que es a su vez un estímulo al consumo que debe traducirse en mayor incremento de la producción.
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Futuro prometedor
Aunque los analistas estiman que en 2024 la economía ecuatoriana cayó cerca de 1,6 %, también pronostican que el país corregirá rápidamente este resultado y retornará en 2025 a la senda del crecimiento.
A ello apunta, por ejemplo, el riesgo país, indicador que se ubicó el 5 de febrero en 912 puntos, bastante por debajo de los 2.141 puntos que marcó en diciembre de 2023, hito al cual se llegó producto de la crisis política y de inseguridad.
De allí que organismos como el FMI y el Banco Mundial proyectan un crecimiento sostenido de la economía ecuatoriana de entre 1,6 % y 2 % para este año, producto del adecuado manejo de las finanzas públicas y acceso al financiamiento de entidades multilaterales.
“Pese a las dificultades y retos por los que atraviesa el Ecuador, sigue siendo un país que tiene posibilidades para crear negocios y generar inversiones rentables. Una de las grandes oportunidades serán los proyectos de fuentes de energía que el nuevo gobierno va a tener que promocionar, así como fuentes de energía privada para empresas y sectores que quieran dejar de ser dependientes de la energía pública”, concluye Pallares Sevilla.
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