Fue el jueves 8 de marzo de 2018, en la 81 Convención Bancaria en Acapulco. Frente a legisladores, funcionarios y líderes de la industria, el expresidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Con el documento firmado, el mandatario posó ante las cámaras. Los especialistas describieron el momento como un parteaguas, pues otorgaba certeza jurídica a un sector con alto crecimiento en México que, en ese momento, tenía casi 300 empresas fintech operando.
La regulación traía historia. “Ya llevábamos seis años negociando y cabildeando el proceso”, recuerda Carlos Valderrama, socio administrador del despacho legal especializado en fintech Legal Paradox. Finalmente, la ley (que considera principalmente tres figuras: el crowdfunding, los monederos virtuales y los activos virtuales) entró en vigor el 10 de septiembre de aquel año.
Más de dos años han pasado desde entonces. En septiembre de 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) presentó las leyes secundarias y, hasta ahora, 98 fintech (74 de ellas ya funcionaban desde antes de la promulgación de la legislación) han iniciado el proceso para obtener la autorización para operar como instituciones de tecnología financiera, específicamente como fondos de pago electrónico o instituciones de financiamiento colectivo. Del total, 80 se encuentran en etapas finales del trámite.
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“Que (al menos) estas 74 que ya operaban reciban la autorización va a marcar el futuro financiero de México porque estábamos en un contexto de un sistema financiero altamente concentrado que le hace falta competencia. Si entran más competidores, ofrecen nuevas soluciones como financiamiento colectivo o mecanismos de pagos a través de fondos electrónicos. Eso va a cambiar toda la pauta”, dice Valderrama.
En estos dos años, solo una fintech ha recibido la autorización de duración indefinida de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): NVIO Pagos México, plataforma para hacer pagos a cualquier cuenta de banco, número de celular o correo electrónico. Para lograrlo, la empresa con sede en la Ciudad de México cumplió con los requisitos previstos en los artículos 22 y 39 de la ley, y los 3, 4 y 6 de las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de tecnología financiera.
“Los miembros del Comité Interinstitucional, con fundamento en los artículos 11 y 35, en relación con el 22 y 25 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, autorizaron por unanimidad la organización y operación de una Institución de Fondos de Pago Electrónico a denominarse NVIO Pagos México, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico”, se lee en el oficio publicado el 22 de enero de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.
¿Por qué solo una empresa ha recibido la autorización? Valderrama rechaza que sea porque el trámite sea complicado, lo atribuye a que la pandemia retrasó el otorgamiento. “Los plazos originales para obtener un permiso fintech, hablando desde lo que comúnmente se conoce como wallet o como crowdfunding, es de seis meses. Ese plazo -por el tema COVID-19- fue prorrogado”, afirma el experto, quien agrega que de no haber sido por la pandemia las licencias ya estarían otorgadas.
Jugadores del sector estiman que el resto de las autorizaciones serán entregadas en máximo tres meses.
Áreas de oportunidad
La ley fintech tenía un objetivo claro: aprovechar la evolución que ha tenido la tecnología aplicada a los servicios financieros para hacerlos cada vez más accesibles, más baratos y más eficientes.
“La norma junto con su reglamento ya tiene un andamiaje suficiente para que las compañías puedan comenzar a operar bajo esta modalidad de instituciones fintech. Ya hay un andamiaje suficiente”, dice Brian Minutti Aguirre, socio del despacho mexicano Chávez Vargas Minutti Abogados y presidente del consejo de la aplicación fintech maat.
Sin embargo, considera que hay áreas de oportunidad. La principal: es una ley muy enfocada en la operación de criptomonedas, crowdfunding y mercados de pago. “Es una ley muy precisa para estos tres modelos, aunque el mundo fintech abarca mucho más aristas que hoy podríamos decir que siguen desreguladas o se mantienen reguladas bajo leyes tradicionales”, agrega el abogado.
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Identidad digital, proveedores de expedientes y mesas de control exteriorizadas son algunas de las ramas del sector que no están consideradas. Además, entidades como las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) ofrecen algunos servicios digitales sin estar necesariamente consideradas bajo el paraguas de empresas fintech. “Eso se está tratando de corregir con las (nuevas) normatividades que han sacado y, sobre todo, con la COVID-19 y el enrolamiento digital que van hacia la celebración de contratos vía dispositivo, pero que ahorita está tomando un camino paralelo a la propia ley fintech”, completa.
Otra área de oportunidad señalada por emprendedores del sector es el alto nivel de capitalización que se requiere para operar como una fintech. Las disposiciones generales de la CNBV indican que el capital mínimo con el que deben contar es equivalente a 500,000 UDI’s (Unidades de Inversión), alrededor de 140,000 dólares (poco más de 3 millones de pesos mexicanos). Para Minutti, tanto los requerimientos de capital como de infraestructura tecnológica representan una barrera. Plan de negocios, estudio de viabilidad financiera que muestre que la empresa cuenta con recursos suficientes para mantener una adecuada operación y proyectos de manuales de operación, de control interno y de administración de riesgos son otros de los requisitos que deben cumplirse para obtener la autorización.
“Creo que la ley fintech cumplió su objetivo de regular estas tres actividades y darles transparencia, pero no creo que cumplió el objetivo de desarrollar un sector o hacerlo más atractivo”, considera el abogado. “Se quedó corta en la parte de incentivar el desarrollo del sector. El cinturón está apretado y es correcto en cómo regular estas tres figuras, creo que es una buena norma pero no buscó cómo crear un ecosistema que se pueda desarrollar más rápidamente”.
Incluso hay quienes consideran que la legislación afectó al sector, pues los requisitos para las fintech impidieron que siguieran operando como organizaciones más ágiles frente a la banca tradicional.
Pero no todos los involucrados en el sector tienen la misma percepción. “De 2018 que se lanzó la ley fintech para acá, el sector ha crecido 90 % en número de empresas que están participando en él. Eso habla de un crecimiento brutal. En números claros, el ecosistema fintech de Canadá tiene algo así como 840 empresas y nosotros 670”, destaca Valderrama.
Para los especialistas hay temas por resolver, el principal: la regulación pendiente de ser emitida. Faltan disposiciones específicas en materia de open finance y wallets que deben ser emitidas por el Banco de México y la CNBV. A ello se suman algunas propuestas específicas, entre ellas, realizar ajustes que flexibilicen la incorporación de proveedores de tecnología a las fintech e incluir esquemas de gradualidad, a fin de que los requerimientos crezcan de forma gradual en la medida en que las operaciones de las fintech incrementen.
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