Mujeres emprendedoras: las leyes que impulsan a las pymes en Ecuador, Honduras y El Salvador

Diversos son los programas para fomentar el emprendimiento por parte de mujeres en países de América Latina y el Caribe./ Unsplash - Allan Lainez.
Diversos son los programas para fomentar el emprendimiento por parte de mujeres en países de América Latina y el Caribe./ Unsplash - Allan Lainez.
El acceso a financiamiento, el tope de edad y las normas complicadas son apenas algunos de los puntos rojos de la desigualdad al momento de hacer negocios.
Fecha de publicación: 03/03/2023

América Latina y el Caribe tiene una de las tasas más altas de actividad empresarial, liderando en intenciones y actividad de inicio de nuevos negocios, de acuerdo con el Global Entrepreneurship Monitor. Pero, ¿qué sucede si revisamos esta vertical desde una perspectiva de género? El informe GEM 2021/22 Women’s Entrepreneurship Report From crisis to opportunity revisó los casos de Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Uruguay, para concluir que, a pesar de los avances, hay grandes disparidades en la participación de las mujeres en la región. 

Entre otras conclusiones, la región tiene como desafío clave identificar los elementos en los ecosistemas que puedan ser útiles para aprovechar las altas tasas de intenciones de emprender por parte de las mujeres, para reducir los niveles de interrupción de sus negocios.

De este lado del mundo, tanto mujeres como hombres emprenden para ganarse la vida ante la falta de oportunidades de crecimiento profesional. Pero ¿qué han hecho gobernantes y legisladores de algunos países latinoamericanos para apoyar el impulso emprendedor y qué falta por hacer?


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El Salvador

En El Salvador las mujeres tienen un papel muy importante en la economía, 64 % de las empresas creadas son lideradas por mujeres. Esto equivale a 1 millón de puestos de empleo, de acuerdo con Suzanne de Tablas, socia de Consortium Legal en ese país.

En ese país, el gobierno central y los municipios han articulado programas para ayudar a las mujeres mediante financiamiento, orientación comercial, ingreso al comercio electrónico y para que puedan trascender con innovaciones en mercados internacionales (en cumplimiento del artículo 115 de la Constitución y de la Ley de fomento de protección y desarrollo de la micro y pequeña empresa y con apoyo de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa - Conamype). 

Tanto la creación de Conamype como la promulgación de la Ley de Fomento de Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa se remontan a 2014. Tres años antes, el país aprobó la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación Contra las Mujeres.

“El dinamismo de las mujeres es muy importante para el PIB. Poco a poco se dan espacios para que las mujeres sigan aportando de forma significativa a la economía”, comenta la abogada. 

La especialista cree que el énfasis mayor sobre este grupo de población se ha puesto desde hace 15 años y, recientemente, se ha buscado impulsar a las mujeres artesanas y a aquellas dedicadas a la industria de la moda y de los alimentos.


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El apoyo incluye capacitación técnica y legal sobre las normas que rigen para la creación y la operación de un negocio. Conocimientos sobre ciencia y tecnología, consejos sobre temas comerciales, desarrollo de la presencia digital, creación de marca, desarrollo de microfranquicias y una mesa técnica de educación permanente para que tengan una actividad económica un poco más estructurada.

De Tablas identifica que el punto débil de este esfuerzo está en los préstamos. A pesar de que hay líneas de crédito para emprendedores, asegura que es sumamente difícil que puedan acceder a financiamiento para contar con capital semilla. Una limitante también es la edad para solicitar préstamos y tarjetas de crédito.

Al financiamiento insuficiente suma la exigencia de demasiada tramitología que termina por desalentar al talento.

Como solución, la socia de Consortium cree que es indispensable que exista un marco y normas legales que puedan transformar productivamente a los microempresarios para que tengan mayor competitividad, productividad y sostenibilidad, algo que atraviesa el tema de la tributación a escala menor (es decir, el pago de tributos, declaración de ventas para comerciantes y emprendedores con ingresos mensuales superiores a 5.714 dólares), que permita formalizar a las microempresas para el acceso a la banca pública y privada. 


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Honduras 

En Honduras hay una mujer presidenta y en la Corte Suprema de Justicia, recientemente electa, hay una representación de mujeres superior al 50 %.

En el país, varias leyes se han publicado pensando en equilibrar la balanza para las mujeres, como la Ley de igualdad de oportunidad para la mujer (y su reglamento) y la Ley del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), que a su vez crea un programa de atención integral, entre ellos operan módulos de autonomía económica (orientación laboral, asistencia empresarial a través de las mipymes, capacitaciones a través de talleres vocacionales, habilidades para la vida, cursos de emprendimiento y educación financiera y obtención de financiamiento para capital semilla, tramitación de documentos) y de innovación (servicios de desarrollo empresarial y entorno favorable para las empresarias hondureñas líderes de mipymes).

