La invasión de Rusia a Ucrania lleva más de un mes y los efectos adversos en las economías de América Latina también se hacen sentir tras el aumento del precio del petróleo y de otros commodities. Menor nivel de consumo, aumento de la inflación y mayor presión sobre los precios al consumidor son algunas de las consecuencias del conflicto.
En 2021, Rusia destacó como el segundo productor mundial de crudo, según la Agencia Internacional de Energía (AIE, por sus siglas en inglés), y en 2020 como el país con mayores reservas de gas del mundo, además de uno de los principales proveedores del hidrocarburo, especialmente de Europa.
El conflicto ha generado incertidumbre en relación con la continuidad de la transición energética a propósito de las sanciones impuestas a Rusia. Países del viejo continente han decidido dejar la dependencia del gas ruso que usan para abastecer al sector energético, a reconsiderar el cierre de centrales que se alimentan con carbón y a acelerar los proyectos de energías renovables, así como de biogás e hidrógeno.
Pero, ¿qué tan preparada está la región para capitalizar esta oportunidad?
Consultamos a especialistas en energía, petróleo, gas y recursos naturales de firmas en Argentina y Chile, países de América Latina que muestran avances en el despliegue de proyectos de energía renovable. Argentina se ha propuesto una meta de 20 % de incidencia de las energías renovables en la matriz energética hacia 2025. En el caso de Chile, a mediados de 2021 la capacidad instalada de generación de energía renovable no convencional era de 23,9 %, por encima de la eta de 20 % establecida para 2025.
Inversión extranjera y seguridad jurídica
“Claramente, América Latina puede capitalizar esta oportunidad, pero no está lista. El contexto tiene que servir para tomar conciencia de las limitaciones y formular políticas de Estado que permitan desarrollar los recursos de manera rápida, sustentable y coordinada”, comentó Francisco Romano, socio a cargo del departamento de energía de Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Pagbam), con carrera en otros estudios legales y en empresas de los sectores de energía y gas natural.
Cree que Argentina está llamada a ser un “power house” para Latinoamérica y el mundo, pero esto requiere inversiones extranjeras y seguridad jurídica.
“El riesgo minero casi no existe en Vaca Muerta, pero continúan los riesgos ‘over the surface’ como el control de cambios y de precios. Sobre eso hay que trabajar en toda la cadena de valor, desde el pozo hasta los consumidores”, advierte.
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Relata que se trata de un recurso muy significativo, más aún en el nuevo escenario, que genera mayor demanda para el gas argentino, pero encuentra al país un poco rezagado en inversiones en upstream y midstream. “Hay que transformar el recurso en reserva, darle valor al gas natural incrementando producción e infraestructura para evitar cuellos de botella y generar proyectos de licuefacción que permitan transformarlo en un commodity exportable a países como Japón, Corea y China, además de generar proyectos de hidrógeno que sean factibles y 'bancables'", señala el abogado.
Para Romano, si ya se veía al gas natural como combustible de transición hacia los objetivos de descarbonización y cero emisiones, ahora con mayor razón, especialmente como generador de las divisas que necesita el país.
Con él coincide José Carlos Cueva, socio de Beccar Varela en el área de energía, petróleo, gas y recursos naturales, quien considera que el impulso de las energías renovables y del hidrógeno dependerán de reglas claras de juego.
“Los beneficios se verán en las decisiones políticas que se tomen finalmente para poder desarrollar nuevos mercados —ahora con la excusa de mayores precios y menor oferta consecuente de la guerra—. América Latina y, Argentina en especial, es una región con amplio potencial de desarrollo e inversión, en la medida que las reglas de juego así lo permitan”, señala.
