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Protestas en México / Gabriela Pérez Montiel (Cuartoscuro)
Protestas en México / Gabriela Pérez Montiel (Cuartoscuro)

El problema con las investigaciones de feminicidios en México

La Fiscalía busca reformar el homicidio agravado de mujeres ante la dificultad de probar el delito
por Ana Karen de la Torre
publicado el07/03/2020
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En México el feminicidio está penado hasta con 70 años de prisión. Además, en el país está vigente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero las estadísticas de asesinatos de mujeres por el simple hecho de serlo siguen en aumento. Justo este escenario fue marco para que desde la Fiscalía General se propusiera una reforma al tipo penal que terminaría por eliminarlo. 

En la conferencia matutina de la Presidencia de la República, Alejandro Gertz Manero, el fiscal general detalló, a manera de respuesta para los medios de comunicación, su propuesta de eliminar el feminicidio para incluirlo como una categoría más del homicidio con ciertos agravantes.

La propuesta de la Fiscalía General fue planteada a la fracción del partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), luego de revisar que en cinco años el aumento de homicidios había sido en 35 % frente a un 137 % de feminicidios. Por esta estadística, por “lógica elemental”, el fiscal determinó que el tipo penal debía cambiar, toda vez que los elementos del delito eran complicados y podrían ser un obstáculo en la búsqueda de justicia para las víctimas. 

"Ese delito (feminicidio), manteniendo su autonomía debíamos hacerlo más sencillo para proteger a las víctimas (...) Sus elementos resultan un obstáculos para su consignación (...)  Si el Ministerio Público tiene más capacidad para poder resolver los casos de homicidio, si tenemos un grupo vulnerable, tenemos que manejarnos dentro de la capacidad que existe: hacer leyes que no entiendan los niveles de competencia en que nos encontramos”.

El discurso de Gertz Manero, basado en la protección a las víctimas, causó movilizaciones por parte de defensores de derechos humanos y colectivas feministas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue una de las autoridades que emitió pronunciamientos al respecto, calificando la propuesta como un retroceso. De acuerdo con el organismo, la propuesta invisibiliza el componente de odio contra las mujeres, esencial para distinguir la conducta motivo de los asesinatos y tendente a perpetuar los patrones culturales de subordinación, inferioridad y opresión de las mujeres. 

Sayuri Herrera Román, abogada en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), activista feminista detrás de estrategias estudiantiles para defender derechos universitarios y defensora de mujeres víctimas de violación sexual y feminicidios, entrevistada por LexLatin, refirió que no es complicado acreditar el tipo penal de feminicidio, sino que la figura exige realizar investigaciones con debida diligencia reforzada.

"El problema está no en el tipo penal sino en quiénes lo aplican, inaplican o se resisten a aplicarlo porque no conocen o no tienen el personal suficiente para investigar con perspectiva de género o que no esté actualizado con el tema”. 

Parte de la solución para la especialista está en transparentar los presupuestos de los Estados y la Federación. Es decir, como punto de partida, la sociedad debería saber cuánto dinero se le está destinando a la investigación de los feminicidios, si los recursos materiales y humanos son suficientes para atender este problema estructural. 

Sayuri Herrera explicó que en México, como común denominador, prevalece la impunidad para todos los delitos. Pero en el caso del feminicidio u otras violencias perpetradas contra mujeres, la impunidad encuentra base en la discriminación: “los funcionarios públicos históricamente han minimizado, normalizado e invisibilizado la violencia”. 

Un segundo pilar es separar de sus cargos a ministerios públicos con quejas o denuncias ante las comisiones de derechos humanos y ante órganos internos de la propia Fiscalía. A la vez, hacer efectivas las sanciones y las investigaciones en contra de los mismos. Desde su experiencia, ha visto cómo agentes señalados por obstaculizar las investigaciones continúan participando en las diligencias de los casos por los que fueron denunciados.

Un tercer pilar es atender la problemática desde la formación de abogados: "los currículos deben actualizarse, además se debe revisar la bibliografía y se debe considerar la perspectiva de género. Allí se están formando las personas que van a ocupar cargos para el Poder Judicial, Fiscalía y Centros de Justicia para Mujeres y eventualmente serán ministerios públicos a cargo de investigaciones". 

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