No estaba en los planes de nadie. Una guerra en un momento en que la crisis del coronavirus muestra signos de disminución era todo lo que la industria legal no quería atravesar. Este era el momento de la reanudación de las inversiones. Las firmas pretendían invertir en tecnología y en nuevas contrataciones, y las prácticas de infraestructura, litigios, protección de datos, contratos y cumplimiento se quedaron con la promesa de despegar.
Aún sin saber qué sucederá, los managing partner y directores de firmas grandes, medianas y pequeñas solo pueden esperar un poco más. Otros ya han comenzado a tomar decisiones con base en el nuevo escenario. La primera medida adoptada es revisar el presupuesto de 2022. Llegados a este punto, es necesario quitar el pie del acelerador y buscar la moderación, recortando gastos que en la situación actual parecen haberse quedado en un segundo plano, ya que los clientes también reducen las previsiones de crecimiento.
“Acabamos de revisar nuestro presupuesto para el año. Vemos un escenario más desafiante y, en consecuencia, buscamos tener más eficiencia y control de costos e inversiones. Ya no podemos solo pisar el acelerador. El año trae una variable de mayor riesgo con la guerra. Entonces hemos entrado en una política de intolerancia al despilfarro, creemos que hay que controlar los gastos. Hay que saber si los gastos realmente tienen sentido, si son necesarios o si no hay alternativas”, dice Fernando Meira, socio director de Pinheiro Neto Advogados.
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En este escenario de incertidumbre, algunos sectores sufrirán más que otros. La mala noticia es que, por ahora, muchas oficinas retrasarán las contrataciones previstas. “Las nuevas contrataciones ahora son extraordinarias y puntuales. Se mantienen las contrataciones ordinarias de becarios y los ascensos de carrera. Hubo varias solicitudes de fichajes secundarios, pero ahora están en evaluación, de acuerdo con la demanda de las distintas áreas", indica Meira.
Especialistas legales en posiciones de liderazgo coinciden en que es importante no entrar en pánico, pero tampoco creer que el conflicto será breve, sino tomar decisiones cautelosas para no pisar en falso ni en arenas movedizas.
“Todo el mundo estaba preparado para volver a toda máquina pero llegó la noticia de la guerra. Estos primeros dos meses del año fueron incluso más movidos que enero y febrero del año pasado debido a esta situación. Todavía es demasiado pronto para una perspectiva a largo plazo o para saber qué pasará, pero queda una situación incierta y tal vez las cosas se pospongan un poco para esperar hasta dónde va esta guerra”, analiza Cesar Amendolara, socio de inversiones extranjeras en Velloza Advogados. “Todos estarán más atentos para saber qué va a pasar. Es un año duro. Todos pensábamos que iba a ser el año de la liberación pero no va a ser así”, adelanta.
La profesora de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la USP, Maristela Basso, evalúa que la guerra en curso en Ucrania es mucho más grave en términos económicos que el COVID-19. “¿Cómo se va a combatir el impacto de mover capital a los lugares más seguros del mundo?”, cuestiona.
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Para la especialista, mientras dure el conflicto, buena parte del dinero se quedará en los bancos y no se generarán empleos. “Tendremos un empobrecimiento general, las cadenas de suministro globales se están viendo afectadas por las sanciones económicas contra Rusia y sus contrasanciones. Vemos que hay afectación en productos como petróleo, carbón, gas, maíz, trigo y metales, con variaciones en sus precios. Solo con estos, se afectan todas las demás materias primas”, explica Basso.
Esta situación, a juicio de la experta, afecta también a todos los países latinoamericanos. “Son países que utilizan su red vial, que dependen mucho más de las carreteras que de otros mecanismos como aviones, trenes, barcos y lanchas. Y eso afecta la supervivencia de las personas”.
Aquí, el hecho de que los brasileños hacen pocos negocios con Rusia, dejó ver una mínima afectación al inicio del conflicto, pero luego vino la cuestión de los fertilizantes y el petróleo. El primero amenaza la producción agrícola y los cultivos brasileños a partir de octubre. La segunda es sinónimo de más inflación, más aún con el gigantesco aumento de los precios de los combustibles.
De acuerdo con Fernando Serec, managing partner de TozziniFreire, en estos días han aumentado algunas consultas de clientes que importan productos de Rusia sobre las posibles implicaciones de hacer negocios con empresas en ese país.
"Por lo demás, fuera de lamentar profundamente la invasión y la atrocidad de la guerra, ya tenemos repercusiones en la economía que afectan a todo el mercado, en particular el aumento de la inflación”, expone.
Para Roberto Dumas, economista especializado en mercados emergentes, independientemente de que las empresas no tengan una relación directa con los insumos que hasta el momento están siendo afectados (fertilizantes, granos como la soya, maíz y trigo, petróleo y gas natural, carne de pollo, res), la inflación desencadenada por la guerra que afecta estos precios llevará a la autoridad monetaria a practicar una política más contractiva, con tasas de interés más altas, lo que ciertamente afectará el crecimiento económico del país e, incluso, de empresas que no tienen relación con Rusia.
Así los despachos de abogados tendrán más trabajo para intentar diseñar estructuras jurídicas offshore que permitan transacciones entre países. “Las empresas directamente afectadas necesitarán mucho los despachos de abogados, porque pueden tener problemas con los bancos o enfrentar restricciones”, comenta.
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Caso fortuito o fuerza mayor
Según los analistas, la guerra en Ucrania y las sanciones aplicadas por Occidente a Rusia representan, desde el punto de vista legal, un caso fortuito o de fuerza mayor, capaz de justificar la revisión o incluso la ruptura de varios contratos locales o internacionales.
João Pedro Brígido, socio de resolución de conflictos en Advogados BBL, explica que "el impacto directo en los acuerdos respaldados por el precio del rublo o el barril de petróleo es un ejemplo de esto. La liberación de futbolistas extranjeros que trabajan para clubes en los países involucrados en el conflicto, hecha por FIFA, también. Sin embargo, es importante señalar que las partes involucradas deben actuar siempre de buena fe y con el objetivo de continuar racionalmente el ajuste, sin aprovechar la situación para simplemente abandonar lo acordado”.
Al respecto, José Nantala Badue Freire, especialista en derecho internacional de Peixoto & Cury Abogados, comenta que “los problemas de suministro traen como consecuencia incumplimientos contractuales que pueden generar controversias en arbitraje”.
Para los expertos, todos estos factores inciden en el aspecto psicológico, además de la incertidumbre y el riesgo.
“No creemos que ahora sea el momento de tomar decisiones abruptas. No somos pesimistas, pero tampoco somos optimistas. Todos están preocupados, siguiendo un escenario que ya era desafiante para Brasil por elecciones y presión inflacionaria, alto desempleo, bajo crecimiento. Cuando traes este componente, que traerá más presión, termina impactando en el negocio. Y luego la parte transaccional de la firma, que está más expuesta. Las prácticas de litigios, tributaria, laboral, regulatoria, que son más del día a día, no se ven tan impactadas o su impacto es mínimo. Pero los de transacciones, M&A, capital privado, mercado de capitales sentimos que sería ingenuo o irresponsable pensar que el contexto no interfiere”, dice Fernando Meira.
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