Al respecto, Ricardo Castañeda, socio de energía de Beccar Varela desde 2021 y exdirector legal de la estatal argentina YPF, considera que las consecuencias de la guerra —aumento de precios a nivel mundial y local, escasez de oferta— deben tomarse como una señal política y económica para afrontar esta y otras potenciales contingencias y desarrollar entonces infraestructura, nuevos mercados y herramientas de promoción y regulatorias de energías alternativas. Se refiere a un desarrollo a gran escala, que incluya el sistema de transmisión de energía en alta tensión, puertos, apertura de zonas francas, vías de comunicación y demás infraestructura asociada.
“La energía de fuente renovable en todas sus tecnologías es ciertamente una industria que debe desarrollarse finalmente en Argentina y, en particular, para poder reemplazar otras fuentes de energía que se encarezcan o que disminuyan sustancialmente la oferta, como puede pasar con el GNL (Gas Natural Licuado), actualmente provisto principalmente por Qatar y Estados Unidos, país que seguramente competirá ahora con Argentina por este suministro a partir de las medidas económicas anunciadas contra Rusia”, manifiesta.
El abogado mira el hidrógeno como un producto de exportación que permitiría generar un ingreso en divisas para Argentina.
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Sobre las energías renovables, Romano comenta que Argentina hizo un desarrollo interesante con varios programas que, asegura, quedó estancado por problemas de control de cambios y falta de infraestructura de transporte adecuada.
Aunque ve una clara oportunidad en el hidrógeno, piensa que su desarrollo dependerá de la formalización de un marco regulatorio amigable y de costos razonables que permitan las inversiones y la financiación.
Romano, quien dirige las diplomaturas en Derecho de Hidrocarburos y Gestión de Hidrógeno de la Universidad Austral, estima que, desde el punto de vista de la solvencia técnica y financiera, las empresas están listas para asumir los costos de nuevas inversiones. Sin embargo, advierte que falta confianza para invertir y hacer que los proyectos sean “bancables”. “Eso pasa más que por medidas promocionales sectoriales por señales macroeconómicas de las cuales la principal es un horizonte claro de precios internos, exportaciones y de un canal cambiario que permita la libre circulación de divisas para estos proyectos", indica.
Proceso irreversible
Desde hace varios años, Chile avanza en un proceso de descarbonización de su matriz energética. Fernando Bravo, socio de Prieto Abogados, comentó que numerosos proyectos de generación renovable, particularmente fotovoltaicos y eólicos, ya en etapa de desarrollo o construcción, van a ir sustituyendo paulatinamente generación térmica por generación renovable. "La autoridad regulatoria y las empresas generadoras están conscientes en que se trata de un proceso irreversible, por lo que no se vislumbra un aumento de la generación con carbón, pero es posible que sea necesario darle mayor gradualidad al proceso en razón de las dificultades logísticas para la construcción de parques de generación, así como aumentos de costos, que derivan del conflicto bélico", agregó.
También en Chile varias empresas están desarrollando proyectos pilotos de producción de hidrógeno verde, con apoyo estatal y con el impulso de sus matrices extranjeras, para luego escalarlos a producción industrial.
Bravo considera que, efectivamente, los países de la región deberían avanzar hacia un escenario de menor dependencia de combustibles extranjeros, lo cual podría favorecer el desarrollo de energías renovables.
No duda de que el conflicto puede presentarse como una oportunidad para atraer inversiones en proyectos de energía renovable, en el contexto de las decisiones adoptadas por grupos empresariales norteamericanos y europeos de manera de disminuir la dependencia de combustibles provenientes de Rusia o que se ven afectados por la invasión.
En relación a si las empresas de la región están preparadas para afrontar los costos de nuevas inversiones en este mercado, señaló que se podrán llevar a cabo en la medida en que los mayores costos de desarrollo o construcción puedan ser transferidos a los precios de venta de la energía.
Manifestó que en esto será decisivo lo que dictaminen las regulaciones locales en materia de financiamiento. "Los inversionistas optarán por localizar sus nuevos proyectos en jurisdicciones que cuente con estabilidad en el marco regulatorio de la energía", advirtió el líder del área corporativa de Prieto Abogados, quien asiste a empresas nacionales y extranjeras de los sectores energético e industrial. También es académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Los Andes.