Sandra Amaya, asociada de Consortium Legal, detalla que la ley de apoyo al emprendedor contempla la exoneración de impuestos sobre las ventas e impuesto sobre la renta de cinco años al inicio de negocios. Además, organizaciones empresariales en Tegucigalpa y en la zona de Cortés apoyan negocios de mujeres con capacitación en la creación de empresas y acceso a préstamos.

Sin embargo, en Honduras, al igual que en El Salvador y, como veremos enseguida en Ecuador, el gran obstáculo para emprender es el acceso a los préstamos, y no solo por las altas tasas (de entre 12 % y 50 %), sino también por la cantidad de requisitos que se solicitan. A esto se agrega, que, al igual que en El Salvador, hay un tope de 50 años para acceder a estos créditos.

Desde 2018, Consortium Legal tiene un comité de equidad de género que aboga por políticas de equidad en la región centroamericana. Ayala indicó que como colaboración pro bono, el despacho reúne a personas emprendedoras con discapacidades para la formación de empresas.


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Ecuador

Cuando se revisa el tema, una constante es la falta de financiamiento, las trabas burocráticas y legales.

“El acceso al crédito sigue siendo menor para la mujer que para el hombre. Sigue existiendo una brecha importante, alrededor del 10 % entre la mujer y el hombre bancarizados”, relata Carmen Simone-Lasso, socia de Pérez Bustamante & Ponce, en Ecuador.

En Ecuador, el año pasado, por primera vez se otorgaron más créditos a mujeres (un 0,2 % más) que a hombres. 

Tanto el Ejecutivo como el Legislativo han impulsado diversas iniciativas para apoyar a las mujeres emprendedoras. Una de las más recientes es la Ley de economía violeta, vigente desde enero pasado. Esta contempla beneficios dirigidos a las mujeres y a empresas que las incluyen en su fuerza laboral y en sus directorios como potenciales socias; les da acceso a líneas de crédito e incentivos tributarios por contratación. Sin embargo, a esta ley aún le falta su reglamento.

De otro lado, de acuerdo con la experta, la Ley de Emprendimiento e Innovación introdujo un cambio “revolucionario”: la creación de la sociedad por acciones simplificada, que ha hecho más sencillo el proceso de constitución de empresas y ha abaratado los costos, haciendo que se creen mucho más empresas, teniendo la delantera las mujeres, hoy líderes del Registro Nacional de Emprendedores del Ministerio de Producción.

La socia de PBP señala que todas las formas alternativas de financiamiento encuentran obstáculos normativos en Ecuador. Por ejemplo, si bien la Ley de Emprendimiento e Innovación reconoce el crowdfunding como un mecanismo para financiar emprendimiento, y que la reciente aprobación de la Ley Fintech permitirá que lleguen al país las empresas de esta categoría a ofrecer productos y servicios financieros más modernos, ágiles y con mayor cercanía a clientes, todavía tienen normas que hacen complicado lograr ese objetivo para los emprendedores. 

Un aspecto crucial para revisar este tema en Ecuador es el de la simplificación tributaria, necesaria para diligencias y permisos para facilitar los negocios. Para Carmen Simone, casi se requiere un título de PhD para intentar cumplir obligaciones tributarias en Ecuador, país que las Big Four ubican como el de más difícil cumplimiento de estas.

Simplificar el sistema tributario y hacerlo más asequible al común denominador de las personas se convierte en una oportunidad de mejora. A su decir, muchos beneficios se desperdician hoy por desconocimiento, porque no se difunden o porque son complicados de aplicar. 

Algunos regímenes tributarios que han golpeado al ecosistema emprendedor son el RIMPE, vigente desde enero de 2022 y anulado parcialmente por la Corte Constitucional en lo relativo a negocios populares que facturan menos de 20.000 dólares. 

“En la práctica se pasó de un sistema tributario en el que se admitía que el emprendedor dedujera sus gastos a un sistema de renta mínima o presunta donde se paga un valor fijo que no siempre el emprendedor está en condiciones de pagar y que es miope frente a la situación específica de determinados emprendimientos que en sus primeros años solo pierden y no tienen utilidad”, expresó.

Comenta que, con el pretexto de establecer un régimen más benévolo y más sencillo, se pasó de un régimen en el que pagan obligatoriamente impuestos sobre sus ingresos brutos, sin considerar ningún tipo de gastos y eso les ha afectado enormemente.

Pese a los avances, la especialista refiere que hay aún mucho por hacer, en especial si se considera que los bancos solicitan la firma de los esposos para otorgar créditos a mujeres casadas. Además —la especialista menciona— se mira con escepticismo a solteras, viudas y divorciadas, pues "no tienen por detrás ese respaldo”.

Hasta 1987 se presumía que los hombres administraban la sociedad conyugal, por lo que la mujer casada debía contar con la autorización del marido para hacer actos de comercio.

“Esto colocaba a la mujer en una condición de casi infraciudadana”, comenta la abogada. 

Lasso reconoce el trabajo hecho por organizaciones feministas para visibilizar su rol como agentes económicos y como proveedoras, más allá de los roles tradicionales de cuidadoras solo vinculadas al hogar.

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