¿Las elecciones en Venezuela abren un nuevo capítulo para el país?

Según los primeros resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela —desconocidos por la oposición y puestos en duda por varios gobiernos—, Nicolás Maduro habría sido reelecto por otros seis años, con un 51 % de los votos. Al margen de que esta nueva etapa de gobierno carezca de legitimidad, ¿se abre un nuevo capítulo para el país?

Tras ocho años de recesión, lograr el impulso necesario para reconstruir el andamiaje productivo del país requerirá, al menos, dos décadas para retomar a los niveles productivos de 2013, de acuerdo con las proyecciones de los expertos consultados.

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La primera labor que debería enfrentar el Ejecutivo Nacional sería diseñar un plan creíble y ejecutable de recuperación, lo suficientemente sólido como para atraer la ingente inversión extranjera, que será preciso inyectar a la economía.

“En 2025, según el gobierno que tengamos, podríamos ver un crecimiento bajo o de dos dígitos. Es en pocas palabras los dos caminos que tenemos”, afirma el economista Asdrúbal Oliveros, socio director de la consultora Ecoanalítica, una de las voces más respetadas del acontecer económico venezolano.

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Sanciones sin sentido

Cual tierra arrasada por un huracán de la máxima categoría, en la economía venezolana la reconstrucción debe ser, básicamente, total. Luego de haber perdido cerca de 80 % del peso que tenía 11 años atrás, contar con menos de 30 % de su capacidad para producir petróleo, acumular una milmillonaria deuda en default y ser considerado uno de los países más riesgosos para invertir en el planeta, entre otros aspectos negativos, todo ello se adereza con más de 900 sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.

Es por ello que la mayoría de los analistas coinciden en apuntar que entre las prioridades del próximo gobierno debe estar el levantamiento definitivo de las sanciones, principalmente porque traban el manejo del recurso petrolero, la principal fuente generadora de divisas del país.

“No solo no se puede vender el crudo, sino que dificulta todo lo que está alrededor del sector”, dice Oliveros.

Aplicadas desde 2017, las sanciones contra organismos, instituciones, empresas y una larga lista de individualidades ligadas al gobierno fueron una medida de presión para forzar al Ejecutivo a negociar con la oposición una salida a la crisis política del país. Pero las sanciones nunca lograron su objetivo.

“Se tomaron para generar un cambio político, en un momento determinado, y no se dio. Con una victoria sólida y reconocida, no habría razón para que se mantuvieran esas sanciones”, comentó Luis Oliveros, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana.

Conocidos ya los resultados electorales, es ahora necesario esperar por los resultados de la contienda en Estados Unidos, pues, como apuntan todos los analistas, será muy distinta una negociación con un gobierno demócrata liderado por Kamala Harris, de resultar electa, que hacerlo con el repitiente republicano Donald Trump.

Para entender la importancia del reconocimiento de resultados electorales y de gobierno, José Guerra, exdirector del Banco Central de Venezuela (BCV), trae a colación este detalle: en septiembre de 2021, el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó a Venezuela 5.100 millones de dólares por derechos especiales de giro, monto que no ha podido ser ejecutado pues el FMI no reconoce la legitimidad del gobierno venezolano.

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Apostar por lo seguro

Motor de la economía venezolana desde hace casi 100 años, la abrupta caída de la producción petrolera ha sido la razón de la crisis nacional, tenida como una de las más extensas y profundas en tiempos recientes. No obstante, es preciso aclarar que, si bien las sanciones fueron un impulso, no son la causa del declive petrolero.

La caída de la industria petrolera prácticamente comenzó con el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia en 1999, año en el que la producción rondaba los 3,2 millones de barriles diarios. Pero la desinversión, la reestatización de la industria, en 2010, y la crisis pandémica hicieron retroceder la extracción hasta 527.000 b/d en 2020, la cifra más baja en más de cuatro décadas.

Ahora bien, aunque Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, elevar la producción a los niveles de principios de siglo, desde los 950.000 que se extraen hoy, es una tarea casi titánica que demanda la intervención de las transnacionales del petróleo, únicas con músculo financiero para inyectar los 250.000 millones de dólares que se necesitan para alcanzar los 3,2 millones de barriles al día, de acuerdo con informes de la propia Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

“Pero es muy difícil que las trasnacionales quieran venir a Venezuela a poner esas cantidades de dinero si no hay un cambio en la gobernanza del petróleo, lo que requiere cambiar la Ley de Hidrocarburos, pues las compañías se negarán a venir para seguir siendo socias minoritarias de Pdvsa”, señala el economista José Guerra, quien además es exdiputado a la Asamblea Nacional.

Igual opinión sostiene su colega Luis Oliveros, quien considera absurdo creer que las grandes trasnacionales del crudo regresen al país si no se garantiza una participación mayor al tope de 49 % que tienen como socias del Estado en las empresas mixtas, única posibilidad de entrar al negocio.

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El pesado fardo de la deuda

Otro espinoso tema que debe ser prioridad para el nuevo gobierno es el manejo de la deuda externa. Contraída en su mayoría durante el período de mayores ingresos históricos, las acreencias del país superan los 150.000 millones de dólares (el Banco Mundial la ubica en más de USD 180.000 millones). Esto, frente a los USD 100.000 millones del PIB actual, significa que Venezuela debe 1,5 dólares por cada dólar que produce, con el agravante de haber entrado en default en noviembre de 2017.