Legislación necesaria
Ricardo Castañeda refiere la ausencia de una legislación en el sector de energías renovables e hidrógeno verde.
“Es fundamental que el Gobierno dé señales claras y perdurables, tanto regulatorias como beneficios promocionales para inversiones extranjeras, sobre todo en el sector de energías renovables y en la industria del hidrógeno verde, que actualmente ni siquiera cuenta con una legislación de base”, agrega.
Los beneficios a los que hace referencia son estabilidad fiscal y cambiaria, beneficios impositivos y aduaneros, libre acceso al mercado libre de cambio y libre disponibilidad de divisas, entre otros, que hoy están disponibles en otras industrias.
Romano cree que el marco regulatorio sectorial es bueno y que el problema es macroeconómico y de confianza, donde las provincias y los sindicatos deben ser parte de la solución. En el caso particular del hidrógeno, considera necesario un régimen legal comprensivo. Esta industria y, particularmente la investigación, desarrollo, producción y uso del hidrógeno como combustible y vector de energía, se rige por la Ley Nacional N ° 26.123, que fue promulgada en 2006. Romano comentó que, aunque hubo varios proyectos de reforma, no fue reglamentada.
El artículo 21 de la norma establece que la vigencia del régimen es de 15 años y en 2021, ante su vencimiento, Gustavo Menna, entonces diputado nacional por la provincia del Chubut, planteó la necesidad de pensar en políticas públicas de mediano y largo plazo e introducir el hidrógeno verde e incentivos fiscales.
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Impacto para las firmas
Cueva observa que el escenario que se abre en los mercados energéticos, ya sea para reemplazar los suministros energéticos con origen en Rusia, como para evitar los mayores precios de commodities energéticos consecuentes, plantea oportunidades de trabajo para las firmas, bien por la potencial inversión en nuevos mercados o por el desarrollo de los existentes.
Piensa que en el campo de la regulación podrá haber cambios sustanciales como, por ejemplo, de continuar el aumento de los precios internacionales del petróleo, deberá ajustarse el mecanismo de precios de la cadena de producción, refinación y comercialización.
En el mes y medio de conflicto, Pagbam ha visto crecer significativamente las consultas de todo tipo en distintos segmentos, incluyendo midstream (nuevos gasoductos acabar con los cuellos de botella para la evacuación de la producción), proyectos LNG (desde la construcción de plantas de licuefacción en Argentina y Chile hasta contratos de compraventa de LNG y la financiación mediante project finance y acuerdos con agencias de crédito y aspectos regulatorios), nuevos proyectos de hidrógeno a partir del gas natural o hidrólisis y, en relación con ello, acuerdos de compraventa, almacenamiento, transporte y distribución. El estudio sigue trabajando activamente en créditos de carbono en su aspecto ambiental, contractual y regulatorio. Mientras mantiene alianzas con otros despachos legales en materia de consultoría técnica para proyectos de hidrógeno y participa en grupos locales especializados como el Instituto de Energía de la Universidad Austral e internacionales como AIEN (ex AIPN), donde es parte de la Hydrogen Taskforce, que reúne a miembros de 23 países.
Para el socio de Prieto Abogados, tomando en cuenta que las consecuencias para Chile de la invasión rusa a Ucrania se manifiestan principalmente en el aumento de los precios de los combustibles, es posible que las firmas de abogados deban enfrentar una mayor carga de trabajo en la asesoría a proyectos de energía alternativos a aquellos que utilizan combustibles fósiles, como son los fotovoltaicos, eólicos, hidroeléctricos y de hidrógeno.
Prevé que los despachos legales tendrán que preparar sus equipos de compliance para estar en condiciones de detectar riesgos y proponer medidas frente a transacciones internacionales que pudieran verse afectadas por las restricciones decretadas por la comunidad internacional contra las autoridades rusas.
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