El último dictamen que el Senado aprobó sobre la regulación a la subcontratación se aleja de la propuesta del senador Napoleón Gómez Urrutia para conciliar con el sector empresarial. Ofrece términos menos agresivos. Este nuevo dictamen surge a partir de la apertura del Senado para lograr un consenso discutido sobre el tema, por cierto, impulsado por el senador Ricardo Monreal, coordinador del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
En un primer momento, la propuesta de Gómez Urrutia generó polémica al calificar como “prácticas delincuentes” a aquellas empresas outsourcing que evaden sus responsabilidades. Especialmente, la iniciativa pretendía erradicar la evasión del otorgamiento de la totalidad de derechos laborales y la evasión fiscal.
Además, esa primera iniciativa intentaba dejar perfectamente encuadradas las actividades que sí se podrían subcontratar, así como las prohibidas. Por ejemplo, se estableció la restricción de que no se podrían hacer subcontrataciones de servicios afín con la actividad principal de la empresa contratante. Eso ahora está en debate.
Entre los cambios propuestos en la nueva iniciativa, aprobada por las comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, Estudios Legislativos y Segunda de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, se establecen que el contratante será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores; además de la creación del Registro Nacional de Empresas de Subcontratación y una serie de medidas sobre la vigilancia del outsourcing.
Una de las sanciones propuestas es para quienes utilicen el régimen de subcontratación con el objetivo de disminuir derechos laborales de sus trabajadores, a ellos se les impondrán multas de entre 1.000 y 20.300 dólares.
A diferencia de la primera iniciativa, esta no elabora el concepto de la subcontratación basándose en la prohibición de actos simulados. La pretensión es que tanto el registro de las outsourcing y su supervisión, desincentivarán las prácticas simuladas.
En entrevista para LexLatin, Luis Monsalvo Álvarez comentó que son tres los componentes que deberían considerarse para atender las necesidades de la subcontratación en México. Álvarez es especialista en derecho del trabajo por la Universidad Panamericana, con máster especializado en prácticas antidiscriminatorias en el empleo, compensación a ejecutivos y derecho laboral comparado, otorgado por la Universidad de Columbia. También es docente en la Universidad Iberoamericana.
Para el académico y of counsel de la firma legal mexicana InIntegrum, el primer aspecto a considerar es “la comprensión de la protección de los trabajadores: no se puede utilizar un esquema para evadir responsabilidades ni reducir los derechos laborales de las personas”.
Un segundo aspecto, complementario, es la “comprensión de lo que significa la especialización y la movilidad que hoy se requiere a nivel operativo, comercial y para la inversión”. En este punto refiere que no se le podría pedir a una empresa extranjera que, aprovechando la flexibilidad que da la reforma energética, llegue al país con personal gerencial e ingenieros, con el objeto de ocuparse del diseño de un proyecto y se le prohíba contratar más personal para ejecutarlo por tratarse del mismo sector de su actividad.
Para Monsalvo Álvarez, un tercer punto que debió contener la reforma, y que hasta ahora no se ha tocado, es sobre la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU). “Si uno de los motivos esenciales por los que se hace subcontratación es tener controlado el PTU, eso significa que las reglas no están satisfaciendo. Lo que dice la norma no tiene que ver con productividad, los criterios tienen que ver con factores numéricos y no con la calidad del trabajo de las personas. Esta norma claramente se tiene que analizar”.
A decir de Luis Monsalvo Álvarez, para hacer regulaciones eficientes de acuerdo con la realidad del país, se debería considerar que el outsourcing es necesario por urgencia, eficiencia, temporalidad y especialización.
"Se han utilizado muchísimas figuras sobre la careta de la subcontratación, se tienen muchas evasivas por parte de las empresas respecto de los trabajadores y sus derechos. Hay gente que dice que tenemos que terminar con eso al ser ilegal. Pero en esencia, eso no es outsourcing, sino utilizar su fachada para hacer otro tipo de esquemas. El outsourcing está regulado en la Ley Federal del Trabajo. Es probablemente perfectible y aclarable. Quizas se necesite más control para que no sea utilizado como fachada, pero no es una figura criminal”.
Las modificaciones para la subcontratación son un hecho. A finales de enero se reformó la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para que las empresas usuarias del outsourcing retengan un 6 % para remitirlo al Sistema de Administración Tributaria (SAT) directamente, en lugar de entregarle el pago de impuestos a las outsourcing.
En la actual administración se ha intentado regular el tema desde el 29 de octubre del año pasado. La última vez que la subcontratación mexicana tuvo modificaciones fue en el año 2012, por propuesta del expresidente Felipe Calderón. Esa iniciativa la firmó un día antes de que su periodo presidencial concluyera.
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