Sin recursos propios y requiriendo grandes sumas para lograr un desarrollo real y sostenido (en 2010, el economista Asdrúbal Baptista calculó que para ello se requerirían 80.000 millones cada año durante 15 años), el financiamiento externo se hace más que necesario.

“Sin acceso al financiamiento externo, no creo que haya una recuperación firme de la economía porque el petróleo no es suficiente”, comenta José Guerra.

Ello implica la necesidad del país de renegociar y reestructurar su enorme deuda como condición sine qua non para acceder a dinero fresco, algo que, además de reconocimiento del gobierno antes mencionado, pasa por:

• El establecimiento de una férrea disciplina fiscal.
• Acuñar una nueva estructura tributaria.
• Privatizar muchas empresas nacionalizadas en los últimos 20 años. 
• Estabilizar la moneda.
• Controlar la inflación.
• Revisar las políticas de subsidio.

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Dolar e inflación  

Tras haberse convertido en moneda de curso normal, el dólar ha demostrado que sigue teniendo un papel protagónico en la Venezuela de hoy, por lo que de su estabilidad dependerá que se alcance el equilibrio de las cuentas nacionales.

Luego de meses de relativa calma cambiaria, el aumento del precio del dólar tras las elecciones presidenciales es un hecho para la mayoría de los analistas, vista la imposibilidad del gobierno de seguir interviniendo el mercado a fin de evitar alzas abruptas. Sin embargo, el tema es más complejo.

“El problema estructural es la ausencia de confianza en nuestra moneda. Todos los agentes económicos saben que la protección de su patrimonio, el sistema de costos y precios, etc., se basa en el dólar. Es necesario establecer nuevas políticas fiscales y monetarias para lograr restablecer la confianza en el bolívar”, dice Asdrúbal Oliveros.

Tanto el director de Ecoanalítica como su colega de la Universidad Metropolitana prevén una devaluación o deslizamiento del tipo de cambio poselecciones, que pudiera ser controlada para evitar que impacte en la inflación.

“Es un tema complicado que seguirá caliente por los próximos meses”, refuerza Luis Oliveros.

Ligado al tema cambiario está el inflacionario. Más de cuatro años en hiperinflación han dejado una profunda huella en la economía venezolana con secuelas que siguen presentes. De hecho, el país sigue teniendo una de las inflaciones más altas del planeta (51,4 % interanual a junio), por lo que lograr que este indicador se estabilice en un dígito es otra de las tareas que deberá asumir el nuevo residente del Palacio de Miraflores.

Un aumento del consumo es una medida que mucho puede ayudar para vencer este flagelo, solo que en medio de una economía que es hoy 20 % de lo que fue una década atrás, estimular ese consumo es una tarea cuando menos complicada.

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La reforma pendiente

La opinión generalizada de los especialistas es que Venezuela requiere una profunda reforma tributaria, tema que ha sido asomado por el actual gobierno pero que no ha pasado de ser un mero anuncio.

Tema prioritario que debe ser atendido con prontitud dado que los recursos petroleros son insuficientes para hacer funcionar la economía, esta reforma debe sopesar muy bien su alcance para no afectar aún más la precaria imagen de un país donde la voracidad fiscal es la norma.

El especialista en derecho tributario Leonardo Palacios, exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, recuerda que este tema debe ser abordado con suma atención, tomando en cuenta las erráticas políticas aplicadas hasta ahora, según las cuales se busca estimular el arribo de capitales, pero en paralelo se crean nuevos impuestos que frenan cualquier intento de inversión.

En este mismo orden, Luis Oliveros recuerda que no es posible atraer inversiones con leyes que obligan a pagar entre 50 % y 60 % de los ingresos en contribuciones fiscales y parafiscales.

Convencido de la necesidad de modernizar un sistema considerado entre los más arcaicos de América Latina, Palacios cree que esta reforma debe involucrar al menos tres aspectos:

• Modificación del impuesto sobre la renta.
• Reformulación del impuesto al valor agregado.
• Eliminación de impuestos intimidatorios, como el impuesto a los grandes patrimonios y el impuesto a las grandes transacciones financieras.

El abogado afirma que esa modernización también pasa por la reestructuración del órgano administrativo (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, Seniat), ajustar los mecanismos de control de la economía informal e involucrar la tecnología como actor y parte del entramado fiscal, materia en la cual Venezuela está bastante rezagada.

“Esta es la forma de dar respuesta concreta al déficit fiscal, lo que implica un reordenamiento completo del Estado, es decir, del manejo de todas las finanzas de la administración pública, incluyendo estados y municipios y alcanzar una verdadera armonización tributaria nacional y municipal algo que no se podido conseguir con la reciente ley en esta materia”, dice Palacios.

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Misceláneos

Además de los urgentes temas antes descritos y, pese a que son muchos los aspectos que el gobierno que se instalará en enero de 2025 debe tomar en cuenta para movilizar la estancada economía venezolana, la lista de contenidos que deben ser revisados incluye:

• Laboral: revisión de la Ley Orgánica del Trabajo, a fin de restablecer las destruidas relaciones contractuales y reedificar los pasivos laborales.
• Banca: en especial lo concerniente al encaje legal y los servicios de intermediación financiera.
• Mercado de valores: apertura a nuevos formatos de financiamiento alternativo para las empresas, regreso de empresas públicas al mercado, acceso de nuevos actores.
• Seguros: diseño de una estructura menos gravosa que permita bajar costos para que el público general pueda acceder a los servicios privados de salud, ante la inoperancia del sistema público.